Según abogados y diputados, el presidente Nayib Bukele no tiene las atribuciones legales en este momento ni con el decreto de emergencia nacional ni con el decreto ejecutivo 19 para “castigar” a los habitantes de La Libertad, instalando un cerco sanitario cuando no existe un nexo epidemiológico vinculante en la zona.
El abogado constitucionalista, Francisco Bertrand Galindo, manifestó que la medida aplicada es “desproporcional” y advierte que en este caso es una competencia de la Fiscalía y del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos pronunciarse al respecto.
“A mí me parece que es una acción totalmente desproporcionada, tiene un carácter de castigo, punitivo, y no hay capacidad legal para poder hacer eso que se está haciendo, ya no hay régimen de excepción, en consecuencia hacer ese tipo de bloqueo que no tienen una explicación clara de vinculación epidemiológica, más da la sensación de castigo en lugar de hacer una medida más racional”, explicó Bertrand Galindo.
La Fiscalía, en un comunicado, ha informado este mediodía que iniciará investigación de denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos para determinar si existe algún tipo de delito penal al instalarse el cerco sanitario.
“No es el presidente que en forma caprichosa puede estar dando ese tipo de órdenes, hay condiciones que el mismo Código de Salud le impone al ministro de Salud y el presidente no es el ministro de Salud”, explicó también el diputado Rodolfo Parker del PDC.
Para Parker la Asamblea aún tiene competencia para frenar esa acción tomando en cuenta que existe una ley de derechos humanos que fue aprobada por el Congreso el jueves por la noche y que, además, de parte del gobierno vendrán más solicitudes de recursos para seguir con la emergencia nacional.
De esa normativa que busca proteger los derechos humanos durante la emergencia, según aseguran los diputados, Bukele ha dicho que la vetará.
“El diputado tiene jurisdicción para buscar frenar esas competencias y también recursos, no se pueden usar recursos para que arbitrariamente violenten el mismo cerco sanitario y la cuarentena”, argumentó Parker.
Bertrand Galindo insistió que lo actuado por Bukele es “un castigo, me parece que está totalmente fuera de proporción”.
Para el abogado constitucionalista Enrique Anaya, el llamado a ponerle un freno a la medida “inconstitucional” del gobierno es que la Fiscalía actúe de inmediato y que la Sala de lo Constitucional emita una sentencia definitiva para que el fiscal pueda iniciar procesos judiciales por incumplimiento de sus fallos.
Igual opinión emitió el diputado René Portillo Cuadra de ARENA, para quien el presidente Bukele ha sobrepasado lo que la ley le permite y violenta el derecho a la salud, a la alimentación y a la vida de los ciudadanos de La Libertad.
“Hay una clara violación a los derechos constitucionales, el presidente tiene libertad de poner un cerco sanitario, de impedir que no circulen las personas que no van para el trabajo, o a comprar alimentos… pero en este momento la disposición de el es que nadie sale, coarta el derecho a comprar alimentos, medicinas, agua, elementos básicos para subsistir, elementos básicos del derecho a la salud, alimentación y a la vida, una vez más el presidente se ha extralimitado, va mas allá de lo que la ley le permite, se ha excedido en sus facultades”, opinó Portillo Cuadra.
Anaya por su parte lo compara como un “Jehová” que ha decidido castigar al pueblo en general por la supuesta desobediencia de la gente de no acatar la cuarentena.