Las cinco instituciones de la sociedad civil representadas en un comité que fue creado a mediados de marzo para supervisar la ejecución de los $2,000 millones en deuda que la Asamblea Legislativa le aprobó al gobierno presentaron este lunes una carta de renuncia por no existir condiciones necesarias para que pudieran cumplir con sus responsabilidades.
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En la carta alegan que el rol del Comité era proponer criterios y lineamientos para la asignación y uso de fondos, tanto para el Gobierno Central como para las municipalidades así como proponer mecanismos de auditorías para los fondos ya ejecutados por el Gobierno.
El comité acordó que de los $2,000 millones en deuda que se obtuvieran, se asignara un 70% mayoritariamente para atender la Emergencia del Covid-19y un 30 % se destinara para el desarrollo de proyectos que serían ejecutados por los gobiernos municipales y estos no debían exceder los $600 millones. El comité tenía que trabajar en las estrategias para implementar, por ejemplo, un fondo de liquidez para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas, financiar a los productores agrícolas y un programa de subsidio de pago de planilla de los empleados que se vieran afectados.
Sin embargo el 24 de abril funcionarios del Gobierno Central presentaron unilateralmente a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al Decreto Legislativa 608 totalmente diferente a la acordada con la que se pretendía asignar un destino específico a los fondos autorizados en el decreto originalmente aprobado.
Son varias las razones por las que #Camarasal tomó la decisión, junto con otras 4 organizaciones de la sociedad civil, de renunciar al Comité creado para supervisar la ejecución de los fondos destinados a la crisis actual.
Abrimos hilo.— Cámara de Comercio (@camarasal) May 12, 2020
En este nuevo esquema, el gobierno destinó $600 millones a municipalidades, $450 millones para transferencias monetarias a familias y $950 millones para deficiencias de ingreso en el Presupuesto General del Estado 2020 generados por el Covid-19.
“Esta reforma propuesta unilateralmente por el Gobierno Central, aunada a los inconvenientes del decreto original descritos antes, dejan, en la práctica, al Comité sin razón de ser, pues se le quita la competencia de la asignación de fondos, así como de definir los lineamientos y criterios para su uso”, detalla la misiva enviada al presidente de la Asamblea, Mario Ponce.
Al conocer la carta, los diputados de la Comisión de Hacienda, acordaron llamarlos este miércoles para que expliquen las razones de su renuncia. Estas instituciones son: ANEP, FUSADES, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) y la Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN.
En reacción a la renuncia de los representantes de la sociedad civil, el Gobierno reaccionó esta tarde con un comunicado en el que alegan que los representantes de las instituciones privadas y académicas decidieron renunciar al comité porque no presentaron su declaración patrimonial.
Por la noche, FUSADES publicó un comunicado en el que amplía sus argumentos para renunciar al comité. La institución expone que “la información precisa, planes e instrumentos necesarios nunca estuvieron a nuestro alcance para poder incidir en las decisiones tomadas por el Gobierno”.
ESTA ES LA CARTA DE RENUNCIA DEL COMITÉ
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