A pesar de que una de las promesas de campaña de Nayib Bukele fue enfrentar la corrupción en su Gobierno, ya pasó un año y no ha nombrado al comisionado presidencial contra el mal manejo de fondos públicos, un punto esencial de su Plan Cuscatlán de gobierno.
Durante su campaña, tomó como pilar la lucha contra la corrupción con la frase “el dinero alcanza cuando nadie se lo roba”, y llegó a decir que él mismo metería a la cárcel a cualquier funcionario de su Gobierno que desviara fondos públicos.
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Pero esa promesa aún dista mucho de la realidad, pues un año después vemos a un presidente más enfrascado en atacar cada vez que puede a quienes ejercen control a su gestión, principalmente a los diputados de oposición y en los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Perfil con probidad
La figura del comisionado anticorrupción se perfiló como una de honorable reputación, un personaje de la oposición con altas credenciales éticas. Sin embargo, no ha sido nombrado por Bukele, lo que refuerza la idea de que su compromiso por la transparencia en las instituciones públicas no es prioritario. Estas instancias, de hecho, se han blindado más para bloquear el acceso a información en el contexto del COVID-19.
Para ejemplo, hay poca vigilancia sobre las obras del hospital que se construye en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO, al cual solo tienen acceso los trabajadores y los comunicadores oficiales del Gobierno, incluyendo a los fotoperiodistas de la Presidencia de la República.
Plan Cuscatlán, una propuesta que no es plan de gobierno
En campaña Bukele usó el Plan Cuscatlán y la retórica anticorrupción para venderse como una persona que lucharía contra cualquier acto que afecte las finanzas públicas. Esto sirvió para convencer a los salvadoreños cansados de los robos millonarios de administraciones anteriores de que venían sustanciales cambios.
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Pero el mismo Bukele ha aceptado en su primer año que el Plan Cuscatlán no era un plan de gobierno, y eso se ha evidenciado en todas las carteras de Estado.
Tanto Fusades como Transparencia Internacional (adscrita a Alac-Funde) han expresado que la administración de Nayib Bukele ha mostrado un nubarrón en las contrataciones del Estado durante la emergencia del COVID-19.
Además, desde el inicio de su gestión, no se ha transparentado las contrataciones de sus funcionarios de su Gabinete, especialmente los más cercanos. Luego de varios meses de asumir estos cargos, no existía información de sus salarios ni se había cumplido del todo la ley de Enriquecimiento Ilícito que ordena presentar declaración de patrimonio.
Algunos funcionarios usaron la figura “ad honorem” para anunciar que no cobraban por su trabajo en el Gobierno, pero con el tiempo se descubrió que usaban otras plazas dentro del mismo Ejecutivo.
Uno de ellos, quizá el más notorio, es el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, quien decía ser ad honorem pero aceptó en una entrevista que sí cobraba. Documentos oficiales dan cuenta que su plaza es, de hecho, de $8,000 al mes.
Bukele y funcionarios No declararon sus bienes en tiempo
A raíz de una investigación de El Diario de Hoy se evidenció que el mismo presidente y varios de sus ministros no presentaron en tiempo, tal y como lo exigen la Ley de Enriquecimiento Ilícito, sus declaraciones de patrimonio a la Sección de Probidad de la CSJ.
Sin actualizar Portales web
De la misma forma, pasaron varios meses para que las instituciones actualizaran la información oficiosa sobre los salarios de sus funcionarios.
Destituyeron a oficiales de información
La nueva administración, de entrada despidió a varios Oficiales de Información, de acuerdo a información y denuncias recibidas por el Instituto de Acceso a la Información Pública.
¿Oficial de Información del MOP?
Durante la emergencia por el COVID-19, ha trascendió la separación de la oficial de Información del Ministerio del Ministerio de Obras Públicas, dato que no ha sido confirmado oficialmente.