El miércoles, en conferencia de prensa, el Ministro de Salud dijo que se iba a investigar la compra por $250,000 en máscaras protectoras a una empresa de la familia de Jorge “Koky” Aguilar Zarco, presidente del Fondo Ambiental de El Salvado (Fonaes), que depende del Ministerio de Medio Ambiente.
“En el caso de la adjudicación de las caretas, se ha solicitado un estudio y recopilación de datos sobre este caso”, dijo al ser cuestionado al respecto Francisco Alabí como si se acabara de enterar sobre el tema. Sin embargo, la firma del ministro está en el espacio destinado al “contratante” en la orden de compra número 144/2020.
Ese día se difundió una investigación del la red de periodismo “Salud con lupa”, según la cual la empresa INSEMA, que vendió las más caras protectoras al Minsal, es propiedad de la familia de Aguilar Zarco, quien antes de convertirse en funcionario había sido conocido como empresario del sector reciclaje, primero con la empresa INVEMA y luego con INSEMA. Esta empresa recibió el material plástico recolectado en la campaña “Reto Recicla” a través de la cual el gobierno recolectó 4.5 millones de botellas plásticas pagando 5 centavos por cada una. Según la investigación de Salud con lupa ese material fue utilizado para elaborar las máscaras que luego adquirió el gobierno.
La orden de compra, disponible en el sitio COMPRASAL, tienen fecha 15 de abril y detalla que el precio unitario de cada máscara es de $2.50. El mismo precio por el que puede ser adquirida una máscara en una tienda de insumos médicos.
La periodista que investigó el caso para Salud con lupa, Cecibel Romero, llamó al Ministerio de Salud y a Jorge Aguilar para pedirles una explicación sobre lo ocurrido, pero no recibió respuesta alguna.
Un abogado conocedor de la LACAP, quien pidió no ser identificado, considera que esto contradice el principio de “economía de escala” establecido en la LACAP. Según este principio, si un funcionario va a comprar $250,000 en máscaras protectoras el precio unitario de estas debería ser menor que si una persona adquiere solo una, diez o doce.
“Tengo un contacto que vende a $1.80 cada mascarilla, tendrían que comprar 400 mascarillas para que me salgan a ese precio. Si el gobierno compra 100,000 ¿a cuánto le deberían de salir?”, ejemplificó.
¿Un acto de corrupción?
Pero lo más grave de la compra hecha por el Minsal es que ha pasado por algo la prohibición establecidas en los artículos 25 y 26 de la LACAP. Según dichos artículos, ningún funcionario ni sus familiares deben presentar ofertas a las instituciones públicas. Además, la reforma que la Asamblea Legislativa hizo al decreto 593 establece: “Todas las disposiciones de la LACAP deberán observarse, excepto las contenidas en este decreto”. Y en ningún artículo del decreto se habla de permitir que los funcionarios o sus familiares vendan bienes o servicios al gobierno.
“Eso está bien grave porque claramente es un acto de corrupción”, afirma el abogado.
La compra de $250,000, según la orden de compra, debía ser entregada en la bodega del Minsal ubicada en el número 827 de la calle Arce, en San Salvador, de forma inmediata.
“Por esta cifra tendrían que haber hecho una licitación pública y un contrato”, explica el abogado. “”Independientemente de que tuvieran situación o no de emergencia, ese es otro tema. El hecho de que exista una emergencia en ningún momento los justifica a ellos para saltarse las restricciones que la LACAP ha planteado”, concluye.
Además de incumplir la LACAP y su reglamento, la compra hecha por el Ministerio de Salud a INSEMA ha irrespetado la Ley de Ética Gubernamental y Reglamento de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, (AFI).