Los diputados de la Comisión Política recibieron cuatro informes de Salud, Gobernación, la Policía y Hacienda sobre los gastos y acciones ejecutadas en el marco de la pandemia, pero los legisladores, a excepción de GANA, reclamaron que los reportes no son lo que esperaban, por lo que pidieron a esas instituciones que amplíen la información.
El del ministerio de Salud del 24 de abril tiene dos páginas en donde describe las compras hechas a distintos proveedores de insumos médicos, mascarillas, servicios de limpieza, acondicionamiento para centros de contención, que junto a otros gastos ascienden a $21.8 millones.
El diputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal, reclamó que a pesar que le han solicitado a Salud Pública que les remita información actualizada no tienen respuesta. “El informe del ministro de Salud es del 24 de abril y se pidió uno para el 29 de abril que no ha llegado. Allí se dijo que era para tener base para el futuro pedimento que eran 15 días para la emergencia nacional”, explicó.
Los diputados de ARENA, del FMLN y del PDC concuerdan que la ampliación del Decreto de Emergencia está sujeto a que el Gobierno entregue todos los informes actualizados de gastos, planes de ejecución y acciones llevadas a cabo durante el periodo que la Asamblea le autorizó. La vigencia del decreto expira el sábado 16 de mayo.
El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, manifestó que si la petición llega está previsto que realicen una plenaria extraordinaria para ese fin.
Sin embargo, los informes que hasta ayer se dieron por recibidos no satisfacen las expectativas de los diputados. En una carta firmada por el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, del 29 de abril y en respuesta a la petición del jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, el funcionario informa del criterio que usaron para entregar la bonificación de $300 a las personas afectadas por la pandemia.
Rodolfo Parker, del PDC, cuestionó que la carta fuera tan escueta en su información, a sabiendas de que fueron $450 millones los que el Gobierno destinó para quienes no tuvieran un ingreso financiero formal. “Son informes diminutos”, objetó.
En la misiva del Ejecutivo se detalla que se basaron en la depuración de los beneficiarios establecidos en el subsidio del gas licuado, pues en ese listado están las viviendas que consumen 199 kilowatts o menos de energía eléctrica mensual.
De ese listado depuraron a quienes cuentan con un empleo en el sector público, los que gozan de pensiones, los inscritos en Bienestar Magisterial, los cotizantes del ISSS, los del IPSFA, los reclusos, los fallecidos, las personas que residen en el extranjero, los DUI con errores de digitación, repetidos y los inexistentes en la base de datos que les envió el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).
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Añadieron que los depósitos se hicieron en cuentas bancarias a los beneficiarios seleccionados que tenían cuentas activas en el sistema financiero y para los que no tenían cuenta bancaria se coordinó con los servicios de SERSAPROSA y el sistema FEDECRÉDITO.
Esto no convenció a Reyes, quien solicitó al Ejecutivo informar es el monto destinado para pagar el bono de $300 por cada municipio.
Hándal lamentó el Seguro Social y el Ministerio de Trabajo aún no rinden sus informes y sin esto es difícil saber “cómo estamos”. La bancada del FMLN recordó que desde el 6 de mayo pasado pidieron los reportes, por lo que Ponce, explicó que reiterarán en nuevas misivas al Ejecutivo que no ha cumplido con la solicitud de esa fecha y pedirán que sus informes tengan más contenido.
Los legisladores acordaron pedir más información a los ministros de Hacienda, Nelson Fuentes; de Defensa, Francis Merino Monroy; y al director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas.
En el de Hacienda se detalla que en abril orientaron $433.9 millones del Presupuesto General del Estado al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) y que se han gastado $475.9 millones para atender la emergencia, ya que a esa bolsa también han reorientado préstamos como el de la Cooperación Japonesa por $46 millones. De ese fondo destinaron $10 millones para construir y equipar el hospital del CIFCO. Para ese mismo fin también tomaron $23 millones del préstamo del JICA.
Para alimentar el Fopromid, Hacienda tomó dinero del gasto nacional de 2020. Parker ha insistido en que no se ha aclarado los destinos de esos fondos ya comprometidos en el presupuesto y que pese a eso, el Gobierno pide $1,000 millones adicionales a los $2,000 millones autorizados para la emergencia.
Para el hospital de CIFCO Hacienda detalla que transfirieron $38.7 millones de “asignaciones presupuestarias disponibles”; que otros $400 millones fueron para otorgar la compensación económica de $300; más $50 millones también de asignaciones presupuestarias disponibles para financiar la entrega de una canasta básica.
Hacienda aún no detalla a quiénes ha adjudicado compras. Dice que hasta el 28 de abril han adjudicado 385 procesos de compra por $194.8 millones, que de ese total, el Gobierno ha gastado $179.7 millones.