Como se ha advertido anteriormente, Nayib Bukele está siguiendo un peligroso libreto que en otros rincones del hemisferio y el mundo ha llevado al debilitamiento casi completo de los sistemas democráticos.
Su constante satanización de la crítica y la prensa libre, su conflicto perenne con las instituciones de control, y su aval a abusos a derechos fundamentales están volviendo a El Salvador uno de los casos preocupantes en la región, a juicio de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Este experto ve con miedo las políticas del joven mandatario pero destaca que en el país aún hay cortes valientes y una defensa de la institucionalidad, sin las cuales, considera, habría un panorama mucho más gris.
Finalmente, en esta, que califica como una de las entrevistas más duras que ha dado, advierte que el presidente salvadoreño no es un socio confiable para los demócratas del mundo, quienes al acercarse a él ponen en entredicho su credibilidad. De esto conversamos:
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Cada vez es más recurrente destacar elementos que muestran a Nayib Bukele como un líder autoritario. ¿Sigue compartiendo esas visiones?
La mayoría de los autócratas ejecutan un libreto similar para socavar o debilitar la democracia. Mantienen una retórica anti-establishment, estigmatizan constantemente a los partidos políticos, el Congreso y el Poder Judicial. Se posicionan como los únicos y verdaderos intérpretes “del interés y necesidades del pueblo”, y tildan a los opositores y críticos de enemigos de la patria o de un pueblo supuestamente inerme. Además emplean mecanismos despóticos para concentrar el poder, militarizan la gestión gubernamental, atacan violentamente a quienes los cuestionan, especialmente a los medios de comunicación independientes y a las organizaciones de la sociedad civil, así pueden avanzar en la construcción de una sociedad sin estado de derecho, para perpetuarse en el poder.
Bukele sigue al pie de la letra el libreto del populista mesiánico y, en muy poco tiempo, se ha convertido en una excelente caricatura de este fenómeno. La operación militar del pasado 9 de febrero contra la Asamblea Legislativa, fue la primera y más reveladora muestra de su carácter autoritario, que probablemente terminará sellando su suerte. Para qué hablar del manejo de la pandemia, plagado de arbitrariedades y opacidad, con descarado desacato a los fallos de la Corte Suprema y acusando a medio mundo de “asesinos” por criticar sus excesos.
Antes de asumir la presidencia, parecía haber una fascinación por Bukele fuera del país. ¿Considera que se está desinflando esta historia fuera de El Salvador?
Creo que Bukele llamó la atención por una serie de características personales como su juventud, el intenso uso de las redes sociales como plataforma de campaña, sus promesas de cambio y modernización del país. Además, sorprendió por derrotar estrepitosamente, después de 30 años de gobierno, a los dos conglomerados principales, el FMLN y ARENA. Bukele hizo campaña como un “outsider” (candidato de afuera del sistema), un líder que venía con una nueva impronta para gobernar el país. Su aparato propagandístico fue muy exitoso y logró vender esa imagen, especialmente si uno sabe que había sido alcalde de la capital por el FMLN, es decir que “outsider” no era.
Ninguna de estas cualidades personales advertía cómo Bukele iba a gobernar el país. Lo que está ocurriendo ahora, es que la comunidad internacional lo evalúa no ya por sus promesas de campaña ni características personales, sino por cómo gobierna El Salvador. Medido con esa vara, la imagen de Bukele hoy día es muy distinta y el país ha pasado a ser uno de los focos de preocupación regional.
¿Comparte la apreciación de The Economist de qué busca ser el primer dictador millennial o es exagerado usar la palabra dictador?
La comparto. No es una exageración. El país está sufriendo graves retrocesos en materia de derechos humanos, libertad de expresión, respeto a la separación de poderes, etc. En tal sentido hay consenso internacional que en su primer año Bukele ha revelado una tendencia autoritaria preocupante que continúa agravándose con el paso del tiempo. La cantidad de abusos que hemos registrado a raíz de la emergencia de COVID-19 es alarmante. Miles de personas confinadas, sin recursos para defenderse, en centros de contagio de manera arbitraria e ilegal por violar la cuarentena, pese a las sentencias de la Corte Suprema que lo prohíben, acompañado de sistemáticos ataques a medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que denuncian estas violaciones a los derechos fundamentales.
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Si a lo anterior, usted le suma que ya el gobierno está hablando de modificar la Constitución, con el evidente objetivo de permitir la reelección de Bukele, creo que hay suficientes razones para preocuparse y encender todas las alarmas. Esta película la hemos visto mucha veces en América Latina con las dictaduras de Ortega, en Nicaragua, Correa en Ecuador, Fujimori en Perú, Chávez en Venezuela, etc. El reto es defender la democracia salvadoreña y apoyar a aquellos sectores e instituciones que están dando la pelea para impedir que Bukele se salga con la suya y termine imponiendo una dictadura en El Salvador. No será fácil pero no tenemos opción.
¿Será oportuno o es más bien prematuro colocar al presidente salvadoreño junto a autócratas de la talla de Erdogan u Orban (líderes autoritarios de Turquía y Hungría, respectivamente)?
La gran diferencia entre lo que vemos en El Salvador y lo que ocurre en Turquía y Hungría radica principalmente en que, en El Salvador, afortunadamente existe independencia de los órganos de control, tanto el legislativo como el judicial. En El Salvador, la Asamblea Legislativa y, en forma muy especial, la Corte Suprema, han demostrado un fuerte compromiso con la Constitución para resistir la demagogia populista y las frecuentes embestidas de Bukele. Lo mismo ocurre con la prensa independiente y las organizaciones de la sociedad civil, que cumplen un rol clave al denunciar y controlar las políticas del ejecutivo, muchas veces bajo amenazas e intimidación. En otras palabras a diferencia de Hungría y Turquía, en El Salvador las instituciones democráticas no son de fachada, son genuinas.
