Esta semana (11 de julio) marca el aniversario número 25 del Genocidio de Srebrenica. Después de que la protección de la ONU fue retirada del enclave en el este de Bosnia, 8,000 hombres y niños fueron masacrados. Los perpetradores trataron de esconder los cuerpos de las víctimas y durante muchos años hubo una campaña orquestada para negar los asesinatos.
Lo que ocurrió en Srebrenica es un ejemplo escabroso, pero lamentablemente no es un ejemplo aislado de desaparición forzada perpetrada con fines militares y políticos. Tales casos se han visto acrecentados en los últimos 25 años debido a las desapariciones causadas por los desastres naturales relacionados con el cambio climático y la migración irregular.
En la actualidad, hay familias en América Latina buscando conocer el paradero de sus seres queridos que fueron víctimas de desaparición forzada. El aumento del narcotráfico y el obrar de las maras ha fomentado una epidemia de desapariciones con cifras que en algunos casos superan las asociadas a los conflictos militares. Igualmente, la corriente de migrantes de América Central y Suramérica hacia América del Norte ha alimentado un lucrativo y brutal comercio, en el que grandes cantidades de migrantes caen en manos de los traficantes y luego muchos desaparecen.
Hace casi dos años me convertí en Comisionada de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP), que trabaja en el mundo para abordar la cuestión de las desapariciones forzadas y personas desaparecidas. Con ICMP he llegado a conocer de cerca la escala global de este asunto, y también las estrategias efectivas que los gobiernos y otros actores pueden implementar para abordarlo. Las iniciativas que han funcionado en un país pueden funcionar en otros, y cuando la cuestión es multilateral —por ejemplo, migrantes desaparecidos— un enfoque multinacional coordinado promete ser eficaz.
ICMP se estableció en 1996 para coordinar los esfuerzos de los gobiernos y las familias para dar cuenta de las 40,000 personas que se encontraban desaparecidas como resultado de los conflictos en la antigua Yugoslavia. Desde entonces, ha encabezado un esfuerzo que ha permitido informar de más del 70 por ciento de estas personas, incluyendo 7,000 de las 8,000 víctimas de Srebrenica.
ICMP tuvo éxito aplicando innovaciones en la ciencia forense —en 2000 fue pionera en el uso de la identificación humana liderada por el ADN en conjunto con tecnología de bases de datos— y combinando acciones para localizar e identificar a las personas desaparecidas con un esfuerzo paralelo para restaurar el estado de derecho. Esto no se trata de un ejercicio humanitario; se trata de un ejercicio de llevar justicia a los sobrevivientes y a la sociedad en su conjunto.
Desde 2012, ICMP ha trabajado con las autoridades en El Salvador para ayudar a dar cuenta de los niños separados de sus padres mediante adopciones ilegales. En 2015, El Salvador y Chile se convirtieron en países firmantes del Tratado de ICMP, que no implica obligaciones financieras, y abre a un diálogo mundial sobre la cuestión de las personas desaparecidas. Tengo la esperanza de que ICMP podrá ayudar a El Salvador en su establecimiento del Centro de Investigación Forense y a asistir al Instituto de Medicina Legal en sus esfuerzos por trabajar con la sociedad civil y las agencias gubernamentales pertinentes para el proceso de dar cuenta de las personas desaparecidas. Debo resaltar que no se trata simplemente de adquirir equipo sofisticado y aplicar las últimas técnicas científicas. Una estrategia efectiva en materia de personas desaparecidas requiere un marco jurídico sólido que defina claramente los roles y las funciones de todos los actores clave. Un elemento clave es una base de datos centralizada que almacene y proteja la información sobre las personas desaparecidas y permita que esta información sea compartida de manera controlada para apoyar los esfuerzos por localizar e identificar a las personas desaparecidas. Aplaudo los esfuerzos encabezados por el Fiscal General al establecer su Unidad Especializada en Personas Desaparecidas apoyando a las familias en la coordinación de las búsquedas a nivel nacional.
El sistema de dar cuenta de las personas desaparecidas, mediante la recolección de ADN de los miembros de la familia y su comparación con el ADN tomado de restos humanos no identificados, promovido por ICMP puede abordar esta cuestión de manera eficaz. Hoy en día, en El Salvador y en toda América Latina hay familias que viven con la agonía de no saber el paradero de un ser querido, aun en casos de COVID-19. Esas familias tienen derecho a la verdad, tienen derecho a la justicia y tienen derecho a una reparación. Aplicando estrategias prácticas, podemos ayudarles y podemos ayudar a toda la sociedad a hacer frente a los desafíos sociales y políticos que surgen cuando desaparece un gran número de personas.
Comisionada de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP, por sus siglas en inglés).