A un año de gobierno del presidente Nayib Bukele, temas como la salud, la economía y la transparencia tambalean en medio de una de las crisis sanitarias sin precedentes que hasta el 30 de mayo dejaba 46 muertos por COVID-19, 2,395 contagios y un sistema de salud público que, de acuerdo al Ejecutivo, está a punto del colapso.
Faltando poco tiempo para cumplirse este plazo los órganos Ejecutivo y Legislativo mediaban fuerzas en una maratónica discusión en busca de consensos para la aprobación de la nueva ley sanitaria y de reapertura gradual de la economía que llegó al pleno sin acuerdo en puntos medulares de la normativa, después de seis días de intenso debate. La normativa fue aprobada el sábado 30 de mayo por la noche.
El principal tema que entrampó esas discusiones fue el tiempo que duraría la cuarentena domiciliar. El Ejecutivo defendió hasta el último aliento 15 días de confinamiento con apertura a partir del 13 de junio, mientras que la Comisión Política, después de una jornada de 24 horas consecutivas y con una propuesta de apertura económica para el 8, optó por iniciar plenaria para la aprobación de la ley sin que hubiera acuerdo y continuar la discusión en el pleno pese a la amenaza del presidente Bukele de vetarla. Esta era la segunda vez que el mandatario amenazaba con vetar una ley sin antes haberla conocido.
Para muchos analistas, el primer año de gestión de Nayib Bukele se ha visto marcado por el autoritarismo, la falta de transparencia y la improvisación.
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La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) señala en su informe “El Salvador. Año Político” que hay suficientes elementos para determinar que el presidente ha tenido un comportamiento autoritario durante su primer año de gobierno, y que el desafortunado 9F fue una clara señal de esto.
El manejo de la pandemia, los atropellos a la institucionalidad y la falta de transparencia en el manejo de los fondos son temas que han marcado los primeros 12 meses de gestión del presidente Bukele. El tema de seguridad también ha marcado un antes y un después durante la actual administración así como el bloqueo y falta de información a la prensa.
Ante este panorama, detallamos lo bueno, lo malo y lo feo del primer año de gobierno de Nayib Bukele:
Lo bueno
En materia de seguridad el presidente Bukele ha logrado en un año reducir los índices de homicidios y el accionar de las pandillas. En el 2019, cuando el mandatario llegaba al poder, El Salvador mantenía un promedio de 9 asesinatos diarios los cuales eran cometidos principalmente por ataques internos entre las principales pandillas, según fuentes oficiales.
En los tres primeros meses se logró bajar la cifra a un promedio de cinco (según datos de la PNC) con un plan de seguridad que intervino la comunicación en las cárceles e implementó estados de emergencia en los 28 centros de retención de donde salían gran parte de las órdenes de asesinatos; policías y militares se apostaron en los municipios con mayor índice de violencia en el afán de recuperar las zonas controladas por las pandillas. Los ataques a elementos de las fuerzas de seguridad también han ido a la baja.
Pese a que la tendencia de los homicidios se ha mostrado en descenso , el tema los desaparecidos aún es materia pendiente del actual gobierno, durante los dos primeros meses de 2020 estos superaban el número de asesinatos diarios. La Fiscalía reporta un promedio de 6 denuncias de desaparecidos por día.
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En marzo, en medio de la cuarentena por el COVID-19, El Salvador registró un repunte de homicidios que rompió con el promedio de dos homicidios por día y algunos días incluso sin registro de asesinatos ocurridos durante el periodo de la emergencia sanitaria. Solo el 24 y 25 de abril la Fisalía reportó 31 asesinatos. Bukele ordenó nuevamente el estado de emergencia en las cárceles para controlar los crímenes.
Analistas atribuyen los días con cero homicidios, registrados durante la cuarentena, al bajo movimiento de personas por las calles y lugares públicos.
Fusades agrega en su estudio que la reducción de homicidios y en el accionar de las pandillas es uno de los grandes logros de este gobierno.
Lo malo
Uno de los puntos negros del actual gobierno es la la falta de acceso a la información pública y el bloqueo a la prensa.
