SAN MIGUEL. A través de un comunicado de prensa, la alcaldía de San Miguel informó que en ese municipio solo tres funerarias cumplen con todos los permisos de funcionamiento vigente otorgados por el Ministerio de Salud, las cuales son: Funeraria Nueva Guatemala, Funeraria Antigua Guatemala y Funeraria la Florida.
Omar Sánchez, de funeraria La Florida, explicó que no se trata de una certificación que indique que puede prestar servicios a familias de personas que fallecen por COVID-19, sino es porque cumplen con los protocolos de bioseguridad y exigencias de Salud.
Añadió que a nivel de la zona oriental de país son pocas las funerarias que cuentan con permiso de manejo de cadáveres.
“Algunas tienen de dos a tres ataúdes y le ponen nombre de funeraria, pero eso es una venta de ataúdes; (las funerarias) deben tener un laboratorio que cumpla con los reglamentos que pide el Ministerio de Salud y el conocimiento para realizar la tanatopraxia (técnica de conservación temporal del cadáver), entre otros requisitos. Me atrevo a decir que el 80% de las funeraria no cumplen”, opinó Sánchez.
En la Funeraria La Florida ofrecen el servicio de cremación o incineración, a través de la alianza con una empresa en San Salvador, este servicio tiene un costo superior a los $1,000.
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“En estos días es la mejor opción (incinerar), porque honestamente a nivel funerario no entiendo cual es el problema con la municipalidad migueleña, ellos están haciendo un esfuerzo para poder brindar el servicio adecuado pero se lo están inhabilitando, no sé quién, pero pareciera que viene del gobierno central. Se han inhabilitado cementerios privados y municipales para sepultar fallecidos por COVID-19”, comentó Sánchez.
Agregó que al dolor de las familias por la pérdida del ser querido se suma “más sufrimientos, los cuerpos se apilan en las morgues del hospital y en algunos casos son entregados hasta 3 o 4 días después porque deben de esperar la autorización de Salud para el entierro” puntualizó.
Respuesta municipal
El comunicado de la municipalidad de San Miguel fue publicado luego de que circuló en redes sociales un vídeo grabado por un empleado de una funeraria, la cual brindó el servicio de traslado del cuerpo de una persona que falleció por COVID-19. Al estar en el cementerio general, el empleado aseguró que ni el Ministerio de Salud ni el personal de la alcaldía contaban con trajes de bioseguridad para realizar ese trabajo.
En reacción a esa afirmación, la alcaldía respondió que esa funeraria “no tiene los permisos de funcionamiento municipales vigente, tampoco cuenta con los permisos del Ministerio de Salud, por lo tanto, está inhabilitada para brindar dichos servicios a la población” y agregó que se cobró un cargo adicional al cliente por enterramiento y han sido obligados a cumplir, porque de lo contrario serían procesada.
Empleados de otras funerarias que operan en San Miguel confirmaron que los empleados de la alcaldía no están realizando los entierros, pero no saben el motivo de esa medida.
Sánchez manifestó que el personal del Ministerio de Salud no se ha reunido con representantes de las funerarias para informarles que serán ellos los responsables de enterrar los cadáveres.
“En nuestro contrato no nos comprometemos a realizar el enterramiento, esa es tarea de los cementerio municipales y privados; por el momento son pocos los entierros que hemos tenido que realizar. No nos hemos reunido (con Salud) únicamente se nos contactó al inicio de la pandemia para darnos los lineamientos”, dijo Sánchez.
Durante la pandemia, los lineamientos han sido modificados, “inicialmente se dijo que se iba hacer una especie de transporte funerario pero a medida que ha evolucionado la pandemia cambio un poco, ahora las personas de la morgue no están ayudando a hacer el manejo de cuerpo, que ya está dentro de las bolsas desinfectadas, nos han dejado la responsabilidad del traslado al ataúd, pero eso no es lo que se acordó”, dijo Sánchez.
Un servicio fúnebre de una víctima de COVID-19, con una caja modesta, cuesta entre 500 a 800 dólares, el monto incluye el valor de la caja y el uso de los trajes de bioseguridad.
A ese costo se agrega el pago de $1 por kilómetros si el cuerpo debe de ser trasladado a otro municipio. Algunas funeraria aseguran no hacer el cobro por traslado; otra informó que no hay cobro extra por el uso del traje de bioseguridad.
En San Salvador, las funerarias aseguran que cumplen con el protocolo del Ministerio de Salud, algunas aceptan que cobran un adicional cuando el fallecido es por COVID, otras niegan cobrarlo porque sostienen que aunque incurren en más gastos por los trajes especiales y otros insumos, esos costos entienden que no pueden trasladárselos a sus pariente en un momento de dolor.