Luego de que siete inspectores del Ministerio de Trabajo, escoltados por un contingente de elementos de la Policía Nacional Civil y del Ejército realizaran inspecciones sorpresiva en las instalaciones de la fábrica ADOC, el Gobierno cerró la reconocida fábrica de zapatos en El Salvador.
Con el cierre además quedan cesados por lo menos 1,300 empleados, a los que según el Ministro de Trabajo, Rolando Castro, la empresa debe pagarles su salarios, a pesar del cierre de operaciones.
Según un comunicado difundido por ADOC, de forma inexplicable se les ordenó parar las tareas en el centro de trabajo ubicado en la Colonia Montecarmelo en Soyapango, alegando que por se una empresa dedicada al rubro del calzado no podían participar en la fabricación de insumos para la emergencia.
“Sin lugar a dudas, estamos viviendo una coyuntura difícil en El Salvador, con una paralización total de nuestra operación de comercialización, fabricación y exportación de calzado, desde el pasado mes de marzo. Nos desconciertan todas las acciones en contra del sector productivo, que a lo largo de la historia ha sido el motor del progreso socioeconómico de El Salvador, a través de la generación de empleo digno, las oportunidades de desarrollo humano e inversión social”, dijo la empresa en el escrito.
Otra empresa que fue cerrada luego de una inspección del Ministerio de Trabajo fue la textil Intradesa que incluso estaba produciendo gabachas y mascarillas para hacerle frente a la pandemia.
La inspección realizada en dicha empresa también estuvo acompañada de agentes de la PNC y soldados.
“Lamentamos dicha medida, la cual nos impide honrar los contratos firmados con hospitales en Estados Unidos, socio clave de nuestro sector; tampoco podremos suplir las necesidades de las instituciones gubernamentales en el país con las cuales teníamos órdenes”, difundió Intradesa en un comunicado.
Agregó que esperan reactivar operaciones pronto para continuar confeccionando insumos que son necesarios en este momento para los médicos, las enfermeras y todo el personal de salud que están afrontando esta pandemia.
El vice presidente de la Asociación de Distribuidores de el Salvador (ADES) y miembro del comité ejecutivo de la ANEP, José Mayorga, se pronunció ante el cierre de estas empresas y mencionó que, tal como estaba haciendo Intradesa y ADOC, algunas empresas han tenido los permisos de las autoridades para poder trabajar y que inclusive se han tenido que reconvertir produciendo materiales que ayudan hacerle frente a la situación de la pandemia, como mascarillas, alcohol gel y gabachas.
“Estamos totalmente en contra de las arbitrariedades que se están cometiendo, porque al final del día no solamente es el dueño de la empresa el afectado, si no que realmente lo que se está generando es pérdida de empleos”, dijo Mayorga.
Instó a que las autoridades no cometan arbitrariedades y que se trabaje de la mano el Gobierno, sector privado, tanques de pensamiento, el sector académico para buscar una solución tanto al problema de salud como de la economía salvadoreña, pensando siempre en la reactivación del sector productivo y preservar los empleos.
“Aún no hay protocolos avalados para poder ver una reapertura gradual de la economía, porque si estamos conscientes de que la reapertura debe ser gradual para poder trabajar sin contagiar”, detalló Mayorga.