Pasados cinco meses de este año, las mujeres salvadoreñas han permanecido más de 80 días bajo el rigor de una cuarentena domiciliar obligada, la cual, contrario a haberles permitido seguridad y comodidad de estar en el hogar, en algunos casos, las ha expuesto a ser abusadas o violentadas al compartir con sus agresores.
Pero además de ser víctimas, muchas mujeres no han tenido opción de salir en busca de auxilio ante la Policía o la Fiscalía ya que las restricciones de transporte, de movilidad según número de DUI y otras, también han jugado en su contra.
A lo largo de los primeros cinco meses del año, las autoridades de la Fiscalía General de la República, han abierto 2,044 expedientes por denuncias de violencia sexual, más de 300 casos por expresiones de violencia contra mujeres solo en el tiempo de la cuarentena y 152 expedientes por difusión ilegal de información, delito que conforme las redes sociales han ido tomando auge ha ido en incremento.
Patrones culturales e impunidad
En El Salvador, de más de 4,400 casos del año 2018 de todo tipo de violencia contra mujeres, solo en el 10 por ciento de los casos, un poco más de 400, trascendieron a ser juzgados y a que se emitiera una condena judicial contra los agresores, lo que arroja un amplio porcentaje de impunidad.
Como fue hace 100 años, el machismo de los salvadoreños sigue presente y siendo dañino para la sociedad. “Es un hecho que persiste, no es el hecho de que a mí me absolvieron o a mí me condenaron, sino que es el hecho de que prácticamente es una conducta ya cultural, que históricamente el tema del machismo está presente”, advierte Marina de Ortega, Directora Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Otras Poblaciones en Condición de Vulnerabilidad de la Fiscalía General.
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Según ella, ante un patrón como el machismo, no existe un raciocinio de la persona, donde inspire el respeto al cuerpo de la mujer, al cuerpo del niño, de la niña. Sino que yo lo agarro porque bueno, yo soy el hombre y yo mando, ese problema cultural y es en el cual se debe de trabajar”, afirma De Ortega.
Los feminicidios es otro de los delitos que sufren las mujeres y que también ha roto con la cuarentena en varios hogares, habiéndose cometido entre el 15 de marzo y el 10 de junio -en plena cuarentena- al menos 27 casos. A la fecha las autoridades dan cuenta que los asesinatos de mujeres suman 52 tras la primera semana de junio. Solo en enero hubo 12 casos, según los datos de Medicina Legal.
Y de acuerdo con cifras de la Policía Nacional Civil, las muertes violentas de mujeres totalizaron 230 el año 2019, lo que se traduce en incremento de 156 con respecto al año 2018, cuando fueron registrados 386 casos de asesinatos de mujeres.
Imma Guirola, feminista de larga trayectoria, aseguró a un canal de televisión que ante la reducción en cifras de feminicidios, “aparentemente, los números nos dicen que hay menos homicidios de mujeres y feminicidios pero no podemos quedarnos en ello. La violencia contra las mujeres es mucho más que el feminicidio. Y si una se queda aplaudiendo porque hemos reducido el conteo de cadáveres, nos vamos a perder. Es importante reconocerlo, sí, pero más allá de eso la vida de las personas no es un número”.
Una reducción cobijada por la cuarentena
Y si bien los casos de violencia sexual contra mujeres son 600 menos respecto al período de enero-mayo de 2019, la Directora Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Otras Poblaciones en Condición de Vulnerabilidad de la FGR, Marina de Ortega advierte que detrás de esa reducción hay factores derivados del largo confinamiento domiciliar que han impedido a muchas mujeres interponer sus denuncias. Por ejemplo, restricciones de transporte, de movilidad por número de DUI, entre otras.
Pero, además, “hay aspectos eminentemente culturales, donde, por ejemplo, una niña de 12, de 11 años, conviva con una persona adulta se ve como normal en el campo, entonces muchas veces hay ignorancia o el desconocimiento de que eso es un delito, pero la persona adulta sí sabe. Estos hechos también pueden permitir que haya un subregistro de denuncias de casos”, dice De Ortega.
Las desapariciones de mujeres o privaciones de libertad, como lo define la Fiscalía, son otro tipo de violencia contra mujeres y hombres, tanto así que para el año de 2019 sumó 3,209 personas desaparecidas, de las cuales 676 eran mujeres. En el año 2018, la cifra de mujeres desaparecidas fue de 560, según la Policía Nacional Civil.
Silvia Juárez, coordinadora del programa por una vida libre de violencia de Ormusa le dijo hace un par de semanas a la Deutsche Welle que “en tiempos de paz, las desapariciones no deberían existir” y aseguró que “en el caso de las mujeres, no hay paz. Las condiciones de sometimiento, de tortura, de desaparición siguen estando presentes.
Desaparecer personas y que aparezcan muertas era una realidad que se vivía durante el conflicto y es una realidad que se sigue viviendo ahora”.
Y en este apartado las autoridades de Seguridad aseguran que el 65 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas, aparecieron con vida y que solo un 5 % de las víctimas de este delito fueron halladas sin vida, algunas en fosas clandestinas.
Según la directora fiscal, De Ortega, los tipos de violencia que predominan son la violencia entre las familias son las amenazas, violencia sicológica y la violencia física.
En tiempos de redes sociales, De Ortega asegura que hay un delito que siempre ha permanecido, y es la difusión ilegal de información, delito que está contemplado en la LEIV (Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres), el cual radica en que los victimarios -normalmente parejas o exparejas- difunden contenidos de los perfiles o fotos privadas de las víctimas con el afán de denigrarlas, de desacreditarlas o incluso, de relacionarlas con algún hecho delictivo o ataques expresos contra la dignidad.
El año anterior, Samuel Edgardo Escuintla Ardón, de 22 años, fue detenido por tomar fotos íntimas con su celular a su novia, las cuales publicaba en redes sociales y las comercializaba, según la PNC. Y tras la investigación fiscal se supo que el acusado vendía las fotografías por la red social WhatsApp por $10.00. Este sujeto enfrenta un proceso por delitos de difusión de pornografía y revelación indebida de datos o información de carácter personal.
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Este año, ese delito de las redes sociales tiene una leve disminución pasando de 157 denuncias 152 (hasta el 31 de mayo). Igual que en los anteriores, la directora fiscal advierte que pasada la cuarentena se podría desbordar las sedes fiscales debido a la tramitación de denuncias.
Este delito se configura cuando “se utiliza información sin el consentimiento y sin la autorización de los dueños de las cuentas” de las víctimas, dice Marina de Ortega.