El coro de voces que increpan al presidente de la República, Nayib Bukele, por sus actitudes poco democráticas sigue en aumento.
Ayer, dos influyentes miembros de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Eliot Engel y Albio Sires, enviaron una misiva a Bukele en la que le urgen no utilizar la emergencia del COVID-19 “como un pretexto” para debilitar la institucionalidad, irrespetar el Estado de Derecho, violar los derechos humanos y pisotear la Constitución como normas internacionales sobre derechos fundamentales.
No es poca cosa que estos legisladores se pronuncien por estos abusos de poder en El Salvador. Engel, demócrata de Nueva York, es el presidente del comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Sires, demócrata de Nueva Jersey, preside el subcomité para asuntos del Hemisferio Occidental de este cuerpo legislativo. Estos comités son instrumentales a la hora de determinar la legislación en materia de relaciones internacionales del país, cooperación y alianzas estratégicas.
En su misiva, los congresistas hacen saber a Nayib Bukele que de cara a mantener una relación fuerte entre El Salvador y su principal cooperante, Estados Unidos, es necesario que además de proteger la salud pública, “se defiendan los derechos humanos y respeten las instituciones democráticas”.
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Esto, a raíz de acciones que el presidente ha encabezado que desafían el balance y la independencia de poder, además de irrespetar fallos judiciales. Estas, a juicio de los congresistas, “amenaza los derechos humanos de los ciudadanos salvadoreños y la democracia de su país”.
Estos reclamos vienen pocos días después de que el presidente dijera abiertamente desde su cuenta de Twitter que desconocerá una resolución de la Sala de lo Constitucional que prohíbe el confinamiento automático de quienes presuntamente violen la cuarentena domiciliar obligatoria que el Ejecutivo instituyó el pasado 21 de marzo.
Después de esta serie de tuits, en que el presidente incluso acusó al tribunal de resolver a favor de la muerte de salvadoreños, sus ministros se sumaron al mensaje y expresaron que mantendrán el envío de infractores a centros de contención.
La Sala, por su parte, ha reconocido que la cuarentena es una medida acertada y ha llamado en sus resoluciones a respetarla para evitar más contagios de COVID-19. Sin embargo, le ha recalcado al gobierno que no puede dictarse medidas fuera de la ley, especialmente si incluyen la detención de personas sin criterios objetivos o una ley que lo respalde. Esto, no obstante, se ha encontrado con una actitud de desobediencia del mandatario.
A raíz de la resolución de la Sala y la orden de mantener las detenciones, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido 172 denuncias de confinamiento fuera de la ley. Esto forma parte de un paquete de 778 reportes de violaciones a derechos fundamentales que han remitido a la Sala de lo Constitucional como seguimiento de su fallo.
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Los legisladores estadounidenses hacen referencia al fallo de la Sala, a estos expedientes de abusos de poder y a la presión que el mandatario pone a la Asamblea Legislativa cuando esta ejerce su labor de control. Por estas actitudes, han urgido al presidente a rectificar de inmediato y “adherirse a la Constitución de su país y a respetar la autoridad de los órganos Legislativos y Judicial de El Salvador”.
“As the world confronts COVID-19, it is essential that leaders protect public health while also upholding human rights & respecting democratic institutions.”
Chairs @RepEliotEngel & @RepSires urge Salvadoran Pres @nayibbukele to respect democratic norms.https://t.co/6AbBMFdeM9
— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) April 29, 2020
La cuarentena obligatoria es fundamental, pero…
La Sala, la PDDH, la Asamblea Legislativa, representantes de la sociedad civil salvadoreña y ahora estos legisladores estadounidenses han reconocido la importancia de la cuarentena domiciliar. De hecho, al gobierno de Bukele se le aplaudió en un inicio por tomar decisiones oportunas para prevenir un alza en contagios de COVID-19.
Sin embargo, la ejecución de estas medidas ha traído consigo numerosas violaciones a derechos fundamentales y un desdén por las normas democráticas que al país le ha costado mucho construir y defender.