La decisión del comité supervisor de los $2,000 millones de renunciar a la tarea encomendada era “previsible” para Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, y Wilson Sandoval, de la Oficina de Asesoría Legal y Anti Corrupción de El Salvador (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).
El grupo multidisciplinario estaba conformado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal); la Asociación de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la Universidad Centroamericana (UCA) y la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).
Escobar y Sandoval coincidieron en que la idea de incluir a los empresarios y académicos en la comisión fiscalizadora era positiva, ya que aportarían sus conocimientos “de buena fe”. Estos, sin embargo, señalaron que el Gobierno no les facilitó las condiciones para acceder a información o datos privilegiados que permitieran hacer juicios de valor sobre el uso del dinero para atender la emergencia por el COVID-19.
“La gente del comité no tenía una aspiración maliciosa para ejercer contraloría en este caso. Entendemos que están renunciando porque no tiene sentido formar parte de un comité que no tiene un objetivo genuino de transparentar las cosas. Esperaríamos que con esta renuncia el Gobierno pueda entender que la transparencia es importante no solo a nivel discursivo, sino también a nivel práctico”, expresó Sandoval.
Escobar apuntó que la salida de estas personas es preocupante para el país y la transparencia, porque representan a instancias que tienen un grado de prestigio en sus análisis y sus visiones de país. Con la renuncia, la ciudadanía solo dispondrá de la información que dé el Órgano Ejecutivo y los informes de las auditorías que haga la Corte de Cuentas de la República.
“Era previsible y entendible porque el Gobierno no es amigo de rendir cuentas. El presidente no se ha mostrado fanático de la transparencia. Ha dicho en varias oportunidad que el Instituto de Acceso a la Información Pública es una institución agresiva contra el Ejecutivo”, reprochó Escobar.
Ante las reiteradas violaciones a la ley en cuanto a rendir cuentas, según el profesional, la Asamblea Legislativa podría tener tres opciones: interpelar los ministros obligados a rendir cuentas y certificar al respecto a la Fiscalía General de la República; crear una comisión especial para analizar las acciones legales sobre el incumplimiento del Órgano Ejecutivo y hacer un antejuicio a los funcionarios que no cumplan sus obligaciones en los plazos legales.
El diputado de ARENA, Mauricio Vargas, opinó que no se ha cumplido el espíritu de la ley, que busca tener una unidad que controle el destino de los fondos aprobados para la emergencia.
“Me imagino que ese ha sido el cansancio de las cinco instituciones que no son del Gobierno, porque el Gobierno tiene mayoría en esa comisión… Es un contrapeso para que no hagan arbitrariedades. No podemos dejar sin control, porque es la apertura de una puerta a la corrupción mucho mayor a todas las anteriores”, dijo Vargas.