Durante los últimos meses, los salvadoreños nos hemos dado cuenta que los noventa días de encierro que quebraron (literalmente) la economía del país, se utilizaron para enriquecer a los funcionarios públicos. Por supuesto, esta aseveración inmediatamente generará una larga lista de comentarios acerca de los “30 años anteriores”. Si bien durante esos 30 años yo no contaba con este espacio para expresarme, siempre en privado y en mis redes sociales critiqué el alto índice de corrupción existente en el país.
La corrupción en El Salvador tiene una triste historia en el proceso de la consolidación de nuestra democracia. Mi abuelo, que fue parte del gobierno (y el enemigo #37), de Maximiliano Hernández Martínez, daba fe de que ni el presidente, ni sus funcionarios, hubieran soñado jamás con robar de las arcas del Estado porque no habrían vivido para disfrutarlo ni contarlo. Es por eso que, lamentablemente, durante aquellas décadas de gobiernos represivos, El Salvador era un país pujante. Y no era sólo por los gobiernos, era porque los ciudadanos tampoco se prestaban a la corrupción. El robo era mal visto y la misma sociedad se encargaba de pasar la factura, por no decir que palabra que se daba era palabra que se cumplía.
Con la guerra, y el inicio del proceso democrático, comenzó la corrupción. Sin embargo, al menos todavía se mantenía una cierta semblanza de honorabilidad. El presidente José Napoleón Duarte, tras una malversación de dos millones de dólares en el caso de CONARA (Comisión Nacional para la Restauración de Áreas), se vio obligado a entregar lo que se conoció cómo el “cheque de la vergüenza”. Hablar de dos millones de dólares en el 2020 es casi como hablar de un niño robando chicles en una tienda, pero la cosa no quedó allí. El director de CONARA, que era hijo de un socio de Duarte, también se vio obligado a dimitir de su cargo. El principio de la corrupción es promover, poner y mantener a funcionarios manchados en sus puestos. Lo que es difícil de entender es que hay cargos directos (la Asamblea, que la elige el ciudadano) y los indirectos (los Ministros). Los directos, usted los ciudadanos los sacan cuando votan. Los indirectos, deberían, por ética, hacer lo correcto cuando pierden credibilidad.
Durante los últimos 30 años, además, la corrupción en el país pasó de ser elegante a ser burda. Y los ciudadanos la hemos aceptado como tal y nos hemos vuelto parte de la misma. En treinta años han sido contadas las voces que se han levantado contra la corrupción. Y aún hoy, con una corrupción que supera las corrupciones pasadas y futuras porque ya no tendremos dinero para ser corruptos, constantemente escucho lo siguiente: “es que si hablo, puede ser que no consiga un contrato de gobierno”,“ Es que si hablo, me puede pasar algo”, “Es que yo tengo clientes de ese partido”, “Es que hay que ver cómo evolucionan las cosas”. En otras palabras, criticamos, maldecimos, pero somos cómplices. Los insultos en las redes sociales (ahora desafortunadamente de ambos lados) y los memes poco hacen para parar un espiral de corrupción que va a impedir que el país salga avante.
Ante la hecatombe económica y social que se nos avecina, no es tiempo para que el Ejecutivo no se reúna con la Asamblea o el Fiscal tome cartas en temas de corrupción que tienen diez años de existencia en lugar de los actuales (lo que no quiere decir que no deben ser juzgados). El gobierno central nos debe a nosotros como salvadoreños, miles de cheques de la vergüenza, y el emitirlos puede que le devuelva credibilidad a la frase que “el pisto abunda dónde nadie roba”. Pero es responsabilidad nuestra cómo Sociedad Civil exigir con seriedad, no con ofensas, memes y acusaciones, que esta historia de corrupción termine haciendo presión para que se haga justicia.
¿Imposible? No, no es imposible. Pero sí se necesita voluntad política, responsabilidad cívica y una buena dosis de vergüenza de parte de la clase política. Y se necesita una sociedad civil unida, independientemente de su color partidario, que busque justicia para ellos mismos y para El Salvador en este momento en que o nos unimos o nos condenamos todos al hambre y la violencia. El futuro de El Salvador depende la probidad de sus gobernantes y de la acción de sus ciudadanos como garantes.
Educadora, especialista en Mercadeo con Estudios de Políticas Públicas.