Solicitar $1,000 millones más deuda de la que ya se ha aprobado para afrontar la crisis del coronavirs eleva el riesgod e un eventual “default” (impago), según indicó la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en su posición institucional.
“La solicitud de más deuda aumenta la probabilidad que el país experimente un deterioro de su calificación crediticia, ante el riesgo real de un eventual “default””, señaló.
La institución retoma la última calificación de riesgo que hizo la semana pasada la agencia Fitch Ratings en la que dio una perspectiva negativa al país debido al deterioro en los parámetros de medición de la sostenibilidad de la deuda, debido a la ampliación del déficit fiscal y la contracción económica.
Desde el año pasado el Gobierno obtuvo el aval para conseguir $645 millones para cubrir el déficit fiscal que ya tenía el Presupuesto General de la Nación.
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Pero al llegar la crisis del COVID-19 la Asamblea le avaló $2,000 millones más para hacerle frente al virus.
De este monto solo ha conseguido $389 millones con el Fondo Monetario Internacional y el resto aún lo sigue buscando.
Pero hace diez días, el Gobierno volvió a pedir el aval para otros $1,000 con los que financiaría el plan económico para rescatar a las pequeñas empresas.
Según Fusades, tras esta nueva solicitud, debe analizarse si el país tiene la capacidad para conseguir $1,000 millones adicionales, y aún más importante es si tiene capacidad para pagar en el futuro esta nueva deuda o si el Gobierno planea seguir solicitando más empréstitos. “Lo último es una posibilidad, ya que se anuncia una nueva iniciativa de ley para un fondo por $500 millones para el agro”, señaló.
El nuevo aval para adquirir más deuda aún se negociaba anoche amarrado a un nuevo proyecto de ley para volver más restrictiva la cuarentena en vista de que la mayoría de personas ha salido a las calles para seguir con su actividad normal.
Actualmente la deuda del país ya sobrepasa los $20,000 millones y cada año tiene que pagar más de $1,000 millones en servicio de la deuda (monto anual por los préstamos). Esta deuda representa actualmente más del 70 % del PIB y de acuerdo a las estimaciones de los economistas, con los últimos prestamos solicitados este porcentaje podría sobrepasar el 80 % del PIB.
El exministro de Hacienda, Manuel Enrique Hinds, explicó que al solicitar más deuda, el país corre más riesgo de no poder pagarlo en el futuro y el eventual default o impago podría producirse al no tener liquidez para pagar el servicio de la deuda.
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“El default depende del flujo de efectivo y de los plazos en los que hay que pagar los préstamos”, explicó.
Pero además, Hinds cree que será dificil obtener estos $1,000 en el mercado internacional pues tampoco se ha logrado tener la mayor parte de los $2,000 millones.
De acuerdo a Fusades, este financiamiento implica un déficit fiscal de 12.2% del PIB y elevar la relación deuda-PIB a 87.1%, si todo se lograra ejecutar en 2020.
Pero “si adicionalmente se autoriza este nuevo paquete de deuda, el déficit fiscal subiría por encima del 16% del PIB, y la deuda pública a 91%, con una trayectoria de insostenibilidad. Si bien se ha discutido sobre el uso de esta deuda millonaria no se informa cómo se van a pagar dichos préstamos”, señala la institución.
Por otro lado, también ha diversas dudas sobre su utilización.
Según Fusades, se suponía que los $2,000 millones aprobados eran para la emergencia del COVID-19 y para la reactivación económica pues de este monto se obtendrían créditos a tasas bajas para capital de trabajo de las empresas.
Se señala, por ejemplo, que una parte de la deuda de $1,000 millones que se solicita no es para financiar lo relacionado con la pandemia del COVID-19; sino para pago a proveedores ($300 millones) y para la devolución del IVA a los exportadores ($100 millones), los cuales deberían ser parte de la asignación normal del presupuesto.
La diputada del FMLN, Yanci Urbina, también señaló que hay una duplicidad en los préstamos. “Hay una duplicidad de estos rubros respecto de lo aprobado y tiene el Presupuesto General de la Nación.
“La solicitud de los $1,000 millones para los mismos rubros: pago de salarios de empresas, financiamiento de empresas, sean empresas informales o formales, eso está considerado dentro de los destinos de los $2,000 millones. Nos parece impropio que estén duplicando la solictud de financiamiento que ya han sido aprobados en los $2,000 millones”.
