En El Salvador hay un riesgo de repetir la dramática historia de Ecuador, donde se conoció que las autoridades no llegaban a levantar los cadáveres de víctimas bajo sospecha de COVID-19 que morían en sus propias viviendas. Las familias pasaban días con los cuerpos. Y desde hace semanas, dichas escenas ya se ven en el país.
De acuerdo con infectólogos, en los próximos días el país podría entrar a la fase 4 de coronavirus, en donde se esperan más casos en viviendas y colapso de hospitales. A ello se suma el temor de algunas personas de ir a un hospital, por el riesgo de contagio.
La semana pasada se difundieron algunos casos como el de Mauricio José Castillo, de 69 años, quien murió el jueves por la mañana a causa de una neumonía atípica, sospecha de COVID-19, y la familia pasó 24 horas con el cadáver en la vivienda en Soyapango. También el cadáver de Tomás Argueta, de 60 años, que permaneció más de dos días en un mesón ubicado en el pasaje Marroquín de la colonia Ferrocarril, en San Salvador.
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“Llamamos, pero no vienen”, es la frase común de familias salvadoreñas que en los últimos días han tenido que pasar 6, 12 e incluso 24 horas con un cadáver en la misma vivienda, expuestos a contagiarse de COVID-19, si es que se confirmara que esa fue la causa de muerte, pero no todos son examinados y solo se consta que son víctimas sospechosas del virus.
El miedo a ir al hospital, a no regresar a sus hogares o a no volver a ver su familia, ha provocado que varias personas no quieran acudir a los centros hospitalarios para ser atendidos y mueran en sus viviendas. En muchos de estos casos, la situación de salud se complica y se vuelve tarde para salvar las vidas.
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Sin embargo, lo más angustiante es que además de lidiar con la muerte, las familias han tenido que esperar para que el personal de Salud o de la Fiscalía General de la República llegue a retirar el cadáver.
Los salvadoreños lamentan el poco interés de las autoridades y es que, de manera extraoficial, se ha conocido que el Ministerio de Salud no está dando abasto para atender a los fallecidos por COVID-19 y el Instituto de Medicina Legal (IML) no puede intervenir, según el protocolo de manejo de cadáveres durante esta pandemia. Mientras que las funerarias están atados al proceso de las autoridades.
“Hoy es gran protocolo, debemos esperar y no todos son muertos por COVID-19 pero como así toca manejarlos se tarda más”, explicó un empleado de una funeraria.
Ahondó que, “aparte de esos casos, en los hospitales, por lo menos nosotros, unos servicios los hemos tenido que los dejan para el siguiente día, algunos hasta 3 o 4 días para que les dieran a sus familiares”.
Por ejemplo, Soyapango, el municipio más densamente poblado del país, es uno de los que más ha reportado estos casos. Incluso, el mismo alcalde, Juan Pablo Álvarez, aseguró que han registro casos en que los cadáveres son retirados hasta después de 24 horas.
“Tenemos casos que la persona falleció en la casa y pasan más de 24 horas sin que nadie vaya a hacer el levantamiento, Medicina Legal ni siquiera está yendo a las casas porque tienen temor. Tenemos un protocolo con el Minsal, pero en ocasiones están muy ocupados y ya hemos tenido casos que los cadáveres pasan más de 24 horas en las casa, con los familiares… es complicado”, afirmó el alcalde en una entrevista televisiva.
Sin embargo, según comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no es que IML esté llegando tardíamente a las escenas a recoger los cadáveres, sino que ese es el proceso que se debe seguir ya que si la muerte es por COVID-19 o incluso sospechosa, no participan.
“Medicina Legal está disponible, Medicina Legal no está abarrotada, Medicina Legal cuenta con los equipos necesarios y está trabajando con turnos rotativos y el personal necesario, y está trabajando de acuerdo con el accionar de la institución”, dijo personal de la Corte Suprema de Justicia.
Al igual que comunicaciones de la Fiscalía explicó que “en el momento que nos notifican, nosotros acudimos inmediatamente. Por otro lado, el protocolo girado por Salud, dicta que ellos son los responsables del manejo de los cadáveres, sobre todo por causa desconocida”.
“Nosotros solo esperamos. Es triste porque se ve como que el dolor es más en las familias al saber que murió de eso (COVID-19). Más que nadie puede acercarse y no es mucho tiempo, aunque antes solo eran como cinco minutos que se permitía esperar antes de enterrarlo, ahora ya se dan como 15 minutos”, explicó el empleado de otra funeraria.
Médicos especialistas aseguran que la mortalidad extrahospitalaria es porque la población no está educada correctamente sobre las medidas sanitarias necesarias que deben seguir y deciden automedicarse y consultan de manera tardía, complicando su cuadro clínico.
“Se está dando porque el paciente que tiene un nivel de conciencia que quizá morirá quiere una muerte digna y hay familias que deciden no llevar al familiar porque prefieren darle amor y cuidado, una atención digna en el hogar porque pacientes que están en pasillos o parqueos (de centros hospitalarios) no es lo más adecuado”, dice el médico salubrista, Ricardo Lara.
El especialista asegura que para solventar estas muertes extrahospitalarias y los levantamientos tardíos se puede revisar y flexibilizar el protocolo de manejo de cadáveres.
“Los enterramientos están siendo un desgaste tardío. Nada menos ayer un caso porque un ataúd no iba plastificado la gente del cementerio no quería proceder al enterramiento. Si tienen protección los empleados de funerarias y los sepultureros no hay mayor riesgo”, ahondó Lara.
Plan para responder ante el virus
Según el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante el coronavirus (2019 – nCov), cada país debe contar con un procedimiento para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres de víctimas de coronavirus.
Para realizar el entierro, según el protocolo que debe seguirse en El Salvador, el cadáver debe ser tratado de manera especial, hermetizando el ataúd, trasladado en un vehículo del Ministerio de Salud y este debe de tener custodia policial y de personal de saneamiento. El vehículo, además, debe ser desinfectado con lejía.
Las autoridades sanitarias son responsables del seguimiento al tratamiento de los cadáveres para garantizar que se cumplan las normas de bioseguridad.
Se considera que los cadáveres, cuya causa de fallecimiento es un virus respiratorio con potencial pandémico representa un riesgo de infección y por las costumbres de la población se establece que deben manejarse y transportarse en dos bolsas plásticas negras y ataúdes sellados, estos deberán ser proporcionados por los familiares del fallecido.
Según el protocolo, el entierro de la persona debe de ser inmediato, no se permite la conservación de los cadáveres, preparación ni velación. Además, se debe colocar tapones de algodón impregnado con lejía en los orificios naturales del rostro como nariz, boca y oídos de la víctima. También, cuando el cadáver esté dentro de dos bolsas plásticas debe de advertirse con signos de riesgo biológico.
El Salvador registraba hasta el martes 23 de junio 4,973 contagios de coronavirus, de los cuales, 2,045 eran casos activos. Además, hay 563 pacientes asintomáticos.
El Salvador se encuentra en la fase de contagio masivo de la COVID-19 y en los últimos días ha venido superando sus récords de contagios y muertes diarias.
De acuerdo al ministro de Salud, Francisco Alabí, el sistema hospitalario público se está saturando, por lo que los pacientes asintomáticos o con síntomas leves son enviados a sus casas desde que el país entró a la fase tres.
Medicina Legal no realizará autopsias a muertos por virus
Estas medidas son para cumplir con el protocolo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los cuerpos de las víctimas de la pandemia.