El primer objetivo que tiene la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad, aprobada el lunes por la Asamblea Legislativa, es “cambiar el esquema cultural que tiene la población salvadoreña hacia las personas con discapacidad; cambiar el sentido de lástima, de pensar que una persona con discapacidad no va a poder ser productiva y no va a poder desenvolverse”, dice David Reyes, diputado de ARENA y presidente de la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con discapacidad.
En 2015, fue él quien presentó al Congreso el proyecto de ley que fue trabajado junto con organizaciones de personas que tienen diferentes tipos de discapacidad. En aquel momento, la iniciativa fue archivada porque se le dio prioridad a la elaboración de otras leyes, pero fue retomada en la actual legislatura.
La normativa —que fue aprobada con 72 votos tras más de 14 meses de estudio, consultas y debates con diferentes instituciones— dejará sin efecto la Ley de Equiparación de Oportunidades, la cual está vigente desde el año 2000 pero ha quedado obsoleta porque no responde a las necesidades actuales de un 10 por ciento de la población que tiene una discapacidad, de acuerdo a las estimaciones de la Organización Mundial para la Salud.
Reyes destaca que la nueva ley tiene tres elementos fundamentales: el abordaje se basa en un enfoque derechos humanos y no es “meramente asistencialista”. Además, contempla la creación de un tribunal sancionador y obliga a las instituciones gubernamentales y municipales a asignar un presupuesto para proyectos de inclusión para personas con discapacidad.
La ley, según el parlamentario, se basa en una perspectiva de derechos humanos y está “armonizada”con la Convención Internacional de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la Organización de la Naciones Unidas.
Él señala que, hace 20 años, fue la Comisión de Salud quien dictaminó la ley que será derogada y eso, a su juicio, “dice mucho” sobre la forma en la que se abordaba lo relacionado a las personas con discapacidad: “se veía la discapacidad como si fuera una enfermedad. Hoy la abordamos con enfoque de derechos humanos, es una diferencia abismal”, expresa Reyes.
Diputados aprueban nueva ley de Inclusión para personas con discapacidad
Agrega que el abordaje del tema desde esa perspectiva reconoce a las personas con discapacidad, por lo que el Estado debe garantizarles el pleno goce de los derechos fundamentales en igualdad de condiciones. Entre ellos, el derecho a educación y salud de calidad, así como a un trabajo digno y a contar con infraestructura accesible que les permita movilizarse en los espacios públicos y privados.
Multas de hasta nueve salarios mínimos para quien viole la ley
La ley de inclusión contempla la creación de un tribunal administrativo sancionador que recibirá las denuncias que haga cualquier persona contra quien viole la normativa.
Las infracciones leves, como cobrar a las personas con discapacidad el acceso a los monumentos, sitios turísticos o arqueológicos, así como negarse a registrar a una persona con discapacidad en el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad, se castigarán con multas de entre uno y tres salarios mínimos vigentes del sector comercio ($304.17).
Las faltas muy graves se sancionarán con entre siete y nueve salarios mínimos. Entre estas infracciones está impedir el abordaje de personas con discapacidad a cualquier unidad del transporte público o no cumplir con la cuota de contratación en materia de empleo establecida en la presente ley.
La normativa establece que toda institución pública o privada tendrá la obligación de contratar a una persona con discapacidad por cada 20 empleados. Las empresas que además inviertan en proyectos de inclusión y diseño universal, podrán deducirlo del impuesto sobre la Renta y tendrán preferencia en las licitaciones de las entidades de gobierno.
En la ley anterior, la sanción más grave que aplicaba el Código de Trabajo por no cumplir con el número de contrataciones ascendía a 500 colones ($57.14).
“Había empresas que preferían pagar la multa y evadir la responsabilidad. Hoy le aseguro que lo van a pensar más, porque pueden recibir una sanción muy grave, pueden llegar a (pagar) nueve salarios mínimos por cada persona no contratada”, señala Reyes.
Con esta ley también se garantizará que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones, adquirir préstamos o seguros y a participar en la vida política y pública.
Además, se creará el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con discapacidad (CONAIPD), el cual contará con mayor autonomía para cumplir su papel como ente rector en materia de discapacidad.