“No hacemos pruebas. El Ministerio de Salud decide cuándo y dónde hará las pruebas, ya tienen un número diario establecido”. Esta frase es cada vez más común escucharla en las clínicas comunitarias y hospitales públicos de la red nacional.
Y es que no son los doctores quienes deciden el día, la hora y la circunstancia en la que un paciente necesita de una prueba PCR. Es el Ministerio de Salud, a través de Casa Presidencial, que autoriza la prueba.
Pero si hay algo que no le ha faltado a esta administración son precisamente pruebas disponibles para detectar la COVID-19. Entre febrero y mayo de este año, el Gobierno recibió, en concepto de donativo, 566,660 pruebas para detectar el virus, entre pruebas PCR y pruebas rápidas. Pero de estas solo ha usado el 35 % hasta el 15 de julio, es decir 199,189.
“Ha habido bastantes donativos de pruebas, pero estas generan varias dudas. La primera es cuántas pruebas les han donado realmente y cuántas han comprado porque siempre están diciendo ‘no tenemos. No hay’”, dice el epidemiólogo José Adán Montes.
La falta de pruebas en las unidades de salud y hospitales es el resultado de una “mala planificación” a criterio de Montes. Primero, porque si Salud cuenta con más de medio millón de pruebas donadas, no hay razón para negar las pruebas a los pacientes con síntomas relacionados al virus y al personal médico de Salud que vive solicitándolas.
De igual forma, ve contraproducente el hecho de no tomar en cuenta el número de pruebas disponibles para combatir el problema.
Pese a que el Gobierno cuenta con un importante número de pruebas disponibles, las dudas en torno al número diario de pruebas que realiza sigue siendo un tema poco transparente.
Las cifras oficiales muestran un promedio diario de 2,400 pruebas hechas. Este número resulta incierto para el investigador y académico Óscar Picardo quien duda de si Salud tiene o no la capacidad de procesar las pruebas diarias. “Eso requiere trabajar más de 12 horas y tener no menos de cinco laboratorios”.
De no contar El Salvador con la capacidad para procesar dichas pruebas, se corre el riesgo de perder la muestra “y eso sí sería algo grave”, agrega Montes. “Si después de 48 horas esas muestras no están bien guardadas, prácticamente congeladas, se van a perder”.
Pese a que el Gobierno tiene todavía más de la mitad de las pruebas donadas disponibles, el pasado 10 de julio anunciaron una compra millonaria de pruebas.
Una compra sin rastro
“Siempre serán insuficientes, lo son en todos los países del mundo”. Así justificó el presidente Nayib Bukele la supuesta compra de $31 millones en pruebas PCR para detectar la COVID-19 en El Salvador.
La compra anunciada con bombo y platillo en las principales cuentas del Gobierno no aparece en los registros de compras públicas del Ministerio de Hacienda. De hecho, solo hay tres compras hechas por el Ministerio de Salud relacionadas a pruebas para detectar el virus. Estas suman $3.5 millones y fueron hechas en abril de este año.
El 8 de abril, el Gobierno compró 520 cajas de transporte universal para el virus. La compra fue por un monto de $34,512.40.
Otra compra de 110,016 pruebas de emergencia para COVID-19 fue hecha a la empresa Scientific Instruments S.A. de C.V. Este tipo de prueba solo detecta ácidos nucleicos del virus SARS-CoV-2, por ello el tiempo de respuesta es rápido. El precio pagado fue de $2,921,600.
La última compra relacionada a las pruebas fue hecha el 14 de abril por un monto de $620,984. El Gobierno adquirió 96 set de extracción de ADN para procesar pruebas COVID-19. Luego de estas compras, que suman $3,577,097.1, no hay rastro de otras que sumen $31 millones como el Gobierno publicó el pasado 10 de julio.
Pese a que, en dos ocasiones, El Diario de Hoy solicitó los documentos de la compra de las pruebas, el encargado de comunicaciones del Ministerio de Salud ignoró las solicitudes.
Leer además: Salud aplicará nueva prueba para identificar el COVID-19 con resultados en una hora
Dos diputados de la Comisión de Hacienda dijeron a este medio que, hasta la fecha, no han recibido ningún informe sobre compras de pruebas. Tampoco dictámenes para transferencia de fondos para comprar pruebas por $31 millones.
“Hay una gran falta de información sobre lo que han comprado y lo que se ha recibido. Y ese es un dato importante”, señala Montes.
A finales de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto que anuló temporalmente la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap). Esto permitió al Gobierno realizar compras de urgencia de manera directa en el contexto de la pandemia.