El fiscal general, Raúl Melara confirmó este viernes que abrió expedientes de investigación, luego de que varios altos funcionarios del presidente Nayib Bukele han salido mencionados en sendas investigaciones sobre las compras que ha realizado el Ministerio de Salud en el marco de la pandemia por COVID-19, contrataciones del Ministerio de Turismo para albergues, y otorgamientos de créditos por Bandesal a una familiar de la comisionada Carolina Recinos.
Simpatizantes del presidente Bukele son presuntamente beneficiados
“Como Fiscalía General hemos abierto expedientes de todas las noticias que hay en relación a negociaciones entre funcionarios públicos y el Estado, es nuestra obligación legal hacerla”, expresó Melara a El Diario de Hoy.
El funcionario ha reiterado que no permitirá que se aproveche la situación que se ha vivido en El Salvador –tras los estragos dejados por de las tormentas Amanda y Cristóbal, así como la pandemia por COVID-19- “para que, personas se aprovechen de los fondos públicos”.
La Dirección de la Defensa de los Intereses del Estado ha iniciado procesos de investigación sobre “que es lo que ha habido en cada caso, para ver si es constitutivo de delito”, afirmó Melara.
“No vamos a permitir que se haga uso indebido de los fondos de los salvadoreños”, ha recalcado el fiscal general, quien dice que esperan remisiones de informes tanto de la CICIES como de la Corte de Cuentas. Como parte de las atribuciones de cada institución, y en el marco de las ayudas o cooperación que recibe el Gobierno, la Corte de Cuentas, ya realiza auditorías concurrentes, “y ellos determinan si van encontrando hallazgo o no. Ellos tienen auditores y personal especializado para determinar si se está usando el dinero de manera correcta”.
“No nos involucramos en política”
Ante las publicaciones que ha realizado El Diario de Hoy sobre que una empresa (SYGM S.A. de C.V.) ligada al viceministro de Ingresos, del Ministerio de Hacienda, José Alejandro Zelaya Villalobo y un socio suyo son los que vendieron protectores faciales al Ministerio de Salud por $750,000, lo mismo que hizo el expresidente de FONAES, Koky Aguilar, por $250,000, y como lo publicó el diario digital El Faro, que el diputado Gustavo Escalante vendió mascarillas por valor de $344,000 a Salud, ayer el presidente Bukele trató de minimizar las denuncias y planteó que es parte de una campaña en su contra.
Empleados de viceministro de Ingresos vendieron a gobierno $750,000 en protectores faciales
Consultado sobre esas afirmaciones de Bukele, el fiscal general Melara afirmó que lo que diga el presidente Bukele, “es tema político, en lo cual la Fiscalía General no nos involucramos, nuestras obligaciones son ver que nadie abuse del dinero de la gente”.
Bukele destituyó a Koky Aguilar por haber hecho negocios con el Ministerio de Salud a través de su empresa INSEMA por 250,000 en protectores faciales, pero hasta ahora no se ha pronunciado seriamente por los casos del viceministro Zelaya Villalobos o la nueva denuncia de conflicto de intereses en el que Bandesal otorgó un préstamo por $22,000 a Susana Recinos, hermana de la comisionada presidencial Carolina Recinos, y a pesar que la junta de ese banco advirtió que no era procedente.
Bukele ordena destituir a Koky Aguilar como presidente de Fonaes por posible acto de corrupción
El precio al cual compró Salud los protectores faciales es de $2.50, mientras que por mil unidades tienen un precio de $1.13, según una cotización de la empresa INSEMA; misma que se las vendió con sobreprecio al Gobierno.
Y sobre las implicaciones en estas polémicas negociaciones, el diputado Escalante, dijo vía Twitter que “Mi familia y yo, haremos uso del derecho de respuesta a @_ElFaro_, para que ratifique las acusaciones falsas que han hecho en mi contra en una reciente nota “periodística”.
Según El Faro, “el Ministerio de Salud pagó 344,000 dólares por un lote de 800,000 mascarillas quirúrgicas a Grupo GME Inversiones, una empresa fundada por el diputado René Gustavo Escalante Zelaya y dirigida por él y su hermano Manuel José…”.