Largamente esperado en El Salvador y España, el juicio al excoronel Inocente Montano por la matanza de seis jesuitas y dos colaboradoras en San Salvador en 1989 quedó visto para sentencia este miércoles en un tribunal madrileño.
“Se da por culminado el juicio y se declara visto para sentencia”, indicó el juez José Antonio Mora de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, a las afueras de Madrid, cerrando así la última sesión de este proceso iniciado a principios de junio.
La sentencia contra Montano, quien llegó extraditado a finales de 2017 desde Estados Unidos donde residía, puede tardar semanas en emitirse.
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Montano, que compareció en el juicio sentado en silla de ruedas y con mascarilla, un requisito por la pandemia del coronavirus, insistió este miércoles en sus palabras finales en desvincularse de los hechos.
“Juro al tribunal, ante ustedes y mi Dios que no estoy mintiendo: en ningún momento participé en una reunión en la cual se diera la orden de matar a los curas”, afirmó Montano con voz cansada, ofreciendo su “sincero pésame” a los familiares de las víctimas.
Su defensa alega que los hechos prescribieron, según las leyes salvadoreñas, pero la fiscalía defiende que según la justicia española el procedimiento no prescribió, porque la investigación se inició dentro de los 20 años de plazo en 2009, gracias al principio de justicia universal.
La Fiscalía pide 150 años de cárcel para Montano por haber participado “en la decisión, diseño o ejecución del asesinato” como parte de “una estructura paralela, al margen de la legalidad, que alteró gravemente la paz pública, provocando un estado de terror en la población”.
En su alegato final el martes, la fiscalía afirmó que quedó “claramente acreditada” la participación de Montano en dicha estructura.
Viceministro de Seguridad Pública en el momento de los hechos, Inocente Montano, hoy de 76 años, está acusado de haber sido uno de los altos dirigentes de la Fuerza Armada que ordenaron la masacre en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA).
En el marco de la guerra en el país centroamericano (1980-1992) y en medio de una ofensiva guerrillera sobre la capital San Salvador, el 16 de noviembre de 1989, efectivos del ahora desarticulado batallón Atlacatl asesinaron a los religiosos y sus colaboradoras.
Las víctimas fueron el hispanosalvadoreño Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el salvadoreño Joaquín López, y sus colaboradoras Elba Ramos y su hija Celina.
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El abogado Manuel Ollé, representante en el juicio de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, aseveró este miércoles que este proceso juzga “a un enemigo de la humanidad” y no a “un delincuente común”.
Dirigiéndose a los jueces, afirmó que su sentencia será “muy importante después de 30 años de sufrimiento”, porque puede servir de “reconocimiento para las víctimas, para los padres, para Elba y Celina, pero también para el pueblo salvadoreño”, además de ser “un ejemplo de justicia para toda la comunidad internacional”.
En El Salvador solo fueron juzgados los militares acusados de ser los autores materiales del crimen y recobraron la libertad gracias a una ley de amnistía de 1993.
Uno de ellos, el ex teniente Yushy René Mendoza, declaró como testigo en el juicio vía telemática desde Chile, señalando a Montano como parte de la cúpula que ordenó la masacre. Este exoficial, que en 1991 fue condenado específicamente por el asesinato de la niña Celina Ramos en la masacre, fue sobreseído en esta causa en España.
En abril de 2018 un juzgado de San Salvador ordenó la reapertura de un proceso penal para investigar a los autores intelectuales de la masacre.
En en una entrevista con la radio YSUCA, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el jesuita José María Tojeira, consideró que el proceso contra Montano “es un estímulo para lograr justicia, hay que aplaudir que se vio todo el proceso es decir hubo transparencia”.
Tojeira, quien era el provincial o superior de la Compañía de Jesús cuando sucedieron los hechos, explicó que el juicio en España fue limitado, pues sólo se ventiló por los cinco sacerdotes de origen español que fueron asesinados, no por el salvadoreño y las dos colaboradoras que también fueron masacrados.
Sin embargo, los jesuitas esperan que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de El Salvador se pronuncien pronto para proseguir con el caso en este país.
“Cuando hay un crimen hay que buscar todas las posibilidades”, dice Tojeira, reiterando que los responsables de los hechos fueron los del Alto Mando de la Fuerza Armada.
A su juicio, la Asamblea Legislativa debe emitir una Ley de Justicia Transicional que propicie la persecución del delito, investigación adecuada, justicia y una condena, pero razonó que “los gobiernos le temen a los militares”, por lo cual no abren los archivos castrenses, no hay investigaciones a fondo, pero “un caso como el de los jesuitas puede sentar las bases para una democracia real”.