Hay un velo de misterio sobre las pruebas de COVID-19 en El Salvador. De momento, solamente el personal de Salud del Gobierno ha estado haciendo los tests, pero hay poca o nula información sobre quiénes y dónde las hacen, cómo las procesan, a qué lugares puede ir cualquier ciudadano si desea que se la hagan, a quiénes se las están haciendo, sus resultados, entre otros. El Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, ha mantenido un control absoluto de estas pruebas, en dos vías: en practicarlas y en sus resultados.
Médicos de diversas especialidades, incluidos un epidemiólogo, un infectólogo y dos cirujanos, consideran que el Gobierno debe dejar de centralizar las pruebas de COVID-19, y permitir que laboratorios privados puedan hacer también dichos exámenes, tal como lo indica la nueva Ley de Regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por COVID-19, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 4 de mayo. Y lo tiene que hacer a la brevedad posible.
Sin embargo, en la cadena nacional brindada el martes por la noche, el presidente Nayib Bukele no abordó el tema.
Desde que inició el estado de emergencia, solamente personal del Ministerio de Salud ha realizado pruebas de COVID-19, y las mismas son procesadas únicamente en los laboratorios de la institución. En otros países, como México y España, se puede ir a laboratorios privados para hacerse el examen.
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En nuestro país, aunque con la ley antes mencionada el Gobierno debe permitir que laboratorios privados puedan hacer pruebas, de momento no hay un reglamento a seguir para que estas empresas puedan proceder. El cirujano Carlos Ramos Hinds explicó que varios laboratorios ya estaban listos desde hace varios días para correr pruebas, pero el Gobierno les dijo que no cuando pidieron autorización.
Según los médicos, el ampliar la base de laboratorios para correr el mayor número de pruebas permitirá identificar más personas con COVID-19 y tomar mejores decisiones sobre prevención.
El epidemiólogo Roberto Vidrí consideró que el Gobierno debería certificar a los laboratorios privados para que cumplan con los requisitos de seguridad necesarios para correr pruebas. De esta forma, el sistema de salud privado ayudaría a bajar la saturación del esquema público.
Por su parte, Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI – UFG), propone que “algunas empresas pueden optar por arriesgarse a pagar los test de sus empleados para tener la certeza de quienes estén contagiados y los que no pueden seguir trabajando. Eso le podría ahorrar recursos al Gobierno”.
Para el infectólogo Jorge Panameño, la centralización de pruebas no ha ayudado a contener el virus, debido a que se desconoce en qué sitios se está realizando los tests y no toda la población tiene acceso a ellas.
Candados para evitar deficiencias
Panameño advirtió que el Gobierno quiere mantener el control de la información, sin embargo, propone que sea la Dirección Nacional de Medicamentos la que establezca un sistema de control de precios y control de calidad, si el temor del Ejecutivo es que se haga un negocio de estos, como ha ocurrido en otros países.
“A través de la DNM se tiene que vigilar el costo de las pruebas, la calidad de las pruebas, y yo añado que para que toda prueba positiva sea válida , que esté confirmada en el laboratorio de Ministerio de Salud, como se hace otros países que antes de reportar positivo se comprueba si es positiva legalmente”, explicó Panameño.
Por su parte, el cirujano Eduardo Lovo lo analizó así: “Pudiste haber normado como Gobierno, y decir ‘ustedes pueden adquirir sólo estas pruebas, y tienen la obligación de reportar al Minsal las pruebas que hicieron y cuáles les salieron positivos, nombre y apellido, etcétera’. Todo eso está normado ya (en otros países), y es algo que existe en los gobiernos cuando estás frente a enfermedades infecto-contagiosas”.
En opinión de Carlos Ramos Hinds, quien es miembro del Colegio Médico, “si ellos (Gobierno) hubieran descentralizado, y les permitieran a los laboratorios privados hacer las pruebas, cualquiera podría llegar a un laboratorio y hacerse la prueba, y saber si está positivo o negativo, y tener resultados en cuestión de un par de horas. Imagino que una de las razones de este monopolio de las pruebas, es que el presidente tenga esa capacidad para estar manejando cuándo publica los casos. Cuando él está presionando a la Asamblea para que le extiendan el periodo de emergencia, de repente hay un repunte de casos, aparecimiento de fallecidos”.
No poder hacer pruebas de forma libre complica a los médicos y pone en riesgo a sus colaboradores, explicó Lovo. “Para nosotros, que tenemos que estar operando, estamos intentando tener disponibilidad de pruebas. El Gobierno mantiene un monopolio y eso es grave. Una de las principales fuentes de megacontagio fueron los hospitales, pero si tú no tienes posibilidades de hacer pruebas a los pacientes asintomáticos que vas a operar, el riesgo de que infectes al equipo de trabajo, y que el mismo afecte a más pacientes, es altísimo”, explicó el especialista.
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Asimismo, puso como ejemplo lo ocurrido en epidemias anteriores, como ocurrió con el SARS. Lamentó que, hasta el momento, el Gobierno de El Salvador parece no haber aprendido de esas lecciones, aunque el panorama parece cambiar ya con la nueva ley.
Los pacientes tienen derecho a saber los resultados
Distintas personas en los centros de contención han denunciado que les han hecho entre tres y seis pruebas. ¿Es realmente necesario? El doctor Carlos Ramos Hinds describió lo que debería hacerse: “Si un caso es sospechoso, hay que esperar de tres a cinco días. Después de ese período se puede tomar la primera prueba. En esos primeros días, si la prueba es positiva, el paciente ya es un caso. Pero puede ser que la carga no sea suficientemente alta, y resulte un falso negativo. Por eso hay que esperar a 14 días, porque cuando ya han pasado esos días, el 98 a 99 % ya va a dar la prueba positiva. La segunda debería hacerse desde los 14 días, con certeza de que tiene que salir positiva. Si el paciente da positivo, se le puede dejar en cuarentena domiciliar si está asintomático o con síntomas leves; o meterlo a un hospital si tiene síntomas moderados, graves o críticos. Y si sale negativa, se puede dar de alta, o dejarlo otros 14 días de cuarentena pero domiciliar”.
A juicio del doctor Eduardo Lovo, “si el presidente (Bukele) habla de un 99.5 % de sensibilidad (del test que están corriendo), si tienes una prueba negativa, ¿qué estás haciendo en un centro de contención?”.
¿Por qué tantas pruebas?
“Eso es una seria violación a los derechos individuales del paciente. Eso que han cometido es gravísimo. No puedes hacerle una prueba y no notificarle su resultado. Hay hospitales nacionales donde tienen pacientes Covid, y ni los doctores en el hospital saben si son positivos o no. Piden las pruebas porque tienen a pacientes asintomáticos ahí, y no les dicen los resultados a los mismos doctores”, remarca el neurocirujano Eduardo Lovo.
Igual de enfático es el doctor Carlos Ramos Hinds, quien expresa que “se violenta la Ley de Derechos y Deberes de Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud. El médico tiene la obligacion de darle al paciente todos los reportes y resultados, y si el paciente lo pide, se le tiene que dar incluso hasta el expediente, porque él tiene el derecho de conocer su condición. Lo que están haciendo de no dar resultados puede ser por ineficiencia o ineptitud, pero más creo yo que es para manipular todo esto. No hay una razón técnica ni profesional (para no dar el resultado), y se violenta el derecho al paciente de conocer su condición”.