El 17 de abril de 2020, la Defensoría del Consumidor emitió el Acuerdo número 37 mediante el cual fijó los precios máximos de productos considerados esenciales, como frijoles, arroz, maíz, leche en polvo y huevos. Se lo mandaba el literal d) del art. 2 del Decreto Legislativo 593, con el cual se declaró el estado de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19.
A pesar de esa fijación, el 28 de abril, la ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete, conocida también por María Chichilco, firmó el contrato No. FISDL/P/013/2020, “Adquisición de productos alimenticios para el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador”, por la suma de $973,199.60.
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El contrato para suministrar los alimentos se lo dieron a la empresa Distribuidora de Alimentos Básicos, S.A. de C.V., (Disali), la cual está cautelada (bajo administración), por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) vinculada a un proceso de extinción de dominio, indica el contrato de compra.
La Defensoría del Consumidor y la misma Presidencia de la República, en su cuenta en Twitter, hicieron público la fijación de precios para evitar especulación en la distribución y comercialización de los alimentos básicos.
Disali dice que no hubo sobreprecio
Este jueves, Edwin Tejada, quien dijo ser gerente de contabilidad de Disali, negó que hubiesen vendido con precios por encima de los fijados por ley los alimentos básicos al ministerio de Desarrollo Local.
Según Tejada, algunos productos, incluso, se le vendieron a ese ministerio por menos del precio fijado por la Defensoría del Consumidor. Es lo que dice. Sin embargo, en un recuadro enviado por él mismo, demuestra que no es así, al compararlo con los precios a mayoristas, fijados según el Acuerdo 37.
El Contrato firmado por el ministerio de Desarrollo Local y el representante de Disali estipula los precios a pagar por cada quintal (ver documento arriba en la siguiente página) y las presentaciones en que la contratista debía suministrar el producto.
Además, el Acuerdo 37, indica que los precios publicados eran con el impuesto de IVA incluido.
Los sobreprecios
Sin embargo, de acuerdo al contrato No. FISDL/P/013/2020, el Estado salvadoreño pagó dos dólares más por cada quintal de maíz blanco. Pagó a 20 dólares el quintal. Como la cantidad que adquirió fue de 9,234 quintales, el sobreprecio pagado fue de $18,468.
Por cada quintal de arroz, el ministerio de Desarrollo Local pagó 50 dólares, es decir, ocho dólares más que el precio estipulado por la Defensoría del Consumidor, y como fueron 6,925 quintales los comprados, la empresa Disali recibió $55,400 por la venta de arroz.
Pero fue en la venta de frijol rojo donde estuvo el mayor monto pagado. A la fecha del contrato, la Defensoría del Consumidor había establecido $63.00 como precio máximo por quintal de ese frijol.
Sin embargo, el ministerio dirigido por María Chichilco pagó 37 dólares más por cada quintal de los 2,038 comprados según el contrato. Es decir, que la suma pagada demás por este ministerio fue de $85,396.
El Acuerdo 37 de la Defensoría del Consumidor no menciona regulación alguna para la azúcar, sin embargo, semanas antes de que fuera decretado el estado de emergencia, esa misma entidad había publicado los precios de ese alimento.
A nivel nacional, el saco de bolsas de un kilogramo, tenía un precio de $46.80, aunque en oriente y occidente costaba menos. Sin embargo, el Ministerio dirigido por Chichilco pagó $56.00 por cada saco de azúcar.
Es decir, que el Estado pagó casi 10 dólares más por cada saco de azúcar. El contrato establecía la compra de 1,847 sacos, por lo cual, en total, como sobreprecio, se pagó $16,992.40.
En suma, en la compra de esos cuatro alimentos (maíz, arroz, frijol y azúcar), el ministerio de Desarrollo Local pagó 176,246.40 dólares.
Más productos
Además de los cuatro productos mencionados, Desarrollo Local compró bajo ese mismo contrato, 46,168 botellas de 750 ml. de aceite comestible; 462 quintales de sal yodada y 92,336 paquetes de pastas o espagueti en presentación de 200 gramos cada paquete.
Por cada botella de aceite pagó $1.50; el quintal de sal yodada lo canceló a 14 dólares, y cada paquete de espagueti lo compró a 35 centavos de dólar, según estipula el contrato.
Silencio de la ministra
El miércoles anterior, El Diario de Hoy intentó, por diversos medios, contactar a la ministra de Desarrollo Local para que explicara porqué se había pagado, cuando menos, 176 mil dólares en sobreprecios al comprar alimentos cuyos precios estaban fijados por la Defensoría del Consumidor, en el marco de la emergencia por COVID-19.
