Este lunes, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa inició la discusión sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo para un régimen de excepción como medida para controlar los contagios de COVID-19.
Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa, inició la reunión diciendo que el ministro de Salud, quien estaba convocado, no respondió a la invitación. Ponce también informó que la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se excusó de asistir.
Este lunes, los diputados recibieron a infectólogos, epidemiólogos y otros expertos para discutir la propuesta que envió el presidente Nayib Bukele a la Asamblea, el pasado 24 de junio, de un decreto de régimen de excepción para 15 días, donde se suspenderían el libre tránsito, derecho de reunión y cambio de residencia.
También fueron convocados para este lunes representantes del Colegio Médico, Asociación Salvadoreña de Infectología. Los diputados también escucharon la postura del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
En la intervención que ofreció cada uno de los expertos se destacaron algunas de las fallas que consideran han tenido las acciones implementadas por las autoridades en lo que va de la pandemia. También coincidieron en la falta de transparencia en los datos sobre los contagios de coronavirus en El Salvador.
Colegio Médico
Adán Montes, epidemiólogo del Colegio Médico, aseguró que se debe reflexionarse sobre los planes de acción ejecutados y consideró que un cerco epidemiológico no debe durar más de 48 o 72 horas.
“Las cuarentenas a nivel nacional no se justifican, es cansar a la población y con poco efecto. Lo que se recomienda es hacer vigilancia sanitaria y hacer evaluaciones de los resultados obtenidos con las acciones implementadas“, señaló.
El experto dijo que ha faltado coordinación del Ministerio de Salud con los gobiernos locales para hacer trabajo de prevención en las comunidades y que es necesario definir las características de cada municipio.
Por su parte, el epidemiólogo Jorge Panameño expresó preocupación por la elevada cantidad de personal de la salud que está muriendo a causa del COVID-19 por no tener suficiente y adecuado equipo de protección.
Señaló que los hospitales están saturados y no fueron equipados oportunamente y consideró que no se debieron usar todos los centros asistenciales para atender a pacientes con el virus.
Las cifras de muertes y contagios por COVID-19, también, fueron cuestionadas por los expertos. El médico Iván Solano pidió al Gobierno transparencia en los datos y criticó que se le ha dado prioridad a la atención hospitalaria, pero se ha descuidado la atención en las comunidades con ayuda de alcaldías.
Mario Gamero, presidente de la Asociación de Infectología, apuntó que no hay certeza sobre el número de decesos por COVID-19 en el país, porque hay muchos casos de fallecimientos por neumonía atípica. Criticó que no hay suficiente insumos ni personal para atender a los pacientes.
A criterio del médico se necesitan estadísticas más acercadas a la realidad y añadió que como asociación les preocupa que los laboratorios privados no puedan hacer la prueba del COVID-19. Dijo que lo ideal es que se abra la posibilidad de que todas las personas se puedan hacer el test de coronavirus.
Gamero indicó que las autoridades de Salud no han educado a la población sobre cómo proceder cuando se tienen síntomas de COVID-19; así como la atención que se debe dar en los hospitales de primer y tercer nivel.
Él cree que el país está a punto de entrar a la fase 4, pues hay demanda de atención de pacientes graves en los hospitales, en la mayoría de estos ya se encuentran saturados y no hay camas disponibles.
Sobre el régimen de excepción que solicita el Gobierno
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, explicó a los parlamentarios que la decisión política de adoptar un régimen de excepción en el país se debe considerar a futuro, tomando en cuenta que el COVID-19 permanecerá como otras enfermedades. Se debe valorar todos los ámbitos de los derechos fundamentales, para evitar vulnerarlos.
Considera que se debe valorar si existen medidas alternativas al régimen de excepción como lo propone el Ejecutivo, pues estas no solo suspenden el derecho a la libertad de reunión, de tránsito y el derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio, sino también se suprime el derecho al acceso a la información.
La propuesta del Ejecutivo no cumple con los requisitos de la Sala
Héctor Carrillo, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), asegura que la propuesta actual del Ejecutivo no garantiza que un nuevo régimen de excepción no violará derechos humanos, así como ocurrió con el aprobado semanas anteriores y que no supera las condiciones que fueron puestas por la Sala de lo Constitucional.
“En los estados de excepción decretados meses atrás se violaron derechos humanos: hubo abusos policiales graves y denuncias de pacientes que no fueron atendidos adecuadamente y murieron. ¿Qué garantía hay de que eso no vuelva a ocurrir?”, cuestionó.
Dijo que era necesario establecer las bases para tener un dialogo político transparente y sin confrontación entre los poderes porque una de las recomendaciones de la Sala fue abordar las temáticas a través del diálogo y no en un contexto de confrontaciones. Además, del respeto a la democracia e institucionalidad para evitar el mar uso del poder.
