“Antojadizo y nulo”. En resumen así califican diferentes abogados la decisión del Gobierno de declarar una nueva emergencia nacional. El Ejecutivo dice que se basó en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil para subsanar la negativa de la Asamblea de renovar el decreto 593 que fue aprobado por los diputados desde el 14 de marzo, pero los abogados advierten que el acto es “ilegal y absurdo”, que invade las funciones del Órgano Legislativo y que la Asamblea lo puede anular este día o la Sala de lo Constitucional por medio de resolución ante demandas interpuestas ayer en contra del decreto ejecutivo.
Las acciones tomadas por el presidente Nayib Bukele han calado a nivel internacional. En una entrevista con un canal de televisión francés, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se refirió al caso salvadoreño, señalando que es uno de los gobiernos que se han extralimitado en decisiones “sin pasar por el Parlamento, sino que por medio de decreto restringen libertades y para hacer cumplir medidas de cuarentena se ha hecho uso de la fuerza militar que no se justifica y no es aceptable”.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, expresó en Twitter que “hay una falta de respeto a las funciones de cada poder del Estado” como lo sostuvo Bachelet. “Y el señor Bukele sigue agravando las cosas: anoche (sábado) prorrogó por decreto el estado de emergencia”, puntualizó.
En conferencia de prensa, funcionarios del Gobierno reiteraron ayer su acción y lejos de retractarse la reconfirmaron. El secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, convocó a los partidos políticos a una reunión en Casa Presidencial para conocer las propuestas que ARENA y el FMLN tienen de un nuevo decreto de emergencia, pero al cierre de esta nota, sólo algunos diputados de ARENA, GANA y el PCN se habían hecho presentes.
El presidente del Coena, Erick Salguero, y la jefa de fracción del FMLN, Nidia Díaz, dejaron claro en sus cuentas de Twitter que la Asamblea se reunirá hoy lunes para discutir un nuevo decreto de emergencia que elimina toda la parte punitiva que tiene el documento del Ejecutivo y contiene un plan de apertura gradual de la economía con “estrictos protocolos sanitarios”, un componente que la oposición ha estado exigiendo al Gobierno. Además, rechazaron la “usurpación” del Ejecutivo en las competencias del Órgano Legislativo.
“Condenamos el acto que claramente usurpa funciones de un Órgano de Estado, volviendo a romper el orden constitucional y democrático de nuestro país”, alegó ARENA en un comunicado.
El ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, manifestó que el Ejecutivo no puede ampararse en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil para justificar un acto “absurdo”. En conferencia de prensa, el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, argumentó ayer que los faculta el hecho de que la Asamblea no estaba “reunida en el momento” en que la vigencia de la emergencia caducó, que fue este 16 de mayo.
“Lo que hicieron no tiene ningún sentido jurídico, hacen una interpretación bien absurda de que la Asamblea no está reunida, la Asamblea sí está reunida, la Constitución cuando dice reunida no es que los 7 días de la semana, las 24 horas del día los diputados estén funcionando, se refiere a que no esté en periodo en receso, hace 60 años estaba esa situación, que la Asamblea tenia periodo de funciones y luego entraba en receso, pero no es el caso, la Asamblea no hace recesos legislativos de ese tipo”, manifestó González.
Añadió que la Asamblea puede declarar este día la nulidad del decreto ejecutivo fundamentados en el mismo artículo 24 de la Ley de Protección Civil del cual el Ejecutivo se apoya o bien la Sala de lo Constitucional en resolución a las demandas interpuestas ayer en contra del mismo.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), emitió un comunicado en donde hacen ver que “el poder Ejecutivo no puede argumentar la imposibilidad de los diputados para reunirse, cuando ya estaba programada una sesión plenaria y han estado trabajando normalmente. Por consiguiente es una actuación contraria al orden constitucional y una clara violación al principio de separación de poderes en el que se sustenta nuestra República”.
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El director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, Javier Castro acotó que “de acuerdo a la ley de Protección Civil es la Asamblea la que está facultada para decretar el estado de emergencia en el país. El Órgano Ejecutivo solo lo puede hacer cuando la Asamblea no esté reunida, no es el caso, tan es así que se ha convocado para plenaria el 18 de mayo”.
Fusades agrega que la ante la falta de un plan de emergencia y de información sobre el uso de los presupuestos extraordinarios para atender la pandemia “preocupa enormemente que una prórroga del decreto de emergencia facilite las compras y adquisiciones de bienes y servicios, obviando procedimientos ordinarios que aseguran la transparencia y uso efectivo de los fondos públicos”.
Al respecto, el ex magistrado González externó que es “gravísimo” que sea el mismo Gobierno quien se autorice el uso discrecional de los fondos para la emergencia. “El Ejecuto se autoriza a suspender una ley que es la Lacap y hacer compras directas sin proceso de licitación, gravísimo en términos de transparencia y manejo de fondos públicos”, acotó.
El abogado constitucionalista Enrique Anaya también habló sobre este punto. Señaló que para efectos prácticos lo que hizo el Gobierno es prorrogar el mismo estado de emergencia que la Asamblea aprobó, ya que Castro aclaró que no le han quitado ni “una coma”, lo que revela que no sólo usurpó las funciones del Legislativo, sino que también ha cometido una “aberración jurídica”.
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