La Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa acordó el lunes emitir un pronunciamiento contra el papel que ha realizado el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en El Salvador, Carlos Garzón, cuando ha acompañado los eventos del Gobierno durante la pandemia.
Dicha comisión emitió dictamen favorable para el pronunciamiento público contra las acciones del representante de la OPS ante su intromisión en hechos ocurridos en los últimos días en el país. En concreto, debido a su reciente participación en la conferencia de prensa del Gobierno en donde se anunció un nuevo decreto de emergencia y con el cual el Ejecutivo invadió las funciones de la Asamblea.
Elizabeth Gómez, diputada del FMLN y presidenta de la Comisión de Salud, explicó que elaborarán una nota dirigida a los representantes de organismos internacionales OMS- OPS en su sede en Washington y Ginebra, para denunciar el “lamentable papel que el representante de El Salvador hizo el día sábado en esa conferencia de prensa que dio el Gobierno de la República donde se usurparon funciones de la Asamblea Legislativa por parte del Ejecutivo”.
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“Consideramos que ningún representante de organismo internacional o Cuerpo Diplomático tiene derecho a la intromisión a la política interna de un país, mucho menos de una política nacional de salud de un país”, manifestó la legisladora.
La Comisión de Salud pretendía someter el pronunciamiento ante el pleno legislativo para que el resto de diputados acompañaran esta denuncia contra la actuación del representante de OPS.
Por otra parte, el ministro de Salud, Francisco Alabí, no atendió el lunes la convocatoria que le había hecho la Comisión de Salud para abordar el tema de la pandemia y los planes del Gobierno.
Poco antes de la medianoche del pasado sábado 16 de mayo, el Consejo de Ministros, sin la presencia del presidente Nayib Bukele, la prórroga del Estado de emergencia nacional que vencía ese día y que la Asamblea Legislativa no había extendido ante la falta de informes de la cuarentena de parte del Ejecutivo.
Dicho decreto emitido por el Gobierno fue calificado por diferentes abogados como “antojadizo y nulo”. El Ejecutivo dice que se basó en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil para subsanar la negativa de la Asamblea de renovar el decreto 593 que fue aprobado por los diputados desde el 14 de marzo, pero los abogados advierten que el acto es “ilegal y absurdo”, que invade las funciones del Órgano Legislativo y que la Asamblea lo puede anular este día o la Sala de lo Constitucional por medio de resolución ante demandas interpuestas ayer en contra del decreto ejecutivo.