Las ilegalidades y violaciones de los derechos humanos cometidos por el Estado desde que iniciaron las restricciones por la pandemia de COVID-19 provocaron que los ciudadanos acudieran a la Sala de lo Constitucional, la cual ha recibido 330 peticiones de Hábeas Corpus, 61 amparos y 60 demandas de inconstitucionalidades entre el 13 de marzo al 27 de mayo pasado.
La cifra de hábeas corpus casi se compara a la que regularmente recibe el máximo tribunal durante todo el año, la cual ronda los 400.
La mayoría de demandas fueron presentadas por supuesta violación a la libertad de tránsito de los ciudadanos, ya que muchos fueron enviados ilegalmente a los centros de contagio. Otra causa que llevó a demandar fue la prohibición de libre tránsito al permanecer en esos lugares por mucho tiempo sin un amparo legal, según los documentos.
Otros expusieron la violación al derecho a la salud, ya que a muchas no se les atendió correctamente y se contagiaron en el interior de los más de 80 centros de retención.
La primera demanda de Hábeas Corpus fue presentada a favor de 55 ciudadanos que venían de otro país, en la primera semana que el presidente Nayib Bukele ordenara la creación de estos centros en Jiquilisco y en la Segunda Brigada de la Fuerza Aérea Salvadoreña.
En la mayoría de resoluciones de Hábeas Corpus, el gobierno no cumplió con las medidas que la Sala de lo Constitucional emitió en favor de los denunciantes al admitir las demandas, y ordenar la libertad “de inmediato” de aquellos retenidos que no se les haya probado que son fuentes de contagio.
El presidente, en Twitter, ha respondido a la Sala en reiteradas ocasiones que no acata las órdenes argumentando que sus decisiones son “por el bien y la salud de todos los salvadoreños y se ha quejado de que le están “quitando facultades para luchar contra la pandemia”.
Ha acusado a los magistrados de “ordenarle dejar morir a gente”, cuando estos están dejando en firme las cuarentenas decretadas por el Ejecutivo, pero recordando que ninguna medida puede darse fuera de la legalidad y en oposición al mandato constitucional.
Luego de cuestionar y rechazar las resoluciones, el mandatario ha dicho que acatará pero la gente sigue en los centros de contención.
Las decisiones de Bukele han provocado críticas tanto dentro como fuera del país. Por ejemplo, la misión de Naciones Unidas en El Salvador llamó a respetar los frenos y contrapesos. Human Rights Watch denunció el desacato y solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) tomar acciones.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también ha señalado una y otra vez las vulneraciones de los derechos de los ciudadanos retenidos por el Ejecutivo.
Los casos
Una de los casos más conocidos de vulneración que llegó a las manos de los magistrados de la Sala es una demanda a favor de Cindy R. quien fue detenida cuando acompañaba a su hijo de cuatro años al baño de su casa, afuera de su casa. La Policía la acusó de violar la cuarentena, pero la Sala ordenó ponerla en libertad, sin embargo, el gobierno no cumplió la orden de inmediato.
Los magistrados también atendieron solicitudes de mujeres embarazadas, personas de la tercera edad con enfermedades crónicas, amas de casa, profesionales y de familias enteras.
Una de las demandantes significativas fue la de una mujer de 36 semanas de embarazo y más de 37 días de estar retenida en un centro de contención. A pesar de que ya le hicieron cuatro pruebas del COVID-19, las cuales resultaron negativas, Salud Pública no le permitieron irse a su casa cuando lo ordenó la Sala.
Las demandas de inconstitucionalidad también permitieron que los magistrados pararan las acciones del presidente Bukele y varias alcaldías, entre ellas, la militarización y toques de queda en 12 municipios. Además de la ampliación de decretos por la emergencia, sin el aval de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, el gobierno ha tomado decisiones contrarias como la del 16 de mayo, cuando amplió el estado de emergencia usurpando funciones de la Asamblea Legislativa.
Dos días después, ese decreto fue suspendido por la Sala al aceptar una de las demandas de inconstitucionalidad que fue presentadas.
La Sala emitió varios mandatos al Ejecutivo durante la pandemia, por ejemplo, le ordenó a elaborar un registro de todas las personas privadas de libertad en un plazo máximo de cinco días hábiles. También le dio tres días hábiles para remitirle una lista completa con nombres, cargos y centros de retención respectivos (con su ubicación, denominación y datos de contacto) de las personas que están administrando o que son responsables de cada uno de dichos lugares.
El mandato de la Sala de lo Constitucional fue blindar a la población ante abusos de autoridad, como detenciones fuera de la ley o decomisos irregulares de vehículos, violaciones al acceso a la salud, libertad de tránsito entre otros durante la emergencia.
Embarazada es confinada pese a prueba negativa y sin tener síntoma
Una madre de familia ha pasado más de 40 días en un centro de contención a pesar de que le realizaron cuatro pruebas de COVID-19, las cuales resultaron negativas. Lo más grave del caso es que tiene 37 meses de embarazo, pero Salud Pública, hasta el viernes anterior, no le permitía cumplir cuarentena en su casa.
La ciudadana, ante el miedo de contagiarse del virus en el centro, acudió a la Sala de lo Constitucional y presentó un Hábeas Corpus por encontrarse en una “situación que le vulnera sus derechos de libertad y de integridad física”.
Los magistrados admitieron la petición de la mujer y ordenaron su libertad inmediata y fuera enviada a su casa a cumplir cuarentena, bajo el argumento de que se afectaba irremediablemente los derechos a la libertad personal, integridad y salud, sobre todo para la mujer y su bebé en gestación.
La ciudadana había ido al hospital tras presentar una molestia por la presión, sin embargo, el personal de salud le dijo que le harían la prueba del COVID-19 y luego la llevarían al hospital del Seguro Social Amatepec, de Soyapango, porque era “sospechosa de portar el virus”, lo cual le pareció raro porque no tenía ningún síntoma.