La Unidad de Acceso a la Información Pública de Casa Presidencial (Capres) declaró bajo reserva la información relativa al proceso de contratación de Miguel Arvelo, uno de los asesores venezolanos que laboran para el gobierno de Nayib Bukele.
Esto forma parte del proceso UAIP 122-2020, en el que se solicitó el listado de cargos, tanto de Arvelo como de la señora Sara Hanna Georges, también venezolana. Además, se solicitó el currículum y sus contratos vigentes y vencidos con la Presidencia desde junio de 2019.
En el caso de Hanna Georges, la gerencia de Recursos Humanos y la unidad de Adquisiciones y Contracaciones manifestaron que “no se ha encontrado registro de contratación”.
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“En cuanto al proceso de contratación del señor Miguel Arvelo, le manifiesto que dicho proceso se encuentra en calidad de reserva, razón por la cual la información no puede ser divulgada”, manifiesta Capres.
Héctor Silva, uno de los solicitantes de información, explicó a este medio que procedió a pedir estos datos tras la denuncia de que estos asesores venezolanos tenían incidencia en la supervisión del análisis de pruebas de COVID-19.
“Ante una responsabilidad tan grande, quisimos saber cuáles eran las cualificaciones que tienen” para incidir en cuáles pruebas se procesan, explicó.
A inicios de junio, circuló un memorando que daba cuenta de cómo estos venezolanos, “delegados de CAPRES”, incidieron en funciones del Ministerio de Salud y, específicamente, el quehacer de personal técnico del Departamento de Laboratorios de Vigilancia de Salud Pública.
“Respuesta no me sorprende”
A juicio de Silva, la respuesta no sorprende por “la falta de transparencia que ha caracterizado a este gobierno desde el 1 de junio de 2019 hasta la fecha”.
Sin embargo, considera que declarar reserva total en un escenario tan grave como es una pandemia resulta “inaceptable”.
“Me lleva a pensar que Presidencia no quiere que sepamos que le dio responsabilidad de las pruebas a dos asesores políticos, cuando debió habérsela dado a los especialistas”, critica Silva.
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En su momento, el ministro de Salud, Francisco Alabí, dijo que ellos no tenían ninguna incidencia en el manejo de la crisis o las pruebas.
Sin embargo, y con base en el memorando, el dirigente de Nuestro Tiempo señala que el aparente rol que se ha dado a Arvelo y Hanna “tiene un efecto directo en la vida y la salud de los salvadoreños”. Además, indica que esto puede marcar un precedente, pues toda persona cuyo salario resulta de fondos públicos debe rendir cuentas.
“Esta información no puede ni debe ser reservada. Este tipo de información era reservada bajo Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. Lo queremos es avanzar, no retroceder”, concluye.
Además, adelantó que presentará una apelación para poder conocer más sobre estas contrataciones.