La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) ha solicitado al Gobierno que presente una base científica para la solicitud de un régimen de excepción que ha pedido la semana anterior, ya que el proyecto incumple la jurisprudencia constitucional, dice la institución en un informe.
Según Fusades no se conocen los criterios epidemiológicos en la propuesta del Ejecutivo, para las medidas que proponen, entre estas la suspensión de libre tránsito, libertad de reunión y cambio de domicilio; proyecto que además es contrario a lo resuelto por la Sala de lo Constitucional.
“Como lo ha recalcado en varias ocasiones la Sala de lo Constitucional, existe la necesidad de normativas que respondan a las situaciones extraordinarias que enfrentamos como país, a fin de no desproteger la vida y la salud de la población; sin embargo las medidas que se incluyan en dichas normativas deben ser determinadas por la ciencia médica”, dice el documento.
En caso de que sea necesaria incluir restricción de derechos, Fusades manifiesta que sea la Asamblea que lo legisle pero dentro de parámetros constitucionales. Señala además de que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de aplicar las medidas con eficacia apegadas a los derechos fundamentales.
La entidad también sostiene en que el Gobierno tiene que realizar un plan de control epidemiológico que vaya acompañado de una campaña masiva de educación sobre medidas de prevención para el contagio de COVID-19, trabajar con las municipalidades, realización de más pruebas de la enfermedad y tener en cuenta la capacidad del sistema hospitalario.
Fusades opina que en caso de que la ciencia médica aprueba la suspensión de derechos para combatir la pandemia, la Asamblea Legislativa debe emitir una ley con regulaciones específicas que deben ser necesarias, idóneas y proporcionales.
“No debe haber delegaciones en cuanto a las facultades que tiene la Asamblea para determinarlas, y que además dichas medidas puedan estarse revisando y actualizando y estar en diálogo permanente con el Órgano Ejecutivo, el cual, a su vez, tiene la gran responsabilidad de aplicar las medidas con eficiencia”, dice la institución.
La entidad habla también de la necesidad de la transparencia de los datos y de la rendición de cuentas en las medidas ya aplicadas de los regímenes de excepción antes implementados, los decretos de cuarentena implementados por Salud y las investigaciones realizadas contra los abusos de autoridad.
Ante los derechos que pide suspender el proyecto del Gobierno, Fusades indica que en caso de aprobarse debe estar siendo actualizado a la Asamblea y que debe quedar explícito en el decreto, y que en el caso de las sanciones por incumplimiento deben establecerse en la ley, donde se regule la tipicidad de la conducta y el carácter de la sanción.
Otro aspecto que recalca la institución es que el proyecto de ley del Ejecutivo no incluye al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para que tengan libertad de circulación, lo cual debe decirse en el decreto de forma explícita, para que ejerzan sus funciones los empleados, ya que su trabajo es una extensión de la libertad de expresión.
“Hay que señalar que la Sala de lo Constitucional fue muy clara en cuanto a que en una emergencia como la pandemia, no puede suspenderse el acceso a la información pública, por su carácter de derecho fundamental, pues es un mecanismo necesario para ejercer otros derechos, así como para que no haya opacidad y se posibilite de mejor forma la rendición de cuentas”, dice Fusades.