El gobierno de Nayib Bukele le atribuye la reducción de los homicidios al plan Control Territorial (PTC), pero analistas en seguridad pública y residentes en zonas de persistencia pandilleril coinciden en que no ha sido capaz de arrebatarles los territorios a las pandillas.
Carlos Ponce, criminólogo y columnista de El Diario de Hoy, señala que a pesar de la reducción de homicidios, hay varias señales que indican que el control territorial de las pandillas permanece intacto.
“La menor incidencia delincuencial no indica que dichos grupos son débiles, al contrario, indica que son muy organizados y que ejercen un control territorial robusto. Este parece que es el caso de El Salvador”, advierte.
Ese control “robusto” del que habla Ponce se traduce en el hecho de que delitos como la extorsión permanecen intactos.
Otro de los factores que indican que el PCT no ha sido muy efectivo en las colonias o comunidades con persistencia de pandillas porque la cantidad de personas que han tenido que emigrar de manera forzada llega casi al medio millón en 2019, según el Observatorio de Monitoreo sobre Desplazamiento Forzado (IDCM, por sus siglas en inglés).
Este organismo asegura que El Salvador registró 455,900 personas víctimas de desplazamiento forzado interno durante el 2019.
De éstas, 1,900 casos por causa de desastres y 454,000 por situaciones de violencia. La actividad delictiva de las pandillas, la violencia estructural, la inseguridad generalizada, las respuestas duras del estado en materia de seguridad, la corrupción y una cultura de impunidad han sido identificadas como las causas de desplazamiento interno y transfronterizo en la región.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) procesó 170 denuncias de familias que fueron forzadas a desplazarse de su lugar de residencia por las pandillas en 2019.
De ese total, 109 familias habían sido desplazados de su lugar de residencia y otras 61 estaban en riesgo de ser desplazadas. Los casos denunciados corresponden a 494 víctimas de desplazamiento forzado.
Control hasta en cuarentena
Pedro reside en una colonia plagada de pandilleros situada al Oriente de San Salvador. Él aseguró que “los cipotes siempre se mantienen en las entradas de la colonia, vigilando a las personas que entran y se supone que estamos en cuarentena, pero ellos se escabullen cuando pasan los policías y soldados, pero luego vuelven a lo mismo”.
La PDDH detalla que 119 de las víctimas tenía entre menos de un año y 17 años de edad. Otras 183 víctimas tenían entre los 18 y 40 años; mientras que hubo 105 afectados entre los 41 y 65 años. El resto más de 65 años y 12 víctimas de la comunidad LGTBI.
Señala el informe que 229 personas recibieron el acompañamiento y asistencia jurídica; mientras que se hicieron 46 intervenciones psicológicas a 21 mujeres, 11 hombre, 3 niñas, 4 niños, 4 adolescentes y 3 adultos mayores.
Las personas atendidas corresponden a casos registrados en la PDDH entre los años 2017 y 2019.
Extorsiones siguen a pesar de emergencia por el coronavirus Cifras de la Fiscalía General detallan que se recibieron 613 denuncias de extorsión entre el 1 de enero y el 14 de mayo de este año.
Ese dato es menor con respecto al mismo período del año pasado en el que se contabilizaron 899 casos recibidos.
Aun cuando hay una reducción de denuncias, la extorsión persiste a pesar de la cuarentena domiciliar obligatoria, porque las víctimas prefieren pagar la extorsión que buscar ayuda en la Policía o Fiscalía, según fuentes fiscales.
Un informe de la Fiscalía General detalla que en la cuarentena parcial del 16 al 20 de marzo, el ente fiscal recibió 36 denuncias de extorsión; mientras que en ese mismo período de 2019 se les reportó 31 avisos.
Otro período de análisis que hace la Fiscalía corresponde a la cuarentena domiciliar obligatoria (21 de marzo al 14 de mayo) en el que recibieron 95 casos de extorsión.
En este período, pero de 2019, la diferencia con 2020 es significativa porque se registraron 362 denuncias.
Detalla el informe que entre el uno de enero y el 15 de marzo, período en el que no había entrado la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, se habían recibido 482 avisos de extorsión; mientras que en el mismo período del año pasado se abrieron 506 casos por ese delito.
El comportamiento de la extorsión en 2019 fue superior al del 2018.
En el año 2019, el ente fiscal registró 2,598 extorsiones; mientras que en 2018 procesó 2,217 casos, es decir, que el año pasado se registraron 381 denuncias más por ese delito que un año antes. El delito de extorsión aparece en la casilla número 11 del listado de los 20 delitos de mayor incidencia en 2019.
En marzo, el fiscal general, Raúl Melara, aseguró que la extorsión es un delito que se mantiene y que “es un reto que como país debemos de afrontar y en el cual las instituciones debemos de trabajar para poder reducir los índices de este delito”.
Reveló que en abril pasado se impulsaría un plan integral contra las extorsiones en el que se involucrarán Fiscalía, Policía y el sector privado.
Fusades advierte manejo político de la seguridad pública
La militarización de la Asamblea Legislativa que hiciera Bukele, el 9 de febrero pasado, para forzar a los diputados a que le aprobaran un préstamo de $109 millones para la seguridad pública fue “la máxima expresión del uso político de la seguridad para mostrar, según el mandatario, la falta de respaldo de los diputados”, señala Fusades en su informe del primer año de gobierno de Bukele.
Agrega que ese uso político que Bukele y algunos funcionarios de gobierno le dan a la seguridad pública trasciende a “promover la confrontación con cualquier sector social, académico, partidario o de opinión que discrepe o disienta de la gestión del Ejecutivo”.