La subcomisión Política de la Asamblea Legislativa terminó este lunes de entrevistar a los candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas de la República. En total, 75 personas (20 mujeres y 55 hombres) se inscribieron al proceso, el cual inició el 26 de mayo. La gestión de los actuales funcionarios, quienes buscan reelegirse por otros tres años, terminará el próximo 27 de agosto.
La mecánica que utilizaron los legisladores es que le daban a cada participante 30 minutos para que expusieran las razones por las que consideran que pueden ocupar el cargo. Luego resumieron los planes que desarrollarían si llegaban a ser electos y respondieron cuestionamientos de los parlamentarios.
Tras haber finalizado las entrevistas, los diputados de la subcomisión deberán hacer un informe sobre los perfiles de los aspirantes para presentarlo a la comisión Política, que decidirá quiénes ocuparán los cargos.
En reiteradas ocasiones, representantes de organizaciones de sociedad civil que trabajan por el tema de la transparencia advirtieron deficiencias en el proceso de entrevistas que inició esta semana la Asamblea Legislativa para elegir magistrados del ente contralor.
La mayoría de los entrevistados aseguró que trabajará por devolverle la credibilidad a la institución, modernizarla y promover la transparencia.
Días atrás, Carlos Palomo, presidente de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos abiertos (Tracoda) manifestó que el proceso de entrevistas no era satisfactorio ni acorde a lo que en realidad se requería para elegir magistrados idóneos. Él señaló que las preguntas que los diputados hacían a los candidatos eran superficiales y no permitían conocer en profundidad ni la visión ni la capacidad técnica de los entrevistados.
Palomo también cuestionó que el instrumento de evaluación que los diputados han generado no tiene utilidad porque no tomaba en cuenta aspectos como la pertinencia de la formación académica o la experiencia laboral.
“Por lo rápido que van, y por lo simple de los cuestionamientos, parece que ya tienen arreglada la elección”, apuntó Palomo.
Palomo fue secundado por Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, quien advirtió que no había una definición sobre el funcionario a elegir ni un instrumento de ponderación que permita comparar a los candidatos.
“Esto nos lleva a que ya se está configurando un proceso donde la decisión política sobre quienes van a ser electos no parten de elementos objetivos, de que son personas idóneas, probas para ocupar el cargo”, apuntó Escobar.
Sobre los 30 minutos que dura cada intervención de los candidatos, el jurista opinó que es muy poco para indagar en las cualidades, el nivel de probidad y otros aspectos que no se reflejan en las hojas de vida.
Para Wilson Sandoval, coordinador de la Oficina de Asesoría Legal y Anti Corrupción (ALAC) de Funde, se espera que quienes sean electos tengan los méritos, las competencias técnicas y la ética para llevar a cabo sus funciones, pues serán parte de una institución que es parte del sistema nacional de rendición de cuentas.