Las administraciones de Mauricio Funes y de Salvador Sánchez Cerén no son recordadas por ser gestiones de puertas abiertas. En ambas, hubo esfuerzos por entorpecer el acceso a la información y la rendición de cuentas. Por ello, la promesa de nuevas ideas y el enfoque en la campaña de Nayib Bukele de combatir prácticas del pasado entusiasmó a quienes pensaron ver un cambio claro de rumbo.
En su primer año en el poder, sin embargo, la administración Bukele no solo ha obstaculizado la información, sino que también ataca a ciudadanos y a periodistas que se atreven a investigar y cuestionar.
Desde un inició, este gobierno no actualizó la información pública que debe estar en los portales de información, como perfiles de funcionarios, sus contratos y salarios; así como contratos y licitaciones. Varios meses pasaron para que colocaran la información pública a cuenta gotas, muchas veces incompleta. Lo que sí ordenó la Presidencia de Bukele fue colocar la etiqueta de reserva a muchas áreas de Casa Presidencial, secretarías y ministerios.
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Además, destituyó a 13 oficiales de Información de diferentes carteras de Estado, algo en su momento fue confirmado por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
La Presidencia de la República sustituyó a su oficial de Información, Pavel Benjamín Cruz Álvarez, el 31 de julio de 2019 y nombró a Gabriela Nohemy Gámez Aguirre, quien ejerce el puesto desde el 1 de agosto. De igual manera hubo cambios en los ministerios de Defensa, Medio Ambiente, Educación y Relaciones Exteriores; en ANDA, la Autoridad Marítima Portuaria, Fovial, Bandesal, Cifco, CEPA y Fonavipo.
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El mismo Instituto de Información Pública cuestionó los despidos y Acción Ciudadana afirmó que esperaba que los cambios no fueran para obstaculizar el acceso a la información y revelar solo datos convenientes para el Gobierno.
Casos icónicos
Los esfuerzos por ocultar el financiamiento de los tristemente célebres viajes del director de Centros Penales, Osiris Luna, a México y Estados Unidos, evidenciaron que la transparencia no es una prioridad en la actual administración. Esto llevó al Ejecutivo a hacer múltiples maniobras por justificar lo que a ojos de diversos observadores era opaco e inaceptable.
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De igual manera, con el manejo de las compras y contrataciones millonarias que hace el Gobierno ante la pandemia del COVID-19, se evidencia que la información ha sido limitada. Sumado a eso, en los decretos legislativos a solicitud de Bukele, se eliminó la obligatoriedad de plazos para la entrega de información, de manera que el Ejecutivo maneja a su antojo la entrega de información.
Los mismos diputados de la Asamblea Legislativa no han recibido los informes correspondientes y completos de información por parte del Gobierno en el manejo de la emergencia del COVID-19 y lo más grave, es que el ente contralor (la Corte de Cuentas de la República), se ha quejado del bloqueo a información vital para el desarrollo de auditorías del manejo de fondos por la emergencia.
Una “política institucional”
De acuerdo a Wilson Sandoval, de Transparencia Internacional, adscrita a Funde, se aprecia una política institucional para evitar dar información.
Por su parte, el Consorcio por la Transparencia, que aglutina a Funde, DTJ, Fusades, CEJ y Techo, ha expresado su preocupación por las limitantes que pone en el Gobierno a la información pública, lo que coincide con otras organizaciones que denuncian un retroceso en la materia.
“Se le exhorta (al presidente Bukele) a cumplir con las obligaciones que le impone la Ley de Acceso a la Información Pública y además entregar información sobre el manejo de los fondos públicos a la Corte de Cuentas de la República, para que pueda fiscalizar adecuadamente”, señalan ante los bloqueos por parte del Ejecutivo.
El consorcio agrega que la Asamblea Legislativa le aprobó a Bukele una “suma millonaria de fondos para atender la emergencia, por lo cual la rendición de cuentas sobre su gestión y manejo se vuelve fundamental, para asegurar el uso correcto de los recursos públicos y evitar actos de corrupción. Además, constituye una obligación incluida en varios decretos legislativos aprobados en el marco de la emergencia”.
No obstante, el Gobierno ha dilatado los informes del manejo de la emergencia. Obras Públicas y el Ministerio de Salud han enviado a los diputados información limitada e incompleta que hace dudar mucho de la forma cómo se han desarrollado los procesos de contratación y compra directa, amparados en la emergencia.
Las emergencias son caldos de actos de corrupción, ha dicho en reiteradas ocasiones Transparencia Internacional. Por tal razón, el Consorcio le pide al Fiscal General, Raúl Melara, que se investiguen los actos en los que existan indicios de corrupción en el manejo de los fondos públicos otorgados para la emergencia y que ante las actuaciones de funcionarios en contra del ordenamiento jurídico y ante el cometimiento de conductas que puedan constituir delitos, promueva la acción penal.
A la Corte de Cuentas, el Consorcio le exige que dé a conocer de forma progresiva los avances de los resultados de las auditorías que está practicando, ya que ello fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, “pero también la confianza ciudadana de que el Gobierno está utilizando correctamente los fondos públicos, sin perjuicio de dar a conocer informes finales de auditoría cuando estos estén concluidos”.