El presidente Bukele o sus funcionarios no pueden, por sí y ante sí, vía decretos ejecutivos, limitar los derechos constitucionales de los salvadoreños ni decidir sobre las fases de la reapertura económica. Para cualquier efecto en ese sentido, necesitan de la aprobación de la Asamblea Legislativa y sujetarse a la Constitución.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dejó sentado lo anterior este viernes al declarar inconstitucional el Decreto Ejecutivo 32, que dispone sobre las fases de reapertura económica. Lo invalida precisamente porque incurre en la suspensión y limitación de derechos fundamentales de los salvadoreños, sin aval de la Asamblea como manda la Carta Magna.
Sin embargo, el decreto no quedaría sin vigencia de inmediato, sino hasta después del 23 de agosto, es decir, aún se mantienen las disposiciones de suspensión del transporte público y reactivación parcial de negocios.
El Decreto Ejecutivo 32 contiene los llamados “Protocolos sanitarios para garantizar los derechos a la salud y a la vida de las personas, en el proceso de reactivación gradual de la economía, durante la pandemia por COVID- 19, aplicables en las zonas occidental, central y oriental de la República de El Salvador”. Estas disposiciones limitan los movimientos y actividades de personas, empresas y otros sectores, además de que no tienen el respaldo de una aprobación de la Asamblea Legislativa.
Conoce cuáles son las medidas sanitarias para la reactivación del transporte público
Al fijarles fecha, la Sala en la práctica le da tiempo a la Presidencia y a la Asamblea para que preparen un nuevo plan de reapertura “de manera técnica y concertada”.
Sin embargo, ni el gobierno Bukele ni la Asamblea pueden retomar las disposiciones que han sido invalidadas, con el propósito de volver a plasmarlas en otras leyes o decretos, dice la sentencia. Y si lo hacen, como ya ha ocurrido en otros casos, no tendrán validez.
El Tribunal Constitucional le recuerda al gobierno de Bukele, específicamente al Ministerio de Salud, que está facultado para emitir protocolos sanitarios. Sin embargo, enfatiza en que estos deben ser “auténticos” y pueden declarar medidas incluso extraordinarias -obligatorias para las personas y empresas en los centros de salud, lugares de trabajo, negocios, centros educativos y recreativos, hogares, medios de transporte, etc., para prevenir el peligro, combatir el daño y evitar la propagación del COVID-19-, pero que “no supongan una limitación o suspensión, de hecho, de los derechos fundamentales de las personas”.
En este sentido, la Sala le hace un llamado a la Asamblea y a la Presidencia de la República para que “puedan gestionar la problemática generada por dicha pandemia, de una forma integral, para tratar de obtener el mayor bienestar –en todo sentido– de los habitantes de la República”.
Pero también el Tribunal también llama al presidente a hacer un “uso responsable” de su capacidad de vetar u oponerse a leyes emitidas por la Asamblea.
En este sentido, la Sala insta a ambos órganos a estar atentos a la evolución de la pandemia en la sociedad salvadoreña, esto es, a los problemas sociales, sanitarios, políticos, laborales, económicos, sociales, etc.
¿Qué pasará?
Las restricciones sobre el transporte público, restaurantes y otros negocios se mantendrán a menos que la Asamblea y el Ejecutivo dispongan en conjunto nuevos planes de reactivación o la misma Sala resuelva un proceso que Bukele promovió contra un decreto de la Asamblea que también posibilita la reapertura económica.
Si esto no ocurre, no habrá ninguna ley que conduzca la reactivación económica del país de manera progresiva.
Por su parte y anticipando que irá más allá, Bukele reaccionó de manera airada por Twitter contra la Sala, diciendo que “nos obligan a reabrir todo de golpe el 23 de agosto, sin protocolos…”.
El gobernante citó que otros países han ordenado reaperturas graduales. Sin embargo, El Salvador no ha pasado de la primera fase, pues la segunda se ha ido posponiendo.
La abogada Ruth López, quien ha cuestionado estos decretos e incluso ha recurrido a la Sala de lo Constitucional, explicó anoche a Canal 33 que queda claro que un funcionario no puede autorizar un acto que la Constitución no le permite prohibir y lo que ha ocurrido es el retraso de la reapertura económica, lo cual impide que más sectores económicos puedan operar.
Por ello, la Sala da lugar para que la Asamblea y el Ejecutivo lleguen a un acuerdo para establecer la regulación correspondiente.
La abogada consideró importante que la Sala llame al presidente Bukele a tener “moderación” con los vetos hacia las leyes que emite la Asamblea Legislativa, porque los vetos del presidente eso también está retrasando soluciones.
“El Presidente tiene que actuar con madurez y no de manera irracional o histérica. El país necesita un estadista y no es lo que hemos estado viendo”, reflexionó.