Las declaraciones de varios pandilleros que negociaron con la Fiscalía sus condenas a cambio de declarar en contra de funcionarios y de la misma pandilla y documentos judiciales, son parte de las pruebas que tiene el ministerio público para acusar al ex ministro de Defensa y Seguridad David Victoriano Munguía Payés.
El ex funcionario fue acusado por los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, ilícitos que fueron cometidos en el marco de la llamada “tregua con pandillas”.
La acusación se realizó en un juzgado Antimafia de Instrucción A de San Salvador. El tribunal fijó la audiencia de imposición de medidas para el próximo martes a las 8 de la mañana.
El exfuncionario llegó al centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador acompañado de sus abogados y cinco policías especializados. Llevaba vestimenta formal y cumplió con los protocolos sanitarios: lavarse las manos y limpiarlas con alcohol gel.
A su llegada no dio declaraciones y después de negociar con las autoridades judiciales de no esperar en las sillas para los acusados, ingresó a un espacio frente al juzgado.
Junto a Munguía Payés ha sido acusado el expresidente Mauricio Funes, prófugo de la justicia salvadoreña por delitos de corrupción.
El Fiscal General, Raúl Melara, confirmó recientemente que tanto Funes como Munguía Payés fueron los que “lideraron y llevaron a ejecución este tema de pacto entre pandillas”, y que en el caso del exmandatario por su condición de prófugo se le acumulará el cargo.
Los fiscales afirmaron que existen declaraciones de testigos criteriados y otras pruebas para acusar a Munguía Payés y a Funes, y que anteriormente han sido usados en otros procesos judiciales para acusar a otros funcionarios relacionados a la tregua entre pandillas.
El abogado Manuel Chacón acompañó a Munguía Payés y después de conversar por varios minutos, informó que “no existen suficientes elementos” para decretar una detención administrativa, y admitió que su cliente sabía que estaba siendo investigado por la Fiscalía por el caso tregua entre pandillas.
Chacón señaló que la acusación no tiene fundamento penal, ya que las acciones de su cliente son parte de las funciones que él tenía como funcionario en realizar una estrategia política para el tema de las pandillas.
El abogado señaló que las acciones durante la tregua nunca estuvieron ocultas, ya que hasta organismos internacionales intervinieron en el tema.
Explicó que el delito de agrupaciones ilícitas no existe, ya que no existe una estructura organizada para cometer el delito. Indicó que los dos directores de Centros Penales que también fueron acusados por el mismo tema, han sido absueltos por dos jueces de Sentencia.
“La Tregua entre pandillas” fue ejecutada durante el mandato presidencial de Mauricio Funes Cartagena, quien vive asilado en Nicaragua y procesado por la justicia salvadoreña por delitos de corrupción por $351 millones.
El pacto permitió una aparente baja sensible de homicidios cometidos por pandillas, aunque la cantidad de desaparecidos aumentó, según las cifras oficiales.