Por tercera vez durante la emergencia por el COVID-19, el gobierno, a través del ministerio de Salud y apoyado por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, realizó otro traslado masivo de ciudadanos que se encontraban en un centro de contención que habían reclamado sus derechos a la salud y a la libertad.
Los movimientos se han realizado horas después que los afectados han publicado a través de videos que no reciben la atención médica adecuada, falta de control y protocolos de salud y sobre todo, el tiempo que tienen de estar en los centros de retención.
El jueves pasado, un grupo de personas que estaban en el centro Nuestra Señora de Monte Carmelo, en el municipio de Ciudad Delgado, denunciaron una serie de quejas a través de un video que enviaron a los medios de comunicación y que fue divulgado en las redes sociales.
El grupo de personas fue más allá del reclamo y se declararon en huelga de hambre, como medida de presión para el gobierno, tras permanecer más de 45 días en ese centro de retención.
El Colegio Médico, así como reconocidos epidemiológicos del país, coinciden que lo prudente para mantener a una persona en tiempo de cuarentena son entre 14 a 20 días, como máximo.
Sin embargo, el infectólogo Jorge Panameño afirma que ha habido personas con síntomas de COVID-19 a los 28 días de haberse infectado. Por eso, él considera adecuado que la cuarentena en los centros de contención dure 30 días.
Pero al mismo tiempo, Panameño considera necesario hacer más pruebas para detectar a las personas infectadas pero que aún no han presentado síntomas, “porque son los diseminadores; lo que, al parecer, es bien frecuente entre los niños y los jóvenes”.
Eso último, es una de las principal denuncias que realizaron los ciudadanos que se encontraban en el referido albergue.
La tarde del jueves fueron trasladados a otros centros de contención situados en Ciudad Mujer Morazán y otras hacia Ciudad Mujer en Lourdes, Colón, La Libertad, vigilados por la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO).
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“El doctor Cruz (encargado del centro) ya nos había amenazado que si llamábamos a medios nos mandarían a un lugar peor o lejos de nuestra familia, y lo han cumplido, porque el traslado se dio a raíz de los videos que nosotros hicimos. La UMO llegó, porque nosotros no íbamos a salir por nuestra voluntad, a nosotros nos forzaron”, señaló ese jueves unos de los retenidos.
El 14 de abril la misma situación ocurrió en el centro de contención del Injuve en la Zacamil, Mejicanos, donde, los ciudadanos grabaron un video denunciando las insalubres condiciones que tenían en el lugar y el tiempo de permanecer en el albergue.
Denuncian privación de libertad
Denunciaron que el Gobierno los tenía privados de libertad, pues su período de cuarentena por el cual habían firmado un documento, terminó el pasado 12 de abril.
En aparente represalia, la UMO y las autoridades de Salud, los trasladaron hacia el hotel El Roble, en La Palma, departamento de Chalatenango. La mayoría de personas que se encontraban en ese lugar, venían de Estados Unidos.
A la media noche, les dijeron que solo tenían que permanecer allí 15 días más por haber estado en contacto con personas que resultaron positivas al COVID-19 en el Injuve.
El jueves, horas después del traslado del centro Monte Carmelo, el ministro de Salud, Francisco Alabi, negó que se tratara de un “castigó” para las personas que permanecían retenidas.
Aclaró que los albergados fueron divididos para detectar con efectividad la aparición del COVID-19, ya que mantuvieron contacto con cinco casos positivos después de romper protocolos de distanciamiento.
“Monte Carmelo es un sitio donde los salvadoreños que se encuentran, se salen o se ponen en estrecho contacto. El jueves hubo el resultado de cinco pacientes de Monte Carmelo positivos a COVID-19. De estos pacientes cinco salieron positivos que están en contacto con el resto. Entonces no podemos darles el alta porque se pusieron en ese contacto”, dijo Alabi en una entrevista en una radio.
Sin embargo, para el procurador de Derechos Humanos, José Tobar, que “la actuación del gobierno es condenable bajo todo punto de vista, sobre todo por parte de la Policía a mover hacia a un patio trasero del lugar a las personas y tratarlos como unos delincuentes”.
“Dice el gobierno que hubo pacientes que dieron positivo de COVID-19, pero las mismas personas ya tienen 45 días de estar juntos. El presidente dijo que el 95 por ciento de las personas daban positivo en tres días, no encuentro la lógica que después de todo ese tiempo, hay casos positivos. Hay muchas violaciones a los derechos humanos de las personas que exigen necesidades básicas de salud y protección”, cuestionó Tobar.
Lo mismo ocurrió el 23 de abril pasado en el edificio Gamaliel, ubicado en la Colonia Escalón, donde normalmente funciona el Tabernáculo Bautista Amigos de Israel. Los albergados se reunieron para exigir que les realicen pruebas de COVID-19.
Aseguraban que ya han cumplido el tiempo de 30 días de cuarentena obligatoria sin recibir información por parte de las autoridades sobre su salida.
En las fotografías y videos que hicieron público los ciudadanos, se confirmó el hacinamiento de personas que se encontraban en el lugar. Muchos duermen en el suelo.
Un día después, la policía entró al centro y muchos de los confinados fueron trasladados de madrugada a un centro de retención en el municipio de Quelepa, San Miguel. Horas después, el alcalde de ese municipio, Marvin Bernal Silva, dijo estar en desacuerdo con ese lugar de resguardo, por el contagio que podrían llevar a su pueblo.
