Asamblea aprueba $1,000 millones más de deuda para reactivación económica durante pandemia

Luego de aprobar ley de cuarentena y nueva deuda durante la madrugada, la Asamblea se alistaba a avalar ley para proteger los empleos.

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Foto EDH / Jessica Orellana

Por D. Escalante / Wiliam A. Hernández / E. Velásquez / R. Tejada

2020-05-04 11:36:08

La Asamblea Legislativa aprobó con 56 votos pasadas las 3 de la madrugada de este martes la emisión de $1,000 millones más de deuda de la que ya se ha avalado para afrontar la crisis del coronavirus en el país.

Luego de aprobar la nueva ley de cuarentena, también pasada la madrugada, Mario Ponce cerró la plenaria extraordinaria número 11 y convocó a plenaria extraordinaria 12 para aprobar el préstamo de $1,000 millones. El FMLN rechazó que se hiciera una nueva convocatoria.

El diputado Jorge Schafik incluso llamó “dictador legislativo” a Ponce luego de que este iniciara una nueva plenaria sin otorgar el uso de la palabra a los diputados que la solicitaron previamente.

Mientras que el diputado Carlos Reyes, de ARENA, indicó que “aprobar estos $1,000 millones es una decisión difícil pero necesaria”. Dijo que $140 millones serán para ayudar a empresarios a pagar salarios por reducción de labores y cierres de empresas durante la pandemia. “Estamos conscientes de la deuda, pero estamos ante una situación extraordinaria”, añadió.

Mientras que el diputado Guadalupe Vásquez, de GANA, argumentó que el ministro de Hacienda explicó para qué se usarán los $1,000 millones, y es para las micro empresas que más han sido impactados por pandemia.

También durante la madrugada, la Comisión de Economía acordó emitir dictamen favorable sobre la Ley de Protección al Empleo Salvadoreño, mediante la cual se desarrollan medidas excepcionales y temporales para salvaguardar la estabilidad laboral de los trabajadores del sector privado.

El Gobierno logró la noche del lunes el aval al dictamen para poder obtener esos $1,000 millones, adicionales a los $2,000 que le fue aprobada por la Asamblea Legislativa, para completar $3,000 millones para la emergencia del COVID-19.

En el pleno, Rodolfo Parker del PDC, mostró su desacuerdo a más endeudamiento y cuestionó que se aprobarían más fondos al Gobierno sin existir la información ni estudios, pero las palabras de Parker no fueron aplicadas.
Ya instalada la Comisión de Hacienda, Parker llevó el debate a esa Comisión donde el diputado increpó al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, quien trató de responder los cuestionamientos del legislador.

ADEMÁS: $1,000 millones más de deuda aumenta el riesgo de caer en un “default”, señala Fusades

“Tenemos una solicitud de crédito que lo que hace es repetir destinos que ya están provisionados en el presupuesto general de la nación y en el préstamo de los $2,000 millones. Estaríamos comprometiendo un empréstito de $1,000 millones, pagando lo que ya pagamos. Consideramos que no solo se trata de información que no hemos estado recibiendo. Pueden haber arreglos políticos que comprometan las finanzas del Estado. Estaríamos en presencia de un financiamiento sin causa”, explicó Parker.

A lo que Fuentes respondió que, “se han reasignado $534.7 millones que han servido para reorientación para transferencias monetarias, servicios de seguridad alimentaria, tema de salud pública y para obra pública”. El funcionario reconoció que de los $2,000 millones antes aprobado no han recibido dinero.

Yanci Urbina del FMLN cuestionó también la nueva deuda y la forma en que se estaba haciendo.

Al cerrar la comisión, Margarita Escobar, de ARENA, reflexionó que es necesario esos $1,000 millones para inyectarlo a la economía nacional. “El impacto económico mundial será diferente, el mundo entero se verá afectado, aquí hay una crisis de salud y por eso vamos a votar en el pleno, estamos listo para votar el salvataje que necesita el país”, reiteró.

Mientras que la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en su posición institucional indicó que solicitar $1,000 millones más deuda de la que ya se ha aprobado para afrontar la crisis del COVID-19 eleva el riesgo de un eventual “default” (impago).

“La solicitud de más deuda aumenta la probabilidad que el país experimente un deterioro de su calificación crediticia, ante el riesgo real de un eventual “default””, señaló.