La Sala de lo Constitucional emitió esta noche una resolución de seguimiento en el proceso contra el Decreto Ejecutivo 18, en el que el Gobierno Central declaró Emergencia sin aval legislativo, y reafirmó que este órgano debe abstenerse de emitir este tipo de decretos, pues la Asamblea Legislativa sigue en capacidad de reunirse con regularidad.
Asimismo, este tribunal revivió el decreto legislativo 593, aprobado el pasado 14 de marzo, en el que la Asamblea declaraba el primer estado de Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19.
En su resolución, la Sala afirma que esta emergencia deberá estar viva hasta el 29 de mayo, fecha en la que espera ya haya un consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre las herramientas jurídicas necesarias para hacer frente a la crisis.
Por ello, los insta a sentarse a dialogar, al tiempo que le recuerda al Ejecutivo que no puede declarar decretos sin “ajustarse a la estricta legalidad constitucional”.
Esto último, pues la Sala suspendió temporalmente el decreto 18 que declaraba la Emergencia por el Ejecutivo, y este último simplemente lo introdujo con un nuevo número, obviando que el objeto de estudio constitucional no era el primer decreto, sino el contenido de este, que era igual al 19.
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Mensaje fuerte al Ejecutivo
Según Humberto Sáenz, presidente de Acción Ciudadana, es positivo que la Sala impida al Ejecutivo usurpar funciones legislativas y lo llame a dialogar con el Legislativo.
“La Sala añade llamamientos fuertes al Ejecutivo y Legislativo para que coordinen y dicten una ley que contemple todos estos efectos y restricciones que debería tener una de emergencia”, añade Sáenz.
También considera que el tribunal “manda un mensaje claro de que está existiendo un exceso en las facultades del Ejecutivo” y de que “la Asamblea Legislativa debe tomar las cosas más en serio”.
Sin embargo, a juicio de Enrique Anaya, esta es una “terrible falla” de la justicia constitucional pues extiende una semana “los poderes extraordinarios de Casa Presidencial”.
“El Ejecutivo estaba legalmente impedido, desde el 17 de mayo, a hacer compras y contrataciones sin licitación, pero ahora la Sala les ‘regala’ ese privilegio tan peligroso para las finanzas públicas”, lamenta el jurista, quien recuerda que al país lo gobierna un “Órgano Ejecutivo caracterizado por el autoritarismo, la opacidad y la masiva violación de derechos constitucionales”.
Por su parte, el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, matiza que el tribunal actual optó por un mal menor, pues revive un decreto de Emergencia con algunas carencias, pero suspende la vigencia de uno que era problemático desde su mismo origen. “No me gusta que se mantiene por una semana más las compras libres sin LACAP”, explica González, pero considera que “quizá habría sido excesivo que la Sala prolongara el Decreto 593 quitando los artículos que habilitan esas compras con más libertad”.

Gobierno usurpa funciones legislativas y decreta Estado de Emergencia por 30 días
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