El viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, José Alejandro Zelaya Villalobo, fue denunciado por posible transgresión a la Ley de Ética Gubernamental luego de que El Diario de Hoy publicara que dos de sus empleados vendieron protectores faciales al gobierno de Nayib Bukele por un monto de $750,000.
En la investigación periodística se revela que Rogelio Cabrera y Jorge Alberto Vásquez Turcios, socios de la empresa SYGM Asesores S.A. de C.V., que negociaron los insumos con el gobierno, ocupan altos cargos en la empresa SCI Audit Tax Advisory, una empresa que vende servicios contables y de auditoría, la cual es propiedad del viceministro Zelaya Villalobo.
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Los 300,000 protectores faciales vendidos por SYGM S.A. de C.V. al gobierno central a través del Ministerio de Salud, están además sobrevalorados, ya que cada unidad fue vendido a $2.50 cuando otra empresa los vende a $1.13 si se le compra por miles.
El escrito fue presentado ante ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por Aída María Betancourt Simán y Héctor Raúl Silva Hernández, miembros del partido Nuestro Tiempo, en la que piden al Tribunal considerar si el viceministro de Ingresos ha infringido los artículos 5 y 6 de la Ley de Ética Gubernamental.
El artículo 5 de la referida normativa establece que las personas sujetas a esa ley, tienen como deber ético “excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuale él, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, tengan algún conflicto de interés”.
En el artículo 6, se proohibe “aceptar o mantener un empleo , relaciones contractuales o responsabilidades en el sector privado, que menoscaben la imparcialidad o provoquen un conflicto de interés en el desempeño de su función pública”.
Según los denunciantes, lo revelado en la investigación de El Diario de Hoy “constituye uin evidente conflicto de interés y revela la falta de integridad de los funcionarios involucrados en la suscripción de este contrato, aprovechándose de la emergencia nacional y abriendo la puerta a la corrupción”.
Por tanto, agregan, llaman al TEG a aplicar las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental “por el bien de la confianza en las instituciones y del fortalecimiento de la democracia en nuestro país”.