La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa conoció formalmente hoy la carta de renuncia al comité fiscalizador de los $2,000 millones para atender la emergencia por el COVID-19 que presentaron el lunes a la institución los representantes de las cinco organizaciones civiles que eran parte de la comisión.
Los parlamentarios dijeron darse por satisfechos con los argumentos que tuvieron la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), la Asociación de la Empresa Privada (ANEP) y a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) para separarse del comité en el que también había cinco ministros y un secretario de la Presidencia.
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En la misiva enviada el lunes a la presidencia del Congreso, las gremiales empresariales y académicas expusieron que no pudieron hacer un trabajo de contraloría social y de orientación del uso que se le debía dar a los fondos porque el Gobierno nunca les proporcionó información que requerían y porque aunque se les permitía opinar no se les tomaba en cuenta sus propuestas.
Estaba previsto que los delegados de estas organizaciones llegaran hoy a la Comisión a exponer los motivos de su salida, pero por separado enviaron correspondencia en la que expresaron que las razones ya habían sido ampliamente expuestas en la carta, pero aclararon que están dispuestos a presentarse si los parlamentarios necesitan que se les amplíe la información.
“Esta ausencia de transparencia es clarísima en la exposición de la carta y en las declaraciones subsiguientes de parte de las entidades. Es lamentable que estemos en el país frente a esta ausencia de información de calidad que no solo es atinente al tema de recursos asignados para la emergencia, sino al manejo mismo de la emergencia”, expresó Yanci Urbina, del FMLN.
Donato Vaquerano, de ARENA, manifestó que la participación de los representantes de las organizaciones era transparentar el uso del dinero pero “evidentemente lo que el Gobierno los ha hecho a un lado, baipasear la contraloría que ellos pudieron haber hecho, hasta el punto de frustrarlos y (hacerlos) llegar a la conclusión de que estaban siendo usados negativamente.
Los diputados de Comisión de Hacienda señalaron que no habían considerado citar de nuevo a los delegados de las instituciones.
