La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha solicitado al director de la Policía Nacional Civil que le informe si a nivel institucional se está realizando alguna investigación para determinar alguna responsabilidad que podrían tener agentes policiales en la muerte de Luis Iván Mejía Bonilla, de 30 años, quien murió el pasado 6 de mayo mientras era trasladado al hospital Santa Teresa de Zacatecoluca.
Mejía estaba bajo la responsabilidad de la PNC, guardando detención provisional en las bartolinas de la subdelegación de Zacatecoluca, a la fecha cuando murió. Había sido enviado allí luego de la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Santiago Nonualco, por el delito de homicidio, junto a nueve personas más, residentes en el cantón Santa Teresa, del mismo municipio.
Procuraduría le ha pedido a Fiscalía que le informe sobre autopsia
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, como parte de la investigación, también ha pedido a la Fiscalía General que le informe sobre cuál fue el resultado de la autopsia practicada el 12 de mayo a Luis Iván Mejía Bonilla, para lo cual fueron exhumados sus restos.
Además le ha solicitado que detalle las investigaciones que ha realizado en torno al caso y que en caso de ser procedente, judicialice el caso lo más pronto posible.
Cuatro días después de la audiencia inicial, Mejía Bonilla fue trasladado de las bartolinas hacia el hospital de Zacatecoluca pero falleció en el trayecto.
A los familiares no les permitieron acercarse al vehículo policial donde quedó el cadáver; en el hospital, les dijeron que había muerto de COVID-19, que por eso debían sepultarlo de inmediato y que no abrieran la caja.
Sin embargo, cuando ya estaban a punto de depositar el ataúd en la sepultura, familiares y vecinos decidieron abrir la caja pues no daban crédito a eso de que había muerto de COVID-19, si tan solo cuatro días antes lo habían visto en buen estado de salud.
Además, el documento que les dio Medicina Legal decía que había muerto por sangramiento del tubo digestivo.
Lo que vieron los impresionó. El cadáver tenía esposadas las manos hacia adelante, el rostro ensangrentado y los dientes saltados, como si se los hubiesen intentado sacar. Le hicieron una cuantas fotos y luego lo enterraron. La duda de que había muerto por COVID-19 se disipó por completo para dar paso a la sospecha de que había muerto tras ser torturado. Eso afirman los familiares y amigos.
El Diario de Hoy publicó en exclusiva el caso el sábado 9 de mayo, incluyendo la sospechas de los familiares de que su pariente había muerto tras ser torturado, aunque oficialmente la Policía mantuvo que había muerto luego de presentar sangramientos masivos que se habían originado el día anterior.
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