También lo señaló el abogado constitucionalista, Enrique Anaya: “Algunos de los conceptos que dicen que van a servir de los mil millones, pues coinciden con lo de los dos mil millones. No queda claro si esto era parte de los dos mil, pero ahora resulta que no, que son mil millones adicionales. Pero si uno ve el decreto ya aprobado, dice claramente que va a servir para un fondo para la microempresa, para pagar parte de la planilla de los afectados. Pero el proyecto de los dos mil millones dice lo mismo”, señaló.
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Deuda desde inicio de emergencia
Desde que inició la emergencia por el coronavirus, el gobierno salvadoreño ha obtenido al menos $1,391 millones a través de préstamos, donaciones y transferencias presupuestarias para afrontar la crisis .
Gran parte de este financiamiento no forma parte de los $3,000 millones que ya solicitó a la Asamblea Legislativa ($2,000 millones al inicio y $1,000 después).
Estos fondos se han conseguido, en su mayoría, a través de préstamos de corto plazo (Letras del Tesoro y Certificados del Tesoro) así como préstamos negociados con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial (BM), que comenzaron a colocarse y gestionarse desde que se decretó emergencia.
La mayor parte de la deuda solicitada para la crisis ($2,611 millones) aún no se ha conseguido en el mercado internacional pues economistas aseguran que representa una elevada cifra difícil de colocar tomando en cuenta que la deuda actual del país ya supera el 70% del PIB.
De hecho, esta cuantiosa solicitud de deuda ya le valió una reducción negativa en la perspectiva económica por parte de la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings, que la semana pasada advirtió un deterioro en la sostenibilidad de la deuda, previendo una contracción económica de hasta el 5% del PIB.
Como préstamos independientes tiene uno del Banco Mundial de $20 millones que se destinarán para salud y otro más de $42 millones de la cooperación japonesa para mitigación y desastres que reorientó hacia la atención de la COVID-19.
Además consiguió $389 millones del Fondo Monetario Internacional.
Pero desde el inicio de la pandemia el gobierno ya había prestado más de $483 millones Certificados del Tesoro (Cetes) para financiar el faltante de $645 millones que ya tenía el presupuesto general de la nación, así como.
Y tiene otros préstamos en camino. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está por aprobarle $750 millones. Dos de ellos son de $250 millones, otro más por $50 millones y $200 millones más que se tramitarían a través de Bandesal para préstamos a las pequeñas empresas.
Además, cuenta con donaciones de gobiernos como EE.UU. que han destinado parte de sus fondos para atacar otros problemas. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) donó $1 millón como parte de un paquete regional.
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Fusades le pide al Gobierno un informe detallado de los ingresos y gastos por el virus
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) le pidió al Gobierno que presente pronto un informe detallado de los ingresos y gastos que ha hecho durante la emergencia del COVID-19.
En su posición institucional, publicada ayer, Fusades señala que “es importante que el gobierno presente un estado de fuentes y usos de los recursos, como complemento de un presupuesto congruente con los planes para mitigar la pandemia y la recesión económica”.
Agrega que si bien se ha requerido tomar financiamiento externo para afrontar la crisis, también es necesario que este sea de acuerdo a la capacidad de endeudamiento del país y que su uso sea eficiente.
“Para atender la emergencia, si bien se han aprobado fondos extraordinarios, es importante hacer notar que no es suficiente con disponer del dinero, sino también se debe garantizar su uso de forma eficiente y transparente, a fin de velar que este dinero se utilice eficientemente en lo que se ha planeado”, señaló.
Para la institución, el buen uso de los recursos es clave, porque “las necesidades pueden tornarse infinitas”, como parece ser el camino que se avecina si se continúa igual. Ante la emergencia, es necesario el financiamiento, pero en forma responsable, considerando la capacidad del país para endeudarse”, indica el documento.
“Debe haber transparencia en el uso de los recursos públicos, de manera oportuna, veraz, continua, y verificable, que sea accesible para las autoridades y para los ciudadanos en general”, agregó.
Antes de que el gobierno pidiera $2,000 millones en deuda para una primera etapa y luego $1,000 millones más, El Salvador ya tenía un presupuesto general 2020 para el que tenía que conseguir $645 millones extra, en un escenario en el que su deuda representa más del 70 % del PIB.
Ahora, con la emergencia, los requerimientos de fondos se han multiplicado. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, señala que el monto solicitado es necesario para cubrir el déficit fiscal que dejará la pandemia en concepto de ingresos. Sus estimaciones indican que solo en ingresos tributarios se dejará de percibir $700 millones por la caída en el consumo, que golpea el impuesto del IVA y la renta.