El presidente de la República, Nayib Bukele, vetó por inconstitucional la reforma al decreto 593 de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, aprobado el 14 de marzo, y al que el 1 de abril los diputados le modificaron un artículo para que quedara establecido que las compañías dedicadas a la producción de alimentos y bebidas debían continuar operando en medio de la emergencia, para asegurar la alimentación y la salud de los salvadoreños.
Semanas atrás, el mandatario ordenó que las empresas de boquitas y golosinas debían cesar operaciones y enviar a sus empleados a cuarentena como medida para prevenir la enfermedad. A raíz de eso, más de 2,000 empleos directos han sido afectados por la suspensión de labores de dichas empresas.
El Ejecutivo envió hoy al Congreso el decreto vetado en el que detalla que los diputados no realizaron un proceso deliberativo ni se escucharon opiniones de instituciones como los ministerios de Salud y Agricultura, ni del Consejo de Salud Alimentaria Nutricional.
Además, el Ministerio de Salud advirtió que si bien el decreto no expresa el tipo de alimento o bebida se va a producir y mantener la cadena de abastecimiento y distribución, “la interpretación de cualquier ley debe ser integral, por lo que se entendería que se refierea a aquellos alimentos que generan un aporte de materiales y energía para el desarrollo de los proceso biológicos de las personas”, como lo establece el artículo 82 del Código de Salud.
La institución también señaló que como parte de las necesidades nutricionales y alimentarias de la población era recomendable incluir en el texto que debe priorizarse el abastecimiento de granos básicos, vegetales y frutas.
Mientras que tendrán menor prioridad la producción de gaseosas y golosinas.
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Otros vetos
Mientras que el lunes, Bukele también vetó por “inconstitucionales” los decretos legislativos 620 y 621 que contenían disposiciones para que el personal de salud que atiende la pandemia del COVID-19 cuente con seguro de vida y para facilitar el retorno de salvadoreños varados en el exterior.
El decreto 620, aprobado por la Asamblea Legislativa el 1 de abril, contempla la entrega de insumos de protección personal a los empleados sanitarios, capacitaciones para tratar a los pacientes con coronavirus y el pago de un seguro de vida.
El Ejecutivo expuso que está buscando mecanismos para dar seguridad y garantías al personal de salud, pero que en el decreto 620 se da una violación al principio de equilibrio presupuestario, ya que no se analiza el impacto que esto pueda tener en el país.
En cuanto al decreto 621 aprobado por la Asamblea donde, por medio de disposiciones transitorias, se permitiría regular el retorno de los salvadoreños al país, el mandatario expuso que el decreto es inconstitucional porque violentó la seguridad jurídica como principio y derecho constitucional, al emitir disposiciones que no se dan en el contexto de la pandemia.
Según Bukele, no se contempla la capacidad de los centros de cuarentena para las personas que regresarían al país, de personal de salud con el que cuentan para poder atenderlos, ni la cantidad de personas que están fuera de El Salvador y que desean retornar.