En el primer día de consultas que hicieron el lunes los diputados de la Comisión Política con médicos, abogados y organizaciones de derechos humanos para evaluar la propuesta de decretar un nuevo régimen de excepción por 15 días, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) advirtió que, en las condiciones actuales, la propuesta del Ejecutivo de suspender las garantías constitucionales para aplanar la curva del COVID-19 no pasa el test de ponderación que ha planteado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Héctor Carrillo, representante de la organización, señaló que no hay una justificación que demuestre que el régimen de excepción, que implica la cuarentena, vaya a ser una medida idónea para abordar de forma integral la pandemia.
“El ministerio de Salud tendría que demostrar que se han agotado todas las opciones posibles para optar por un régimen de excepción, esos son los lineamientos que dio la Sala de lo Constitucional. Creemos que no se ha demostrado que no haya otra cosa que hacer más que (decretar) un régimen de excepción”, dijo Carrillo.
El delegado de Fespad recordó que, en los estados de excepción decretados meses atrás, el Gobierno cometió abusos de autoridad (detenciones ilegales, ataques armados e inadecuada atención de pacientes que terminaron muriendo) y no hay garantía de que no se repetirá.
Por su parte, el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, explicó a los parlamentarios que se debe de analizar la viabilidad del régimen de excepción desde la perspectiva constitucional y que la decisión política de adoptarlo se debe considerar a futuro, tomando en cuenta que el COVID-19 permanecerá en el tiempo, como el dengue u otras enfermedades.
El abogado expresó que se deben valorar todos los ámbitos de los derechos fundamentales, para evitar vulnerarlos. “No se debe vulnerar un derecho con el pretexto de cuidar otro”, apuntó.
Él propuso a los parlamentarios analizar si existen medidas alternativas al régimen de excepción, como un estado parcial en zonas de alto contagio, para afectar menos los derechos a la libertad de reunión, de tránsito y el derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio.
Él cuestionó que con el proyecto presentado por el Gobierno también se suprime el derecho al acceso a la información, ya que se impide la circulación de empleados del Instituto de Acceso a la Información Pública.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) fue invitada a la consulta pero sus representantes se excusaron de no poder llegar. A través de un comunicado, la entidad pidió al Gobierno presentar una base científica para solicitar un régimen de excepción, ya que advirtió que el proyecto incumple la jurisprudencia constitucional.
Según Fusades no se conocen los criterios epidemiológicos en la propuesta del Ejecutivo; un proyecto que además, dice, es contrario a lo resuelto por la Sala de lo Constitucional.
Al concluir la jornada, los diputados de Nidia Díaz, del FMLN, y Mario Ponce, del PCN, coincidieron en que no servirá de nada volver a suspender las garantías constitucionales si el Gobierno sigue sin presentar un plan de atención integral de la pandemia.
Díaz recordó que desde el 14 de marzo se le requirió al Órgano Ejecutivo un plan de prevención y contención de la enfermedad, pero aún no lo ha presentado y eso ha provocado un “desorden” que tienen los hospitales saturados, paralizada la realización de pruebas y que no se tenga una cifra real de muertes y contagios por el virus. Ella aseguró que su partido no votará por suspender garantías constitucionales.
Ponce expresó: “No podemos aprobar un decreto de suspensión de garantías si no cumple con los presupuestos. La Sala ha determinado que cualquier decisión que se tome debe cumplir con el principio de necesidad, proporcionalidad e idoneidad”.