Otra de las consulta ha hacer a la funcionaria era cuál fue el destino de todos esos alimentos, es decir, si fueron repartidos a empleados del ministerio a su cargo o fueron agregados a los paquetes alimentarios distribuidos por el Gobierno a familias salvadoreñas.
Sin embargo, la ministra Navarrete no respondió las llamadas a su teléfono celular, ni los mensajes que se le enviaron por medio de sus redes sociales.
En este caso, de acuerdo con abogados consultados, al firmar un contrato con tales precios por encima de los estipulados por la Defensoría queda claro que hay una maliciosa administración de los fondos asignados al ministerio de Desarrollo Local, afirman.
Además de los precios de más que Desarrollo Local pagó por los alimentos, existe otro punto importante que tanto la Corte de Cuentas de la República como la Fiscalía deberían investigar, cual es que la empresa Disali está bajo la administración total de un ente estatal, como el Consejo Nacional de Administración de Bienes, afirman los abogados consultados.
Por estar bajo cautela del CONAB, el contrato fue firmado por Juan Carlos Acevedo Cuéllar, actuando como apoderado delegado con facultades administrativas especiales de la empresa Disali.
Disali es una de las empresas que desde el 2017 son objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la República, bajo el proceso 08 UFEED-2017.
En el mismo proceso de extinción de dominio están las sociedades Gumarsal, S.A. de C.V., Salim, S.A. de C.V., Empasa, S.A. de C.V., Proag, S.A. de C.V., Indumasa, S.A. de C.V., Molinos San Juan, S.A. de C.V., Gradeca, S.A. de C.V., Arrocera San Pablo, S.A. de C.V., Transporte Dany, S.A. de C.V., Logistic Service, S.A. de C.V., y Empleo Seguro, S.A. de C.V.
Todas esas sociedades están vinculadas a Adán Salazar Umaña, conocido como Chepe Diablo, quien está pendiente de enfrentar la vista pública por el delito de lavado de dinero, junto a cuatro personas más, entre estas el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, quien es prófugo.
De acuerdo con el proceso judicial, Salazar Umaña y los demás imputados, a través de sus empresas tuvieron un crecimiento económico de 508 millones de dólares, entre los años 2003 y 2015, que no declararon al Estado.
Al no reportar ese crecimiento económico, según la investigación, le ocasionaron un perjuicio económico al Estado por 138 millones de dólares.
A Salazar Umaña, las autoridades de Estados Unidos lo han señalado de ser un capo de la droga, sin embargo, al menos en El Salvador, nunca ha sido acusado por cargos de narcotráfico.
CONAB no tiene nada que ver en venta con sobreprecios
Douglas Castellanos, director ejecutivo del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) negó que esa institución tenga relación directa con el contrato de compra que el Ministerio de Desarrollo Local hizo con la empresa Distribuidora Salvadoreña de Alimentos (DISALI).
El funcionario afirmó que Disali forma parte de grupo Global Alimentos del cual también es parte Gumarsal. “Ellos (Disali), igual como las otras empresas que nosotros administramos, hemos nombrado un administrador”, añadió.
Según Castellanos, el CONAB actúa de acuerdo con el art. 74 de la Ley Especial de Extinción de Dominio, que les ordena que las empresas que les son entregadas, sigan con su giro respectivo, y que en esa línea, Disali puede participar en licitaciones, concursos públicos de suministros.
“A nosotros, como CONAB, lo que nos compete es cumplir con ese mandato legal en el caso de las empresas, que ellos sigan con su actividad normal, a lo que se dedican. Una empresa tan grande como Gumarsal, como Disali, ellos siguen trabajando con sus actividades normales”, explicó.
“Al final, las personas que van a contratar deciden qué es lo que más les convenga. Nosotros no establecemos el precio. Depende del mercado”, respondió Castellanos al preguntarle por qué esa empresa vendió con sobreprecio alimentos al ministerio mencionado.
“No quiero que se entienda que el CONAB es el que ha contratado con el ministerio de Desarrollo. Para efectos operativos, ese contrato debió ser firmado por el gerente o quien sea de la empresa Disali… ha sido la empresa que está bajo administración nuestra”, aseguró el director ejecutivo del CONAB.
El contrato fue firmado por Juan Carlos Acevedo Cuéllar, empleado de Disali, quien según Castellanos, tiene esa facultad para efectos operativos comerciales de la empresa.