Todo es mentira.
El Hospital El Salvador es mentira.
Fue “inaugurado” el 21 de junio, pero solo para las cámaras. No está listo. No tiene el personal calificado. No ha recibido más de una docena de pacientes. No descongestiona los hospitales saturados de casos de COVID-19.
La estadística oficial del COVID-19 es mentira.
Los laboratorios estatales no tienen capacidad de procesar las 2,500 pruebas que diariamente reporta el ministerio de Salud. Los datos de fallecidos no coinciden con la cantidad de ataúdes que salen de las morgues de los hospitales con protocolo COVID-19. El gobierno se niega a que profesionales independientes auditen la estadística oficial.
La necesidad de otra cuarentena nacional domiciliar y obligatoria es mentira.
En las audiencias que está realizando la Comisión Política de la Asamblea hay consenso de los expertos en que se necesita cuarentenas o cercos sanitarios locales o sectoriales, basados en inteligencia sanitaria confiable (que no hay, porque las estadísticas están manipuladas).
La afirmación de que el transporte público es el principal foco de contagio es mentira.
Esto depende de los protocolos que se empleen. Además, ahora el gobierno tiene circulando más de mil unidades para transportar empleados públicos, y no hay indicios de que ahí se generen los contagios.
Decir que por más empresas reinicien operaciones, más contagio habrá es mentira.
El gobierno no ha mostrado ni un solo caso de un centro de trabajo (de los que han operado durante la cuarentena o de los que han reiniciado operaciones en la primera fase de la reapertura) que haya sido foco de contagio. El mismo ministro de Trabajo, encargado de vigilar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad de las empresas, ha dicho que están cumpliendo con todas sus obligaciones. En cambio, siguen siendo focos de contagio las instituciones bajo control del gobierno: PNC, bartolinas, penales, Fuerza Armada, personal y usuarios de hospitales públicos, asilos de ancianos y niños…
La acusación del presidente (y que se ha convertido en discurso oficial de todo el gabinete) de que la Asamblea y la Sala de lo Constitucional lo han despojado de los instrumentos legales para combatir la epidemia es mentira.
El gobierno no dispone de una Ley de Emergencia, porque el presidente vetó los dos últimos intentos de la Asamblea de establecer Estado de Emergencia. Los vetó porque la Asamblea, como es su deber, incluyó cláusulas de transparencia y rendición de cuentas.
La afirmación que la Asamblea no le ha dado al gobierno “ni un centavo partido por la mitad” para hacer frente a la epidemia y los estragos de las tormentas es mentira.
La Asamblea autorizó al gobierno a endeudar al país con 3,000 millones de dólares adicionales para enfrentar las emergencias. Es tarea del gobierno, no de la Asamblea, gestionar los créditos. Y es culpa del gobierno y sus berrinches con la Asamblea y la Sala que cada día se hace más difícil y caro conseguir prestado. El clima de inestabilidad institucional e inseguridad jurídica nos sale caro.
La propaganda del gobierno que dice que mientras la gente muere en los hospitales los diputados están discutiendo si existe o no epidemia es mentira.
Ni los más tontos de los diputados niegan el hecho que estamos ante una epidemia y una emergencia. Lo que la Asamblea le niega al presidente son poderes absolutos sin rendición de cuentas y estados de excepción con suspensión de libertades constitucionales sin justificación.
Sean más desconfiados, sobre todo cuando se acercan elecciones. Confronten la propaganda con los hechos. Escuchen a varias versiones en los medios o redes sociales. No le crean a nadie solo porque tiene el poder de difundirlo y repetirlo mil veces por canales oficiales. Pónganse “buzos”.
Saludos, Paolo Lüers