El Gobierno ha utilizado $5.7 millones para “alimentos, insumos, apoyo logístico y adecuación de espacios de los centros de contención” y $2 millones han servido para el “arrendamiento de hoteles para el resguardo de pacientes por la cuarentena y $1.5 millones para la ejecución de obras de interés público, entre otros”, sin embargo, no ha detallado quiénes son los proveedores de estos servicios, una de las solicitudes que hacen el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y Funde.
Estos montos están en el informe de ejecución presupuestaria enviado por el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, a la Asamblea Legislativa el 30 de abril, donde se detalla $475.9 millones han llegado a financiar el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) al mes de abril, proveniente de reorientaciones de fondos del Presupuesto General del Estado de 2020 asignado a otras carteras de Estado y de préstamos.
También, de esos fondos se han orientado $15.5 millones para la atención de diversas necesidades por la emergencia, sin especificar cuáles son.
Tanto el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) como la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) señalan que es necesaria que la información sobre los gastos que está realizando el Gobierno sean transparentes, es decir que es necesario que la información esté completa y a disposición de la población, ya que es un derecho de la ciudadanía.
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Según informe brindado por el ministro de Salud Pública a la Asamblea Legislativa con fecha 30 de abril, se detalla que han tenido un gasto de $46,025 para adquirir camas y electrodomésticos para los centros de retención, pero no detalla la cantidad.
Otros $49,000 se han utilizado para la compra de camas individuales y colchonetas; $1.3 millones para mobiliario de oficina para centros de retención; $1.3 millones para adquirir termómetros infrarrojos de proximidad; así como $19,100 para comprar camillas de transporte de pacientes con barandales.
Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac) de Funde, señala que los fondos que están utilizando las diferentes carteras del Estado que están ejecutando acciones en el marco de la pandemia están obligados a hacer pública los detalles de gastos y a quiénes están realizando las compras o haciendo contratos, pero en este momento, debido a que por ley están suspendidos los plazos administrativos, no hay forma de conocer cómo se están realizando los gastos públicos, precisamente en el marco de las acciones por la pandemia.
“El tema de transferir fondos entre carteras de Estado, entre rubros, son espacios de corrupción, espacios donde no tenemos ningún control y me atrevería a decir que habría que revisar cuál es la jurisprudencia en materia constitucional con respecto a este tipo de acciones, que ya nos han demostrado en ocasiones anteriores que se han prestado para temas de corrupción o de utilizar el dinero para en agendas que no son prioridades”, expone Sandoval.
Sostiene que la suspensión de plazos no debe ser una justificación para que las entidades de Gobierno no entreguen la información a las solicitudes de los ciudadanos por medio de las oficinas de Acceso a la Información y Respuesta (OIR). Añade que Alac está asesorando a diferentes personas que han solicitado información a entidades gubernamentales, sobre los gastos que están realizando, entre estos el Ministerio de Obras Públicas (MOP), donde la justificación fue que debido a la suspensión de los plazos administrativos no la entregarían, pero no negaron que no tuvieran acceso a lo solicitado, “porque la información existe, la tienen, es más un tema de voluntad política de no entregarla”, señala.
Alac ha asesorado al menos a 10 usuarios que han solicitado información, del 26 de marzo hasta la fecha, sobre los centros de retención, desde los fondos que han sido utilizados en general hasta las pruebas de COVID-19 realizadas, expedientes médicos, entre otros datos.
Silvia Cristina Pérez, comisionada presidenta del IAIP, expone que hasta el momento son 8 municipalidades y 14 entidades gubernamentales las que están dando “algún cumplimiento” sobre la información que se les solicita.
“Los demás están sin darle cumplimiento a los mismos (lineamientos para dar la información). El instituto (IAIP) ha recomendado que aunque sea de manera remota se haga el trabajo, los plazos administrativos están suspendidos, hemos enviado notas a la Asamblea Legislativa donde se les solicita que reformen esa parte en lo relativo a los plazos de transparencia”, dijo.