En septiembre, militares del Batallón Presidencial y empleados de la Secretaría de Prensa de la Presidencia impidieron el ingreso, sin ninguna justificación, al equipo de prensa de El Faro y Revista Factum a una conferencia de prensa donde el mandatario junto a una misión de la OEA lanzaba la CICIES.
El relator Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, fue de los primeros en pronunciarse ante este hecho que marcó una clara violación a la libertad de prensa.
“Gobiernos deberían ser neutrales frente a línea editorial de los medios”, dijo a través de Twitter.
Periodistas y gremiales también calificaron el hecho como un acto grave y preocupante contra la libertad de prensa.
El presidente también se negaba a rendir el informe del primer año de gestión este 1 de junio ante la Asamblea Legislativa. Pidió al parlamento una prórroga para hacerlo después de la emergencia del COVID-19. El presidente del órgano legislativo, Mario Ponce, le respondió que no procedía la solicitud de posponer su informe a la nación, no obstante, el 31 de mayo, ante la emergencia nacional por las lluvias, Ponce canceló la ceremonia.
Durante la cuarentena muchas han sido los roces entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a la transparencia y la rendición de cuentas. Durante las discusiones por la aprobación de la nueve ley sanitaria los parlamentarios abogaron porque el Gobierno se rija por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap) para hacer las compras y que dé cuentas claras de los recursos públicos orientados para enfrentar la pandemia dado que hasta la fecha no ha presentado informes completos de la ejecución de gastos.
El gobierno por su parte pidió que aprobaran una “ley de emergencia” que les permitiera usar a discreción los recursos y sin mayor transparencia.
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Otro de los puntos que generó debate durante los últimos días son los plazas ad honorem de funcionarios.
Luego de que varios funcionarios pusieran a disposición del gobierno su salario para atender la emergencia del COVID-19, salió a relucir que el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, quien siempre ha dicho que su posición es “ad honorem”, y que no recibe salario, sí recibe un sueldo de otra plaza dentro del Ejecutivo, así lo reveló el mismo Secretario luego de sumarse a la iniciativa de los demás ministros. Ante la presión de la prensa, Bukele confirmó que Castro tiene salario como asesor jurídico, sin especificar el monto.
Lo feo
Los atropellos a la institucionalidad y la usurpación de funciones también son puntos a destacar. En su análisis del primer año de gobierno, Fusades dice que Bukele gobierna de forma volátil y autoritaria.
“El comportamiento del presidente escaló aceleradamente a un estilo claramente autoritario, práctica que exhibió sus primeras manifestaciones el 9 de febrero de 2020, con la militarización de la Asamblea Legislativa”, concluye Fusades en su estudio.
Usando al Ejército, a la Policía y a las fuerzas antimotines el presidente llegó el 9 de febrero a la Asamblea para presionar a los diputados para que aprobaran los fondos que permitirían echa andar la fase III del Plan Control Territorial, en su discurso ante un grupo de personas en las afueras del edificio advirtió a los legisladores que si en una semana no aprobaban el préstamo le daría el poder al “pueblo” para que se tomara el Congreso.
Diputados y organismos nacionales e internacionales condenaron la militarización de la Asamblea Legislativa, acto que fue calificado como un “fallido golpe de Estado”. El uso de la fuerza por parte del presidente Bukele también fue titular en muchos medios de comunicación en el mundo.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a Bukele que se abstuviera “de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes”.
En mayo la misma Sala suspendió el decreto ejecutivo número 18 que ampliaba el Estado de Emergencia por 30 días más luego de que el que estaba en vigencia venciera el 16 de mayo y la Asamblea no aprobara una nueva normativa.
El máximo tribunal abrió un juicio por inconstitucionalidad del decreto 18.
La decisión del Ejecutivo de echar andar una nueva ley fue calificada como una usurpación de funciones de la Asamblea Legislativa. La Sala reafirmó al gobierno de Bukele que debe abstenerse de emitir este tipo de decretos, pues la Asamblea Legislativa sigue en capacidad de reunirse con regularidad.
La confrontación, el repudio a los límites a su gestión y un debilitamiento del sistema democrático marcan el primer año de Bukele como presidente de la República.