“Instamos a la Asamblea y comisión Política a apegarse a los lineamientos de la Sala de lo constitucional para determinar la procedencia o no del régimen de expción y eso pasa por aplicar el tes de ponderación propuesto por la Sal. Nosotros como Fespad no creemos que esta propuesta supere el test de ponderación”, dijo Carillo.
Aseguró que para ello debe de existir una garantía de derechos humanos, respeto a la institucionalidad, transparencia en el proceso y el dialogo entre la clase política.
Recomendó aprobar un régimen de excepción basados en la opinión científica y analizar si el Código de Salud es suficiente para abordar las temáticas y aplicar una cuarentena focalizada.
¿Es la medida adecuada?, cuestiona Cristosal respecto al Estado de Expeción
Luis Salzar, representante de Cristosal, aseguró que antes de aprobar un nuevo régimen de excepción se debe de considerar si es adecuada restringir los derechos de los ciudadanos y si se tienen elementos objetivos de la situación que sugieran que es la única solución.
“Las decisiones tienen que estar fundamentadas y en este momento no podemos responder a ese principio de idoneidad porque no sabemos si el método que se está proponiendo es el adecuado”, explicó.
Enfatizó a los diputados a solicitar al Ejecutivo las medidas legales y constitucionales necesarias para establecer el régimen de excepción y evaluar si es necesario a aplicar a nivel nacional.
“Puede ser que haya otros instrumentos legales idóneos para lograr los propósitos (de frenar y bajar los contagios)”.
Sector de emprendedores e informal
“Por favor no nos quiten la posibilidad de trabajar, nosotros estamos en la disposición de cuidarnos”, dijo el representante la Coordinadora de Vendedores Informales identificado como Pedro Julio Hernández.
Aseguró que la crisis sanitaria ha dejado aún más vulnerables a las familias que dependen del sector informal o microempresarios y están conscientes que deben de seguir los protocolos necesarios para evitar contagios.
“En las condiciones en las que estamos, sin generan ingresos y empleos, un periodo más de confinamiento para nosotros es desastroso”, dijo.
Hernández considera que la suspensión del transporte público no contribuye a facilitar su trabajo porque la mayoría de vendedores debe caminar más de tres horas para salir a trabajar. Aseguró que el protocolo que tienen establece 12 reglas como medidas sanitarias, entre ellas estaciones para lavar las manos, alcohol gel y desinfección de las monedas que reciben y dan a sus clientes.
FMLN rechaza régimen solicitado por el Ejecutivo y ARENA plantea propuesta
Por su parte, el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, presentó en una entrevista televisiva esta mañana una propuesta para que se bajen los casos de contagios al estar en casa durante 10 días.
“Los días que salga tu familia a trabajar salgas tú también a trabajar para que juntos vayan a trabajar los cuatro días y juntos guarden los 10 días de cuarentena… deben de ser días corridos”, dijo el legislador.
El diputado Cuadra expuso que serían dos opciones de trabajo para empresas que trabajan de lunes a viernes y otra para las empresas que trabajan los fines de semana, donde no se daría un quebrantamiento de la economía debido a que las horas laborales serán las mismas en ambos grupos.
Mientras que la diputada del FMLN, Yanci Urbina, señala que no están de acuerdo con la solicitud del Ejecutivo debido a que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional donde no permite que en el marco de la emergencia se pida una suspensión de derechos.
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“Es importante señalar que la Sala dice que la restricción de derechos no la considera la primera vía para atender la pandemia, este es un tema que hay que ponerle mucha reflexión”, dice la parlamentaria.
El diputado Mario Tenorio, de GANA, manifestó que escuchó la propuesta de ARENA, la cual considera que también implica un encierro, pero que apoyarán la solicitud del Ejecutivo del régimen de excepción.
La discusión sobre la propuesta del Ejecutivo sigue mañana y se esperan las intervenciones de: el Centro de Estudio Jurídico, Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Representantes de la Universidad de El Salvador, Universidad José Matías Delgado, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Universidad Francisco Gavidia y la Universidad Tecnológica de El Salvador.
Fusades y Esen ni participarán porque enviaron su propuesta, informó Ponce. También reirteró la invitación al Ejecutivo para participar mañana.
La Asamblea Legislativa superó la semana pasada el veto del presidente Nayib Bukele al decreto 661 que contiene la ley sanitaria de atención para la pandemia.
Los diputados han dicho hasta la saciedad que en esa ley que que rechazó Bukele están todos los lineamientos y herramientas jurídicas que el Gobierno les exige para enfrentar la pandemia y regular la emergencia, la cuarentena y la apertura económica.
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