Desde hace meses, Transparencia Internacional ha venido advirtiendo que la crisis de la pandemia se ha venido utilizando por algunos gobiernos para fortalecer el autoritarismo, la opacidad y el incremento indebido de la riqueza. El Salvador no es la excepción. En un reporte enviado al Secretariado de Transparencia Internacional destacaba que en El Salvador se ha venido configurando una preocupante ecuación: pandemia + autoritarismo y opacidad gubernamental + enormes flujos financieros para enfrentarla + relajamiento/eliminación de controles = puerta abierta a la corrupción. He acá algunos datos del reporte que constatan la existencia de dicha ecuación.
El gobierno salvadoreño ha venido dando preocupantes muestras de opacidad en el manejo de los fondos públicos. No cumplió la promesa electoral de crear un organismo interno anticorrupción; al contrario, desmanteló la Secretaria de Transparencia y Anticorrupción. Cerró la Unidad Anti corrupción dentro del Ministerio de Hacienda. Prometió durante toda su campaña la creación de una CICIES, pero bloqueó la participación de Naciones Unidas para evitar una instancia internacional fuerte e independiente como la CICIG en Guatemala; y terminó con una CICIES sin dientes, con estrecho margen de maniobra y sin funciones investigativas. Dijo que iba transparentar la principal fuente de corrupción de gobiernos anteriores, como es la partida de gastos reservados y el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), pero selló toda información sobre ello; al tiempo que incrementó sustancialmente los montos discrecionales/reservados del Ministerio de Defensa y de Seguridad. Se ha negado dar a conocer los detalles de los gastos de publicidad de la presidencia. Frenó las resoluciones/exigencias del Instituto de Acceso a Información Pública (IAIP), utilizando reiteradamente el recurso del amparo ante la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia. Aprovechó la pandemia para emitir decretos presidenciales que bloquean todo el trabajo del IAIP, así como para evadir la aplicación de la ley que regula las compras públicas (ley LACAP).
Si por un lado el gobierno ha venido negando el acceso a información y evadiendo las instituciones de control, por el otro lado ha podido disponer de millonarios fondos sin mayor contraloría. Los fondos extrapresupuestarios autorizados por la Asamblea Legislativa son inmensos, nada menos que $3,000 millones. Dentro de ellos algunos ya están ratificados por los legisladores como los $389 del FMI y $20 millones del Banco Mundial. Otros préstamos están pendientes de ratificación ($300 millones del BID), mientras dos más esperan autorización y ratificación ($650 millones del BCIE y otros $250 millones del BID). También existen fondos provienen de transferencias del Seguro Social ($25 millones) y de la Cooperación Internacional (por ejemplo $46 millones de la japonesa). Adicionalmente, se han emitido $491 millones en títulos de corto plazo (LETES) y $483 millones también en deuda de corto plazo (CETES).
Valga señalar que si se consiguen los $3,000 millones, la deuda del país superaría el 90% del PIB, y el riesgo de default es sumamente elevado. Por el momento, las calificaciones de riesgo país han caído y El Salvador paga altas tasas de rendimiento por sus bonos; aunque es posible que esta situación mejore algo en las próximas semanas.
Las variables que conforman aquella ecuación son las que están permitiendo/facilitando la proliferación de posibles actos de corrupción. Ya existen señales alarmantes al respecto: en medio de la pandemia, en lugar de construir hospitales de campaña, el gobierno anunció la construcción de un millonario hospital de alrededor de $100 millones; una costosísima obra habida cuenta de los costos promedio de otros hospitales semejantes a nivel mundial. Contratación de una oferta por $1.1 millón más cara, para la construcción de un anexo del Hospital CIFCO. La Corte de Cuentas ha encontrado serias anomalías en el reparto de cerca de $450 millones a la población vulnerable (entrega de $300 por persona en abril). Compra por aproximadamente 12 millones de equipo médico a una empresa exportadora de repuestos de vehículos. Compra de 400 mil mascarillas, con un precio de más del doble de caro del precio de mercado, a dos empresas; una de ellas propiedad de un funcionario público, y la otra de reciente creación, de la que por el momento no se conoce el dueño.
En un contexto de “flojera” de la contraloría institucional, donde fluyen alegremente cientos de millones, sin duda irán apareciendo posibles casos de corrupción. Ya saltó uno, el caso de la venta de mascarillas de un alto funcionario al Ministerio de Salud. Gracias a la evidencia y la presión de la opinión pública, el Presidente ha solicitado la renuncia de dicho funcionario. Paso positivo pero insuficiente, pues hay que seguir el hilo más arriba, así como el de otras madejas donde hay mucha tela que cortar. Los corruptos deben recordar que tarde o temprano le llegará la luz a esos meses de oscuridad y secretismo.
Economista
Director de FUNDE y Representan