Organizaciones que evalúan el desarrollo a nivel nacional e internacional, bajo distintos modelos de estudio de la pobreza, subrayan que tras la pandemia por la COVID-19 muchos hogares que estaban en situación económica estable caerán en el umbral de la pobreza, mientras que para otras familias esta situación se profundizará.
Entre las organizaciones que hacen este señalamiento están el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El Salvador Cómo Vamos, así como el Centro de Progreso Social, iniciativa apoyada por la Fundación Poma, y la Escuela Superior de Economía y Negocios.
Mario Chávez, coordinador del Observatorio El Salvador Cómo Vamos, expresó que a la luz del modelo que ellos aplican para estudiar la calidad de vida en el país, se mide una serie de dimensiones e indicadores, entre ellos educación, trabajo, salud, medio ambiente, seguridad, acceso a energía eléctrica; así como la percepción o satisfacción que tienen las personas sobre los bienes y servicios que reciben.
Chávez, durante el foro virtual que esa entidad impulsó bajo el nombre “Abordaje multidimensional del impacto de la crisis del COVID-19 en los Hogares de El Salvador”, afirmó que “aquellas poblaciones que están en mayor precariedad y vulnerabilidad van a ver agravadas sus condiciones” por el incremento del desempleo.
El investigador señaló que si bien para 2018 la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples reportaba una tasa de desempleo cercana a 7 % a nivel nacional, ya en la Encuesta de Calidad de Vida que llevaron a cabo en 2019 solo en el municipio de Mejicanos esta marcaba un 12 % y los más afectados por este fenómeno eran jóvenes de entre 16 y 24 años.
Los datos provistos por Chávez destacaron que en San Marcos, otro de los municipios del Área Metropolitana de San Salvador en donde llevaron a cabo otro estudio, 69 % de trabajadores eran informales.
Manifestó que previo a la crisis otros municipios enfrentaban retos, como el caso de Santa Tecla, que aun siendo de los que tiene más recursos no había logrado el 100 % de conectividad, mientras que Apopa lidiaba con bajos indicadores de escolaridad de los adultos en hogares con niños.
Además, consideró que esas dos problemáticas son parte de los fenómenos que en medio de esta crisis han coartado los esfuerzos en materia educativa, debido a que muchos escolares no tienen acceso a Internet para avanzar con educación virtual, ni el apoyo de un adulto en su formación en casa. “Esto definitivamente puede tener un impacto directo en los niveles de aprendizaje de la población estudiantil”, acotó.
Pobreza multidemensional
En una visión más general, Rodrigo Barraza, coordinador del Informe de Desarrollo Humano, del Programa de Naciones Unidas para El Desarrollo (PNUD), explicó que antes de 2018 cerca del 28.8 % de los hogares (2.2 millones de salvadoreños) estaban en situación de pobreza multidemensional.
La pobreza multidimensional, como la mide dicho organismo, implica privaciones en áreas como educación, vivienda, trabajo y seguridad social, salud, servicios básicos, seguridad alimentaria y calidad de hábitat.
Sin embargo, Barraza señaló que posterior a esta crisis hay cuatro tipo de hogares que se llevarán la peor parte y requerirán especial atención de la política pública, tal es el caso de los que tienen déficit en todos los campos mencionados; aquellos que tienen a mujeres como jefas de hogar; los que sostienen adultos mayores de 60 años y los que dependen de remesas.
Según indicó, a pesar de que entre 2014 y 2018 la pobreza multidimensional tuvo una reducción, porque pasó de afectar a 35.2 % de los hogares a 28.2 %, “todavía a nivel de áreas geográficas de residencia hay diferencias importantes entre el área urbana y rural” y es ésta última la que está en más desventaja.
Barraza expuso que, en el análisis hecho por ese organismo, identificaron que los hogares pobres multidimensionales (con todas las carencias) se ubican más en Ahuachapán, Morazán y La Unión; mientras los que tienen jefaturas de mujeres (monoparentales) en San Vicente, Cabañas y Cuscatlán.
Agregó que los hogares con adultos mayores de 60 años dependientes se concentran en La Unión, Morazán, Cabañas y San Vicente; y los que tienen privaciones y dependen de remesas, en la zona oriental, particularmente en La Unión, aunque también en Cabañas.
En su intervención durante el foro, el experto dijo que han propuesto medidas sanitarias que están encaminadas a que, durante y posterior a la crisis, se solvente el tema de falta de acceso a agua potable, para lo cual se necesita identificar a las comunidades más afectadas por la falta de ese servicio y crear planes de aprovisionamiento para comunidades vulnerables.
Otra de las sugerencias que hace la organización es que también se identifique rápidamente a la población adulta mayor, además de campañas de información sobre accesos a servicios de salud.
El impacto en lo económico y social
El Centro para el Progreso Social también ha expresado en otro análisis, hecho a partir del Índice de Progreso Social (IPS) y enfocado en los hogares más vulnerables, la preocupación por el golpe económico y social.
Manuel Sánchez, director del mencionado centro, manifestó que el índice está construido a partir de doce componentes, agrupados en tres dimensiones que representan la definición de progreso social. Estas son garantizar un estado de salud y de nutrición adecuado, servicios de agua y saneamiento, y vivienda y servicios adecuados, vivir en un país seguro.
Sánchez afirmó que los efectos de la pandemia se ven por dos vías: una es que al paralizarse la economía las personas dejan de generar ingresos por la suspensión o pérdida de sus empleos, lo que significa una caída muy grande en la capacidad de los hogares; y la segunda es que por la misma caída económica las finanzas del gobierno se afectan y tiene menos capacidad para obtener recursos a través de deuda pública para financiar la crisis y adoptar medidas compensatorias.
Sánchez coincidió con el representante del PNUD en el hecho de que la caída de las remesas se suma al problema, porque solo en abril estas habían caído un 50 %, lo que viene a reducir más los ingresos de las familias.
“Queremos enfatizar un hecho importante: esta es una crisis económica, pero también es una crisis de bienestar social y ese impacto se va a ver de manera más prolongada y más en el mediano plazo”, citó.
Sánchez advierte que incluso si la economía empezara a recuperarse en el segundo semestre de este año o a principios del próximo año, el impacto en el progreso social puede ser muy fuerte y duradero.
En ese contexto no descartó que el país tenga un retroceso en logros importantes que se han tenido en varias áreas, por ejemplo en nutrición, salud preventiva y de primera línea, acceso a la educación, y en la protección del estado de Derecho y libertades individuales.
“El sistema educativo enfrenta un riesgo muy importante no solo en la caída de la matrícula, por el empobrecimiento de los hogares y por el formato en línea, sino también por la caída en la calidad de la educación”, explicó.
Agrega que el llamado a las autoridades y a los hacedores de políticas públicas es que, más allá de la pandemia y a pesar de las limitaciones de recursos, se haga un esfuerzo por no descuidar esos servicios sociales que son esenciales para no decaer en progreso social.
“Un segundo mensaje que es vital transmitir es que en la gestión de la crisis y la etapa de recuperación necesita de datos de calidad, que además sean oportunos, que sean públicos y transparentes para tomar decisiones adecuadas”, citó.
Al igual que sus colegas, Sánchez insistió en que contar con los datos oportunos y públicos es clave para poder priorizar, debido a que el país enfrentará una situación de gran carencia de recurso y múltiples necesidades por atender.