Contrato con empresarios israelíes sobre la Lotería Nacional debió pasar por licitación pública

El diputado Rodolfo Parker, del PDC, considera que el fiscal general debió conocerlo por liderar la entidad tutora de los bienes del Estado.

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Foto EDH / René Quintanilla

Por Eugenia Velásquez

2020-07-21 6:19:17

Ese tipo de convenio de un “activo del Estado” como es el contrato que firmó el Gobierno de El Salvador con un grupo empresarial israelí para ceder el manejo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) debió ser licitado de forma pública y haber pasado por el visto bueno de la Fiscalía, informó el diputado del PDC, Rodolfo Parker.

“Definitivamente tendría que haber habido una licitación pública previa y haber pasado por el fiscal general. No podrían haber firmado ese contrato así nada más, sin conocer el texto, pero independientemente sea contrato o acuerdo como le quieran llamar, tuvo que haber una licitación pública, porque son bienes del Estado, son activos del Estado”, apuntó Parker.

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A diputados de otras fracciones legislativas les tomó por sorpresa el tema y no quisieron opinar, porque dijeron desconocer lo que el Gobierno realmente pactó con un grupo de empresarios de origen israelí liderado por Yossi Abadi, para que ese consorcio de extranjeros administren la LNB, según se conoció por medio de la Oficina de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MASHAV).

Yossi Abadi, un empresario israelí, informó en redes sociales sobre el negocio realizado con el gobierno salvadoreño para manejar la Lotería Nacional de Beneficencia. Foto EDH / René Quintanilla

Sin embargo, para Parker está claro que el Gobierno pactó a espaldas de la Asamblea y obviando al principal tutor de los bienes del Estado, que en este caso es la Fiscalía General de la República y de paso exhortó al Ministerio Público a tomar cartas en el asunto.

“Tendría que actuar la Fiscalía como representante del Estado y si algún ciudadano acude a la Corte Suprema de Justicia”, acotó Parker.

De acuerdo al artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) el Fiscal representará al Estado en los contratos “sobre adquisición de bienes inmuebles en general y de los muebles sujetos a licitación. Asimismo, velará porque en las concesiones de cualquier clase otorgadas por el Estado, se cumpla con los requisitos, condiciones y finalidades establecidas en las mismas y ejercer al respecto las acciones correspondientes”.

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Igualmente hay regulaciones para las concesiones, las que también deben pasar por una licitación pública y ser avaladas por la Asamblea Legislativa con debida anticipación, pero en el caso del manejo de la Lotería Nacional no está claro cuál es el proceso que siguió el Gobierno, pero eso no le quita la obligación al Gobierno de cumplir con los requerimientos de ley, según se desprende del artículo 133 de la Lacap.

“La forma de seleccionar al concesionario para cualquier tipo de contrato de concesión, será la licitación pública, nacional o internacional, y se regirá por las disposiciones que regulan las licitaciones en esta ley”, reza parte del apartado en mención.

En ese artículo se detalla que la concesión podrá adoptar varias modalidades, entre ellas, la concesión con origen de iniciativa privada, natural o jurídica: “se refiere a una solicitud o postulación expresa de una persona natural o jurídica, para la ejecución de obras públicas o prestación de servicios públicos mediante un contrato de concesión”.

Cuando se trate de ese tipo, la Lacap establece que el postulante deberá hacer la presentación del proyecto de la obra o servicio público a ejecutar, ante la entidad que tiene a su cargo la vigilancia y control de la obra o del servicio público, es decir, ante la Fiscalía.