Si lograra conseguir los $3,000 millones en deuda que la Asamblea Legislativa le ha aprobado para afrontar la crisis del COVID-19, el Gobierno de Nayib Bukele dispondrá este año de ingresos por más de $10,000 millones, una cifra que ningún presidente en la historia de El Salvador ha manejado antes.
El monto equivale a los préstamos que los dos gobiernos del FMLN (Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén) adquirieron en sus diez años de administración y que elevaron de $10,000 millones a $19,000 millones el saldo total de la deuda (ver cuadro).
Bukele no solo tiene hoy uno de los presupuestos generales del Estado más altos en la historia (ver cuadro), con $6,426 millones, sino que además tiene el aval para prestar otros $3,645 millones con inversionistas privados u organismos internacionales.
De ellos, $645 millones fueron avalados en diciembre de 2019 para completar el faltante del Presupuesto General de la Nación y otros $3,000 millones le fueron avalados recientemente para afrontar la crisis del coronavirus.
Y de estos $3,000 millones, tiene en mano $389 millones que ya le dio el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Además, tiene la vía libre para colocar Letras del Tesoro en un equivalente del 30% de los ingresos corrientes ($5,221 millones), es decir, hasta más de $1,927 millones en deuda de corto plazo.
“Nunca, nunca, un gobierno ha tenido tanto dinero y nunca, nunca un Gobierno ha tenido tanta falta de control sobre su uso”, afirmó Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, Funde, quien desde ya exige una mayor transparencia en el uso de estos fondos.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) estima que esta deuda generaría al país un déficit fiscal de 16 % del PIB, la más alta en la historia del país. Además, de acuerdo con datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, sería el déficit más alto del resto de países de Centroamérica (ver cuadro) que tienen economías más grandes, y también un menor nivel de endeudamiento que El Salvador.
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La pobreza en la comunidad Mizata Centro, a 85 kilómetros de la carretera de El Litoral, en el municipio de Teotepeque, La Libertad, es evidente. Allí ningún hogar recibió el bono de $300 otorgado por el Gobierno, relatan sus habitantes.
“Nadie, nunca, jamás, ningún presidente, ni militares, ni Junta Revolucionaria de Gobierno, ni PDC, ni Duarte, ni en los 20 años de ARENA juntos, ni siquiera el asilado en mejores tiempos manejaron esa suma estrafalaria de dólares para un periodo presidencial”, opinó también el abogado Max Mojica en su cuenta de Twitter.
Para Rubio, la necesidad de auditorías y de informes detallados sobre las transferencias de presupuestos es urgente pues “en arca abierta el justo peca”.
“Deben auditarse en qué se están usando estos fondos, a quién se le está dando las contrataciones, qué empresas”, agregó.
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De hecho, la Corte de Cuentas ya comenzó con las auditorías de los fondos, sobre todo con los $70 millones para construir el hospital frente al Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO) así como la entrega de los $300 a 1.5 millones de personas que se han financiado con Letes.
Pero sabiendo la trayectoria de la Corte de Cuentas, para Rubio estas auditorías nunca se dan a conocer al público.
Sobre la cantidad de dinero disponible, Rommel Rodríguez, también de Funde, añade un punto de balance: “no es poner cifra sobre cifra”, pues se debe tomar en cuenta que el Ministerio de Hacienda calcula que la recaudación de ingresos podría reducirse hasta en $1,000 millones como producto de la paralización de la economía, para lo cual siempre se necesitarían recursos financieros.
Además sostiene que la crisis requerirá suficientes fondos para sacar a flote la economía nacional. Por esa razón cree que el presupuesto tendrá que modificarse a partir de nuevos ingresos.
Difícil conseguir tanto dinero
Otro de los puntos de debate es si el Gobierno logrará conseguir los $3,000 millones que se ha propuesto. La mayoría de economistas consultados por este periódico reconocen que será muy difícil que el Gobierno logre conseguir tal cantidad de dinero, tomando en cuenta que los inversionistas están cautelosos de prestar en estos momentos y que, además, el nivel de riesgo crediticio de El Salvador se ha elevado aún más, pues su deuda ya sobrepasa más del 70% del PIB.
La calificadora de riesgo Fitch Ratings otorgó una perspectiva negativa a la calificación crediticia del país, precisamente por el elevado endeudamiento.
Pero aún así, Rubio dice que si el Gobierno lograra conseguir la mitad de esos $3,000 millones, esa cantidad siempre pondría una presión muy fuerte en las finanzas públicas del país, pues la deuda es muy elevada.
A la fecha la deuda del país supera los $20,000 millones y se encamina a representar más del 80% del PIB. La cifra podría ser aún mayor si se toma en cuenta que este PIB podría reducirse hasta en -5.4% este año como consecuencia del coronavirus.
De los $3,645 millones solicitados, el país ya obtuvo $389 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le otorgó otros $50 millones el viernes.
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