La Policía intensifica controles vehiculares para verificar cumplimiento de cuarentena

Pese a que el Gobierno amplió por otros 15 días la cuarentena con un decreto de dudosa legalidad, que restringe derechos fundamentales sin pasar por la Asamblea, la PNC instaló alrededor de 800 retenes a nivel nacional.

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Un reten policial fue colocado sobre la carretera Los Chorros como parte de las medidas de restricción de movilidad. Foto: David Martínez

Por Hasmed Sermeño / David Martínez

2020-06-08 9:20:55

Las calles y carreteras de El Salvador amanecieron con fuertes dispositivos de seguridad vial. La medida corresponde a que las autoridades están corroborando que los ciudadanos cumplan con las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno para evitar la propagación del COVID-19.

Amparados en el decreto ejecutivo 29 que establece las medidas extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio nacional como zona sujeta a control sanitario, varios funcionarios supervisaron de primera mano los controles vehiculares.

Esto pese a que juristas han advertido sobre la ilegalidad de este decreto, ya que el Ejecutivo restringe derechos fundamentales sin pasar por el Congreso.

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Un agente verifica si el motociclista cuenta con la documentación requerida para poder transitar. El retén policial se instauró en la carretera Los Chorros. Foto: David Martínez

El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas se hizo presente a la zona de El Salvador del Mundo para verificar la medida. El funcionario reiteró que“Quienes incumplan las medidas sanitarias  serán llevados a la unidad de salud más cercana para que puedan pasar una revisión médica, y determinar si es conducida a su casa o pueda ir a un centro de contención”.

“Los controles vehiculares obedecen a que las personas que puedan circular sean de acuerdo con el número de DUI establecido, a fin de cortar la cadena de transmisión de COVID-19”, recalcó Rivas.

Al respecto, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Sección El Salvador también se pronunció en un comunicado y consideran que el Decreto Ejecutivo 29 es nulo, pues restringe derechos sin base en una ley.

Alrededor de 800 retenes fueron instalados en zonas como la carretera Los Chorros, bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero, la zona de La Gloria, bulevar del Ejército, Cojutepeque, entre otros.

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El retén ubicado en la carretera de Los Chorros generó fuerte congestionamiento, sobre todo a la altura de la entrada de Santa Tecla. La policía es minuciosa a la hora de revisar los documentos de las personas que transitan esta arteria.

Sin embargo el retén instalado sobre el bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero, sentido hacia San Salvador el control fue un poco menos riguroso.

Los requisitos que debe cumplir son: portar la tarjeta de Circulación, carnet de la empresa, carta de autorización de la empresa y DUI si se dirigen a comprar.

Otro de los requisitos que deben cumplir es evitar las aglomeraciones al interior de un vehículo. Sin embargo se verificó que algunos de los buses que transportan personal médico y empleados del MOP sobrepasa la cantidad de pasajeros.

Algunos pasajeros, que se conducían en un bus de la ruta 202, aseguran que no les han proporcionado suficientes unidades del transporte para que los trasladen. Foto: David Martínez

Abogados señalan ilegalidad de restricciones de movilidad

“El Ejecutivo insiste en restringir derechos fundamentales, una facultad que solo le corresponde a la Asamblea Legislativa”, señaló días atrás sobre el nuevo decreto 29 que extiende la cuarentena obligatoria hasta el 15 de junio el presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz.

A su juicio, aludir al código de salud no elimina el vicio de limitar derechos sin tener la facultad de hacerlo y muestra que aún no hay colaboración entre el Legislativo y el Ejecutivo.

A esto se sumó Javier Castro, director de Estudios Legales de Fusades, quien consideró “inconstitucional” el decreto por la arbitraria atribución de funciones que hace el Ejecutivo.

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“El DE 29 restringe la movilidad de toda la población y a lo largo del país sin tener cobertura legal para ello, pues esto procede solo bajo un régimen de excepción declarado por la Asamblea Legislativa, por lo que al imponerse arbitrariamente una suspensión generalizada de la libertad de movimiento, podemos decir que estamos frente a un régimen de excepción de facto”, explicó Castro y añadió que “también se está restringiendo vía decreto ejecutivo la libertad económica, y ello solo procede mediante decisión de la Asamblea Legislativa”.