Tras el fallo de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional el decreto ejecutivo número 29 mediante el cual el gobierno extiende por 15 días más la cuarentena domiciliar, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, dijo que la institución velará por su debido cumplimiento.
Melara señaló que ahora la misión es “velar porque nadie incumpla lo ordenado” y si esto ocurre actuará de manera inmediata.
“Nuevamente, la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo tienen la oportunidad y obligación de ponerse de acuerdo para emitir una Ley que vele por la salud y respete los derechos fundamentales de los salvadoreños”, agregó Melara.
Ante el pronunciamiento del Fiscal, Mario Ponce, presidente de la Asamblea señaló por su parte que están listos para sentarse nuevamente con la Presidencia. “Hay elementos suficientes para llegar a acuerdos con el Ejecutivo”, agregó mientras reitera que en la Asamblea no han cerrado las puertas al gobierno central.
Gobierno amplía cuarentena con decreto de dudosa legalidad
“La sentencia de la Sala está buscando que no se sigan violentando derechos humanos. No se puede justificar en una pandemia la violación de los derechos humanos”, sentenció.
El fallo del máximo tribunal emitido el lunes por la noche dio cuatro días más de vigencia a la actual cuarentena para que los dos órganos del Estado puedan encontrar acuerdos para la aprobación de una ley apegada a la Constitución y sin violación a los derechos humanos.
La Sala establece que el “Órgano Ejecutivo en el ramo de salud carece de competencia para emitir una normativa que suspenda derechos fundamentales“.
Agrega que si después de ese plazo de 4 días el Ejecutivo y el Legislativo no han acordado un proyecto amparado en la Constitución y el reconocimiento de derechos, “se permitirá la libre circulación inmediata y se generaría el riesgo razonable de diseminación de COVID-19”.
Sobre decreto 29
El 2 de junio fue publicado el decreto 29 emitido por el Ministerio de Salud, el cual extiende el alcance de la cuarentena domiciliar hasta el 15 de junio.
Este mantiene las restricciones de movilidad y la suspensión del transporte público además del envío a un centro de salud a las personas que violenten la cuarentena domiciliar a quienes se les practicará la prueba del COVID-19 en un plazo de 12 horas, y el envió a un centro de contención a quienes den positivo o sean sospechosos de contagio.
Abogados ya habían señalado que este decreto daba continuidad a la “ilegalidad” e “improvisación” con la que el Ejecutivo ha venido manejando la emergencia por coronavirus.
Javier Castro, director de Estudios Legales de Fusades, calificó el decreto, en declaraciones anteriores, como “inconstitucional” por la arbitraria atribución de funciones que hace el Ejecutivo.
A juicio del presidente de Acción Ciudadana Humberto Sáenz, aludir al Código de Salud no elimina la invasión de funciones y muestra que aún no hay colaboración entre el Legislativo y el Ejecutivo.