El presidente y sus seguidores constantemente le atacan a usted y a HRW. Históricamente hablando, esta no es la primera vez que ustedes reciben viscerales ataques. ¿De dónde han venido estos tradicionalmente?
Bukele promueve una política de confrontación por las redes sociales, insultando a través de declaraciones incendiarias a quienes lo cuestionan, incluidos jueces, legisladores, periodistas. Sus seguidores replican el tono de Bukele en las redes para amedrentar y censurar a quienes lo critican. En ocasiones, Bukele retuitea estos mensajes de sus seguidores, lo que puede interpretarse como un aval a comentarios agresivos e insultantes. Este clima de intolerancia facilita la polarización que es justamente el clima que busca Bukele para gobernar el país. Para estos populistas la campaña electoral nunca termina.
Como organización independiente, Human Rights Watch defiende los derechos humanos en todo el mundo, sin importar la tendencia ideológica del gobierno de turno. Nuestro trabajo consiste en denunciar situaciones donde haya abusos a derechos fundamentales y exponer a quienes los cometen. Por esta razón algunos gobiernos, particularmente dictaduras como la de Maduro, Ortega o los Castros y, en el pasado, caudillos como Correa, Uribe o Fujimori han intentado desacreditarnos con burdas mentiras o el trasnochado ataque que tendríamos una agenda de derecha o de izquierda, según lo que les resulte más conveniente.
Finalmente, hay en El Salvador personas vinculadas al partido Voluntad Popular trabajando para la administración Bukele, algunos con contratos de varios miles de dólares. Un memorándum muestra que dos de ellos están vinculados a posible manipulación de datos sobre contagios y pruebas de COVID-19. ¿Ve consistente que personas que denuncian los abusos y la opacidad del chavismo laboren en la administración Bukele?
La denuncia sobre una supuesta manipulación de datos relacionados a la COVID-19 es grave y espero que sea debidamente investigada. Bukele ha hecho un gran esfuerzo por impedir el acceso a la información pública durante la pandemia, suspendiendo, en la práctica, la vigencia de la Ley de Acceso la Información Pública. Esto se ha traducido en especial opacidad en relación a los resultados de las pruebas de coronavirus y otras medidas de emergencia, como el uso de fondos públicos. Sí es cierto que hay miembros del partido de Leopoldo López (Voluntad Popular) asesorando a un gobierno autoritario como el de Bukele y que además habrían estado involucrados en actividades dirigidas a manipular datos del COVID-19, sería grave para la credibilidad de ese movimiento político venezolano, que lucha contra la dictadura de Maduro. De cualquier manera esta denuncia debería ser investigada por la justicia para aclarar este delicado asunto y determinar responsabilidades.
¿Es Bukele un buen aliado de la oposición venezolana o puede manchar el esfuerzo por salir de una dictadura?
Por supuesto que no. Como hemos visto, las políticas y prácticas, además del discurso demagógico de Bukele, corresponden al de un déspota con tendencias mesiánicas. Su récord de abusos, distorsiones y opacidad y su total desprecio por las instituciones democráticas (incluyendo la Corte Suprema) debería encender todas las alarmas de la oposición venezolana que sufre desde hace largos años una dictadura. Que Bukele haya criticado a Maduro, y expulsado a diplomáticos venezolanos del régimen chavista, no es suficiente para considerarlo un aliado. Maduro no necesita preocuparse por su credibilidad porque no la tiene, pero la oposición si.
¿Qué hay de las palabras del venezolano Léster Toledo que afirma que Bukele tiene un compromiso con la democracia?
Las declaraciones de Toledo son supremamente preocupantes, especialmente porque vive exiliado en El Salvador y puede ver de primera mano lo que está sucediendo. Toledo menciona en una carta pública al columnista Paolo Lüers, que los logros de la gestión del gobierno han sido la “disminución de los índices de homicidios”, una “fuerza pública equipada”, la “recuperación del control de los centros penitenciarios”, un “aeropuerto de primer mundo”, entre otras obras de infraestructura. Me pregunto cuáles de esos “triunfos”, incluso asumiendo que sean ciertos, hablan del compromiso de Bukele con el estado de derecho, los DDHH, libertades públicas y la democracia en el país. También me sorprende que Toledo califique a “quienes le hacen la oposición [a Bukele] de hacer campañas de fake news en redes sociales”. Una oposición activa es un buen indicador de la salud de una democracia, como Toledo debería saber, dada su experiencia personal.
Si es que no lo saben aún, ¿qué es lo que personajes de la talla de Leopoldo López o Juan Guaidó deben saber sobre la gestión Bukele?
A estas alturas, si leen la prensa de mayor prestigio a nivel global; y si examinan los informes de DDHH criticando a Bukele de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, CIDH y la ONU —organizaciones internacionales que ellos con plena justificación invocan para denunciar a Maduro— deberían poder reconocer con relativa facilidad el desmantelamiento de las instituciones democráticas y los graves retrocesos propiciados por Bukele. Dada la presencia de estos asesores venezolanos en el gobierno de Bukele y la apasionada e incondicional defensa que ha hecho Léster Toledo, es razonable que existan preguntas respecto al grado de afinidad de Guaidó o López con el gobierno salvadoreño. En tal sentido, creo que está en el mejor interés de estos dirigentes políticos aclarar su posición y condenar sin ambigüedades los abusos de Bukele. De lo contrario razonablemente muchos se podrían preguntar acerca de los valores democráticos que ellos aspiran para Venezuela, cuando se produzca una transición política en ese país.
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