El expresidente prófugo Mauricio Funes siempre aseguró que su gobierno en ningún momento negoció con las pandillas y que solo había facilitado el proceso para que estos grupos criminales acordaran un pacto de no agresión para reducir los altos índices de homicidios.
Esa postura de Funes fue secundada por su exministro de Defensa y de Seguridad Pública, David Munguía Payés, quien ocho años después de la polémica tregua entre pandillas, enfrenta un proceso judicial por tres delitos derivados de lo que llamó “proceso de pacificación”.
Ayer, Munguía Payés se enfrentó a su primer audiencia en el Juzgado Antimafia de Instrucción A que decidirá este día si lo mantiene en prisión por seis meses más o lo procesa en libertad con el cumplimiento de medidas, mientras se depura la etapa de instrucción y se llega a la audiencia preliminar.
“Se logra establecer que ciertamente David Victoriano Munguía Payés y Carlos Mauricio Funes Cartagena, han llegado a adecuar sus conductas, en algunos casos por acción y en algunos otros casos por omisión, en conductas reñidas con la legislación penitenciaria”, señala el requerimiento fiscal.
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Agrega que ellos permitieron que “los centros penales o de reclusión llegaran a convertirse en meros centros de alojamiento de privados de libertad, en los cuales los internos eran los que en definitiva controlaban o daban las directrices de qué objetos se podía ingresar a dichos centros penitenciarios y hacia quienes iban dirigidos”.
Al igual que Munguía Payés, el prófugo Funes también es acusado de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes porque supuestamente negociaron con las pandillas para que estos grupos criminales bajaran los homicidios.
Para ello, la Fiscalía cuenta con la declaración del testigo Noé que aseguró en una entrevista con los fiscales que Raúl Mijango, exmediador de la tregua, les manifestó a los cabecillas de las pandillas que “a ellos los había mandado directamente el Presidente de la República (Mauricio Funes) y el ministro de Justicia y Seguridad Publica (que en esa fecha era el señor Munguía Payes), para que negociaran con ellos, a fin de bajar el índice de homicidios”.
Mijango les habría dicho lo anterior en la primera reunión que sostuvieron los mediadores de la tregua y los cabecillas de las pandillas en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, La Paz.
Uno de los primeros acuerdos alcanzados por las pandillas con el gobierno fue sacar a 30 cabecillas de pandillas del régimen de máxima seguridad del penal de Zacatecoluca, La Paz, y pasarlos a reclusorios menos rigurosos con el pretexto de tener facilidad para convencer a los pandilleros de la calle que no se agredieran entre ellos.
“Los traslados se dieron en cumplimiento del pacto entre el gobierno (Presidente y Ministro Seguridad), sus mediadores y los cabecillas pandilleros, hecho que de acuerdo al señor (Fabio) Colindres Abarca, estaba enterado el Presidente de la República, pues así se lo hizo saber el Ministro Munguía Payes”, consta en el requerimiento fiscal.
En un intento por aparentar de que la salida de los 30 cabecillas de pandillas se daba en el marco de la ley, les hicieron “evaluaciones psicológicas” por el grupo técnico del centro penal de Zacatecoluca, según Noé.
El testigo aseguró que todos los trasladados tenían claro que “esas evaluaciones solo eran como requisito o mero trámite pero que independientemente al resultado todos serían trasladados”.
Una de las situaciones que denota que las evaluaciones solo eran de mero trámite es que en los expedientes únicos de los internos favorecidos se encontraron irregularidades en las evaluaciones realizadas por el equipo técnico y del Consejo Criminológico del penal de Zacatecoluca.
Pero según Noé, los pandilleros, aparte de la flexibilización de los controles en los centros penitenciarios, recibieron una serie de beneficios de tipo económico, ingreso de objetos ilícitos a los penales que los cabecillas de pandilla comercializaban, tales como: teléfonos, tablets, chip para celulares, USB, manos libres, bluetooths, dinero para prestar dentro de los centros penitenciarios al 20% a los internos, entre otros.